A inicios del año 2015 el papa Francisco nombró a Monseñor Juan Barros como obispo de Osorno, despertando la molestia de muchos sectores por su cercanía con Karadima, condenado por abusos sexuales después de años en que la Iglesia Católica ocultó, tapó y negó las acusaciones en su contra.

Juan Barros fue obispo castrense y fue formado por Fernando Karadima y fue denunciado por James Hamilton, quién señaló en múltiples oportunidades la complicidad de los integrantes de la Iglesia con los abusos de Karadima, al negar y ocultar las denuncias.

Hamilton había calificado de criminal al cardenal Francisco Javier Errázuriz y también expuso que Barros fue una de las personas que habría sido testigo de los abusos de Karadima, junto a otros sacerdotes como Horacio Valenzuela, Andrés Artega y Tomislav Koljatic. Barros incluso tuvo que declarar en el juicio contra Karadima. Otro de los denunciantes de Karadima escribió una carta donde señalaba a Barros como una de las personas que hacía el “trabajo sucio” de Karadima, amenazando a los jóvenes seminaristas que eran abusados, muchos de los cuales eran menores de edad o encubriendo los casos.

El nombramiento de Barros despertó el repudio de los denunciantes de Karadima y otros sectores. Incluso 51 diputados firmaron una carta para pedir que se revierta esta decisión.

El Comité Contra la Tortura de la ONU se reunió en el año 2014 para conocer los testimonios sobre abusos y torturas de la Iglesia Católica, algo similar realizó el Comité de Derechos de los Niños. La Red de Sobrevivientes Abusados por Sacerdotes calcula agrupa a más de 12 mil personas que fueron víctimas, pero denuncian miles de casos que jamás salieron a la luz.

Entre otras cosas, el Comité contra la Tortura habló de abuso, violencia sexual y psicológica, amenazas, persecución, tráfico de influencias y otros temas, que cometió la Iglesia Católica en América Latina. Entre los casos que se incluyeron en el informe del Comité estuvo los abusos de Karadima en Chile, la complicidad de la alta curia e incluso los cardenales de la época, que luego fueron “premiados” con ascensos y reconocimiento por parte del Vaticano; el caso de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo y acusado al menos de abuso a más de 20 jóvenes y menores de edad, quien tenía denuncias desde 1976 que fueron ocultadas por el Vaticano. Casos similares se repiten en todos los países de América Latina.
Es esta misma Iglesia la que niega los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la que acusa a homosexuales, lesbiandas, trans y otras personas de enfermas, la que defiende el negocio de la educación, entre muchas otras cosas.