La profunda crisis política que se vive hoy en el Perú, ha generado la renuncia del presidente del Poder Judicial Duberli Rodríguez y de los 7 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Con esto se busca evitar que los magistrados sean destituidos por el parlamento en la sesión plenaria que se tenía programada para este viernes 20 de julio y de esa manera cerrar por arriba esta crisis a fin de que el descontento social no se exprese en las calles, como ocurrió ayer jueves cuando miles se movilizaron en diferentes regiones del país.
La difusión, por parte de los medios de comunicación, de una serie de audios que comprometen a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), funcionarios del poder judicial, empresarios y políticos de diferentes tiendas, con actos de corrupción, ha puesto en evidencia el profundo grado de descomposición de las instituciones del Estado peruano las cuales se sostienen jurídicamente en el régimen de 1993 heredado por el gobierno de Alberto Fujimori. Esto no es un hecho aislado, sino más bien hace parte de la crisis orgánica que se ha venido expresando en el Perú en los últimos tiempos y que alcanzó gran significación con la caída del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Cabe mencionar que el CNM tiene como principal función nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales a nivel nacional, además de los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). El CNM está compuesto por 7 miembros, elegidos de la siguiente manera: uno elegido por la Corte Suprema en votación secreta en Sala Plena; uno elegido por la Junta de Fiscales Supremos en votación secreta; uno elegido por los miembros de los Colegios de Abogados del país en votación secreta; dos elegidos por los miembros de los demás Colegios Profesionales del país conforme a ley y en votación secreta; uno elegido por los rectores de las universidades nacionales en votación secreta; uno elegido por los rectores de las universidades particulares en votación secreta.
Movilización en Tacna
Los hechos señalados se dieron en un contexto de confrontación entre dos sectores empresariales que tienen, tanto en la mayoría parlamentaria apro-fujimorista como en los propietarios de los grandes medios de comunicación a sus expresiones públicas más visibles. Por esa razón, semanas atrás la mayoría parlamentaria aprobó la denomina ley Mulder o ley mordaza que buscaba silenciar a los medios de comunicación evitando que el Estado pague publicidad en medios privados. Uno de los objetivos de esta medida era precisamente extorsionar económicamente a los propietarios de los grandes medios para evitar que se filtren hechos de corrupción como los que hoy conocemos y que anteriormente habían provocado la deslegitimación del Congreso de la República y del mismo ejecutivo, llevándolos a un descenso abrumador en los niveles de aprobación por parte de la población.
Los audios mencionados muestran también con mucha claridad el grado de permeabilidad del Estado peruano para con los intereses de los empresarios. Esto queda claramente reflejado en la forma como es que, entre otros, el propietario de la empresa Iza Motors se relacionaba con los miembros de esta instancia de poder que, como ya se mencionó, tiene facultades de primer orden en la designación de quienes administran justicia y definen los procesos electorales en el Perú. Esto no es nuevo, sino todo lo contrario, se ha convertido en una práctica muy usual, la misma que se expresa también en la denominada “puerta giratoria” que permite que ex funcionarios de los grandes consorcios empresariales pasen a desempeñar cargos de alto nivel en el Estado para desde ahí materializar los intereses de las empresas que los promocionan. Por esa razón, la frase donde Marx señala que “el gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”, cobra gran significación ya que nos ayuda a comprender las raíces materiales y estructurales de la corrupción en el sector público. La corrupción no es por tanto un problema ético o individual que tenga que ver solamente con malos funcionarios, sino más bien es el reflejo en la superestructura del estado de las relaciones capitalistas de producción que se basan en la explotación del trabajo y en la necesidad empresarial de incrementar su tasa de ganancia.
Por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana
Frente a esto, el gobierno de Martin Vizcarra respondió invocando la implementación del articulo 157 de la Constitución que dice: "Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado con el voto conforme de los dos tercios del número legal de miembros". Para ello Vizcarra convocó a una sesión extraordinaria del pleno del Congreso para el viernes 20 de julio a fin de que aquí se vote la destitución de los miembros titulares y suplentes del Consejo Nacional de la Magistratura, además hizo un llamado a los congresistas a dar este paso para salvar la democracia y la alicaída institucionalidad. Como lo demuestran los hechos, la presión presidencial causó efecto ya que los 7 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y el presidente del Poder Judicial terminaron renunciando el jueves 19 de julio en horas de la mañana.
La líder de la agrupación neo reformista Nuevo Perú, Verónika Mendoza, en conferencia de prensa realizada el miércoles 18 del presente, se plegó a la salida planteada por el presidente Martin Vizcarra, exigiendo que el pleno del congreso destituya a los miembros titulares y suplentes del Consejo Nacional de la Magistratura, así mismo exigió la renuncia del titular de justicia Duberli Rodríguez y la reforma del poder judicial. Cabe mencionar que hace unos días atrás esta organización en un comunicado público también se pronunció por la necesidad de “salvar la democracia”, planteando como salida de fondo el adelanto de elecciones. Reducir la solución de la grave crisis institucional al cambio de funcionarios o al adelanto de elecciones, solo conlleva a oxigenar al presente régimen y evitar de facto la movilización social y la auto organización del pueblo y los trabajadores, que son las únicas garantías reales que pueden llevar a que las cosas puedan cambiar, ya que como lo demuestran todos los días los audios, las diversas instituciones están comprometidas con la corrupción y las reglas de juego vigentes permiten la perennizacion del estado de cosas imperante.
Por esa razón, nosotros consideramos que el adelanto de las elecciones así como el cambio de funcionarios en las altas esferas de las instituciones del Estado, son intentos por descomprimir la situación haciendo saltar algunos “fusibles” pero preservando toda la institucionalidad heredada de la constitución fujimorista, con todo su lastre de corrupción, nepotismo, etc. Hace falta preparar y construir un gran paro nacional con la participación de las y los trabajadores y el pueblo y a través de ello imponer la elección de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que cuestione profundamente las bases de este podrido régimen político y altere las reglas del juego, no solo a los jugadores. El pueblo trabajador tiene que decidir sobre los grandes temas nacionales, no el congreso corrupto y lobista.
Debemos imponer con los métodos de la lucha de clases esa nueva Constituyente, verdaderamente libre y soberana, con funciones legislativas y ejecutivas donde podamos elegir nuestros representantes en un distrito electoral único para que no puedan diluir el peso de las grandes concentraciones urbanas, para empezar anulando todas las reformas anti laborales impuestas por Fujimori, Toledo, García, Humala y PPK. Allí podremos batallar por el fin de los pagos de la deuda pública, la nacionalización de los recursos naturales, la renacionalización y estatización bajo administración y control democrático de los trabajadores y el pueblo de todas las grandes empresas estratégicas del país, que los jueces y fiscales sean elegidos por elecciones universales, así mismo, que los políticos elegidos por voto popular ganen el mismo salario que un trabajador calificado y si incumplen con el mandato para el cual fueron elegidos puedan ser revocados desde el presidente hacia abajo. Creemos que esta experiencia contribuirá a que las y los trabajadores, los campesinos, los sectores humildes y desposeídos, los pueblos indígenas, comprendan que la única solución a todos los problemas es mediante un gobierno de los trabajadores de ruptura con el capitalismo, que apoyándose en los organismos de auto organización de los trabajadores y del pueblo, sobre la base de la democracia directa, avance en forma decidida confrontando el imperialismo e inicie la lucha por una sociedad sin explotados ni explotadores.
Resistencia Sur de Perú es una organización con quiénes, desde la Fracción Trotkista Cuarta Internacional (FT-CI), venimos explorando posibles convergencias programáticas y estratégicas. |
