Bolivia el año 2017 por segunda vez realizó la elección de sus máximas autoridades de justicia por medio de la elección popular, lo cual nos convirtió en el primer y único país en el mundo en implementar esta modalidad para designar a este tipo de autoridades. Recordemos que la primera experiencia de este tipo fue el 2011, momento en el cual ya se había dado a Bolivia este reconocimiento. Con esta disposición se ampliaba la idea de que habría participación popular en la administración de justicia que había sido también incorporada el año 1999 con la formación de jurados ciudadanos.
Según el gobierno del MAS este mecanismo “democratizó” la designación de Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, y del Consejo de la Magistratura, declarando demagógicamente garantizar la independencia del órgano judicial.
En dos ocasiones la población “escogió” con su voto, por simple mayoría, a quienes administran la justicia en nuestro país, pero en ambas elecciones los sufragantes al momento de entrar a las urnas o bien se vieron ante pocas posibilidades de elegir al encontrarse en la papeleta con candidatos amigos del gobierno o bien, no conocían a nadie.
Si bien con esta nueva modalidad la población aparentemente tiene el poder de decidir quién asumirá el cargo de magistrado, entre todos los postulantes que se presenten a la convocatoria, ésta pierde todo carácter democrático y de independencia que debe tener, ya que las y los postulantes tienen que pasar por un filtro político en la asamblea legislativa, donde la pre-selección de los candidatos a magistrados se realiza por medio de componendas entre los partidos empresariales-patronales y parlamentarios con el Gobierno de turno.
Este procedimiento legislativo de preselección impide que en la papeleta de sufragio aparezcan personas de reconocida trayectoria en defensa de derechos humanos (de los trabajadores de la ciudad y del campo, derechos de la naturaleza, de las mujeres, de los pueblos índigenas, de las diversidades sexuales, etc.) así como jurisconsultos independientes y otros profesionales que gocen de legitimidad para satisfacer las necesidades de justicia del pueblo trabajador y no asuman estos cargos títeres comprometidos con los intereses del gobierno.
Este nivel de compromiso político, de los jueces del Tribunal Constitucional Plurinacional saliente, con el actual gobierno se pudo evidenciar en recientes y polémicas sentencias como la que habilitó la re lección indefinida de Evo Morales (STC 084/2017), llegando al extremo de eliminar y modificar el texto constitucional de manera discrecional y lindante con el delito. También lo hemos visto el carácter absolutamente conservador y reaccionario de estos magistrados al servicio de Gobierno con la sentencia STC 076/2017 en la que declaraban la muerte civil a la población GLBT, al negarles expresamente sus derechos laborales, a la seguridad social, al matrimonio, a la unión libre, es decir, a todas las figuras legales civiles. Con respecto a las y los trabajadores, estos magistrados, también entraron rápidamente en contubernio con el Gobierno y los empresarios privados. Legalizaron todas las violaciones a los derechos laborales por “causas políticas”. Esto lo vimos en la UNSXX, en la UPEA. Lo mismo podemos decir de la sentencia contra los trabajadores de La Paz Limpia a quiénes les negaron la tutela legalizando con ello los despidos y los mecanismos de precarización laboral impulsados por la empresa de La Paz Limpia y por el gobierno municipal de Revilla.
La realidad hasta ahora, se encargó de mostrarnos que la preselección legislativa de postulantes a las altas cortes del Estado, lejos de garantizar una justicia imparcial, lo único que ha permitido es poner una mano de barniz “democrático” a la vieja práctica sostenida desde tiempos de la República y hoy por el MAS, de la instrumentalización de la justicia, corrupta en todos sus niveles, al servicio de los ricos y su enquistamiento en el poder.
Ante esta evidente forma de manipular la justicia, desde la agrupación ciudadana Alternativa Anticapitalista de los Trabajadores (AAT) proponemos que la elección de magistrados del órgano judicial se realice por elección popular pero eliminando el filtro legislativo de preselección de postulantes porque consideramos, es una forma de mantener el control y la instrumentalización política de la justicia. Basta de mantener la hipocresía de la “neutralidad” de la justicia, evitando con ello que los postulantes y candidatos a magistrados y vocales manifiesten abiertamente sus posiciones políticas y sus ideas sobre la justicia. Los y las trabajadores y el pueblo para poder elegir tenemos derecho a saber quiénes son los juristas dispuestos a defender los derechos de los trabajadores y quiénes –la gran mayoría- son amigos de los empresarios, banqueros y del poder político de turno.
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Basta de una justicia al servicio de los patrones, ricos y poderos. Con tu apoyo lograremos llevar la voz de las y los trabajadores a la Asamblea Legislativa para desenmascarar al Gobierno, a la oposición y su justicia.
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