El anuncio del plan para combatir la corrupción y terminar con los privilegios de los altos funcionarios lo hizo este domingo, repitiendo varias de sus promesas de campaña.
Son cincuenta los puntos que contempla su plan, entre los que destacan que cobrará $108 mil pesos por mes (5,700 dólares) frente a los 270 mil (14,000 dólares) que percibe Peña Nieto. Y aseveró López Obrador que ningún funcionario podrá ganar más que el presidente.
A su vez, afirma que reducirá a la mitad los sueldos de los altos funcionarios que ingresen más de un millón de pesos anuales (52.000 dólares), eliminará las pensiones a los expresidentes, limitará los viáticos de los altos funcionarios, cancelará los seguros de gastos médicos privados para ahorrar 256 millones de pesos anuales (13 millones de dólares), reducirá los viajes al extranjero, cancelará los guardaespaldas del Estado Mayor Presidencial, prohibirá los vuelos en aviones o helicópteros privados, se terminarán los servicios de consultoría, se reducirá la cantidad de subsecretarías y el límite de asesores por secretario de Estados será de cinco.
Según colaboradores de López Obrador, la intención es ajustar más de 6,000 plazas de altos funcionarios, lo que generaría, según sus cálculos, un ahorro mensual de 863 mil millones de pesos (unos 45.8 mil millones de dólares). En este sentido fueron las declaraciones de Esteban Moctezuma, próximo titular de la Secretaría de Educación Pública, que anunció la desaparición de varias subsecretarías.
Llevar a cabo estas medidas requiere que el próximo Congreso apruebe dos reformas, según juristas. Una por realizar a la Ley Orgánica de la Administración, que hará posible modificar las estructuras del gabinete presidencial y sus cargos. Otra, reformar el artículo 127 de la Constitución, que regula los salarios máximos de los funcionarios, y a su vez está de por medio el presupuesto de egresos de la Federación 2019, que siempre incluye la cuestión salarial del aparato de Estado.
La medida de bajar los salarios a los altos funcionarios se ha ganado la simpatía popular por los privilegios de la casta política, la extensión de la pobreza y el bajo nivel salarial de las mayorías, el más bajo de entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Amplios sectores de trabajadores, de jóvenes, de mujeres que votaron a López Obrador hartos de los agravios que les infligieron los partidos patronales tradicionales (PRI, PAN y PRD), que protagonizaron en los años pasados distintos episodios de protesta y movilización social, tienen grandes expectativas en estas medidas del próximo gobierno. Pero surge la pregunta: ¿con estas medidas se termina efectivamente con los privilegios y la corrupción?
Ilusiones y realidad: éxodo de la “mafia del poder”
Según plantea Jesusa Cervantes en el artículo “Recortar 2 mil millones al Congreso, reto inmediato”, publicado en la revista Proceso: “los legisladores del Morena, PT y PES tienen un problema que puede causarles descalabros: la falta de experiencia de algunos legisladores para enfrentar poderes fácticos como el de los empresarios nacionales y extranjeros, que intentarán corromperlos”.
Eduardo Ramírez Aguilar, antes con el gobernador de Chiapas Manuel Velasco (PVEM), ahora con López Obrador
Pero más que falta de experiencia, el problema es que muchos vienen de la “mafia del poder” a quien López Obrador dice combatir. Son exmilitantes del PRI, del PAN, del PRD, del PVEM, con gran experiencia en prácticas de corrupción y en legislar de acuerdo con los intereses de los poderosos. Todos esos partidos firmaron el Pacto por México, que abrió el camino a la votación y aplicación de las reformas estructurales.
Es el caso de Armando Guadiana, electo senador por Coahuila (empresario y priista hasta 2012 y candidato a gobernador por Morena el año pasado); por Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar (ex PVEM cercano a Manuel Velasco Coello, gobernador saliente de la entidad); por Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar (ex líder del PAN); por Sinaloa, Rubén Rocha Moya (ex priista coordinador de asesores del gobierno priista de Quirino Ordaz Coppel), entre otros.
En entrevista con Jesusa Cervantes, Ricardo Monreal, senador electo por el Morena, admitió casi con candor “No tenemos otro instrumento más que la conciencia; por eso buscaremos la concientización”.
Pero no se trata de una cuestión moral, sino material. Como señalamos acá, el plan de López Obrador para “acabar con la corrupción chocará con la podredumbre de un régimen al servicio de los grandes empresarios, con férreos vínculos entre la llamada ‘clase política’ y el narco, y con el cual AMLO evidentemente no se propone acabar.”
Una política moral de apelar a la conciencia de los altos funcionarios y ponerles un tope salarial no es suficiente. Los 108,000 pesos que ganará por mes el próximo presidente equivalen a 13.5 meses de un trabajador promedio que percibe $7,950.60 (tres salarios mínimos), al que no le alcanza para cubrir el costo de bienes y servicios básicos.
El recorte salarial propuesto para los funcionarios de gobierno de más jerarquía no incidirá en la recomposición de los salarios que en los últimos 30 años se han visto reducidos un 80%; ni tampoco servirá para otorgar un salario digno y estable a los trabajadores (es decir, que cuando aumenten los precios y la inflación, los salarios suban en la misma en la proporción).
Para empezar, el próximo gobierno debería establecer un aumento general salarial de emergencia acorde a la canasta básica que recompense la pérdida salarial producida en estas décadas de neoliberalismo.
Los empresarios dirán que una política salarial así -en el sentido de la promesa de “primero los pobres”-, afectará sus ganancias. Es decir, reduciría los beneficios de la explotación capitalista. No por nada la Secretaría del trabajo y las Juntas de Conciliación han impedido que las huelgas por aumentos salariales sean reconocidas, o se falle en contra de ellas.
Corrupción y capitalismo
No en balde decía el terrateniente y líder en la Revolución Mexicana, Álvaro Obregón, que “no hay funcionario que resista un cañonazo de 500 mil pesos”.
El enriquecimiento a través de la función pública es inherente a legisladores y gobernantes al servicio de los intereses de los empresarios, o que directamente son empresarios, como muchos de los candidatos electos por el Morena. Son parte del empresariado que han edificado sus fortunas a costa de la elevación de la productividad, los bajos salarios, de la precarización laboral, de la degradación de las condiciones de vida de las grandes mayorías, y de la especulación financiera; son los mismos que se benefician de la aplicación de reformas como la energética, la laboral, la educativa.
Con reducir los salarios de los altos funcionarios no es suficiente. Es necesario de verdad liquidar los privilegios de los altos funcionarios para golpear la relación intrínseca que hay entre los funcionarios y los empresarios y poner en cuestión la misma existencia de la “casta política”. Un paso en la lucha por derrocar el sistema capitalista, que engendra la corrupción propia de esa casta parásita al servicio de los empresarios.
Armando Guadiana, senador electo de Coahuila, y Rubén Rocha Moya, senador electo de Sinaloa.
La perspectiva de los de abajo
Ante la corrupción que está enquistada en la “democracia” de los ricos y los poderosos en todos los países, los legisladores del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) en Argentina, retoman la tradición de la Comuna de París de 1871, cuando se llevó a cabo “la abolición de todos los gastos de representación, de todos los privilegios pecuniarios de los funcionarios, la reducción de los sueldos de todos los funcionarios del Estado al nivel del ‘salario de un obrero’”, como explica Lenin en El Estado y la Revolución.
Desde esta perspectiva, Sulem Estrada, excandidata por la Plataforma Anticapitalistas al Congreso de la Ciudad de México, impulsada por el Movimiento de los Trabajadores Socialistas (MTS) sostiene: ¡Que todo funcionario gane igual que una maestra!. Porque sigue siendo injusto que un alto funcionario gane decenas de miles de pesos por mes mientras la mayoría de clase trabajadora y los sectores populares no logran acceder a los productos de la canasta básica, a educación, a salud, a vivienda digna.
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