La corporación judicial sintió un espaldarazo luego de la “marcha de los fiscales”. Ante la crisis y dispersión política del grueso de la oposición, el “partido judicial” ocupa el proscenio en el fin de ciclo kirchnerista.
Esto se manifestó en la batería de medidas simultáneas que se tomaron contra el Gobierno desde el poder judicial: la confirmación del procesamiento del vicepresidente Amado Boudou, por la causa Ciccone; el rechazó a la recusación del juez Claudio Bonadío en el caso Hotesur, sentenciado por la misma sala; y la citación a indagatoria por parte del juez federal Luis Rodríguez a la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona.
Abbona es la funcionaria oficialista que se encargó de presentar ante el juez Rafecas, el documento que intenta refutar la denuncia de Alberto Nisman. Para completar la afrenta, el fiscal Gerardo Pollicita rechazó la invitación para exponer ante el plenario de comisiones del Congreso que trató el memorándum entre Argentina e Irán. Pollicita, hoy está cargo de la denuncia de Nisman y pidió la imputación de la presidenta Cristina Fernández, del canciller Héctor Timernan y otros referentes periféricos del kirchnerismo.
Más allá de las responsabilidades que les cabe a cada uno de los inefables funcionarios acusados, es un dato político que la casta judicial comience a mover en simultáneo expedientes que estaban paralizados justo después de la marcha del 18F. Y esto combinado con gestos de desafío al Gobierno, que son también una advertencia al poder político en general.
El “partido judicial” quiere erigirse en árbitro ante la situación de crisis política e investirse de un “heroísmo” aprovechando la muerte dudosa de un fiscal que estaba acusando al Gobierno por encubrimiento. Con esta operación se intenta fortalecer a uno de los poderes más reaccionarios del Estado.
Como sucede con todas las corporaciones a las que dice enfrentar cuando le estallan las crisis en la frente, el kirchnerismo tiene la responsabilidad de haber convivido con esta casta durante casi todo su ciclo, impulsando el cambio de la Corte Suprema por arriba y algunos cambios menores por abajo.
El en año 2013, el Gobierno impulsó la Ley de Ingreso Democrático e Igualitario (28.861) a la justicia, que intentaba poner tímidos límites al nepotismo extendido que reina en este estamento del Estado. Buscaba restringir el nombramiento de familiares en los distintos cargos en general o por lo menos evitarlos en el mismo fuero o jurisdicción. El kirchnerismo confesaba que luego de más de diez años en el poder se daba cuenta de la existencia de la “familia judicial”.
Para resistir este cambio que es menos que elemental y que los funcionarios judiciales consideraron como una terrible embestida, algunos llegaron a argumentar cosas como que “(no) puede estigmatizarse y excluirse de un trato igualitario y democrático a los parientes de los funcionarios o magistrados, fiscales o jueces”.
Solo la prepotencia de representantes que se consideran absolutamente impunes, puede llegar a afirmar tremendo argumento medieval para la defensa de su corporación.
Con la justicia, el Gobierno tiene el mismo problema que con la corporación de los servicios de inteligencia, el “vandorismo armado” de las policías que desde los motines está siempre latente o el poder totalitario de la burocracia sindical. Fueron parte de su estructura de gobierno y mantuvo, y en algunos casos aumentó su poder, hasta que se rebelaron y luego pretendió enfrentarlos tardíamente con argumentos “democráticos” e impotentes reformas para las que no tiene autoridad moral ni política para aplicarlas.
El necesario enfrentamiento contra el Gobierno y sus políticas que la izquierda lleva adelante en primera fila, no puede desarrollarse a costa de fortalecer a una casta de funcionarios privilegiados y vitalicios, que no los elige nadie y que además cobran (“en blanco”) remuneraciones que son 10 o 20 veces el salario de cualquier hijo de vecino.
La reformas gatopardistas que mantienen el grueso de su poder son inútiles. Las medidas elementales que deben exigir aquellos que efectivamente quieran terminar con esa casta medieval, son la elección universal y popular de todos los jueces y fiscales, la aplicación de los juicios por jurado popular y que los funcionarios judiciales sean revocables y cobren lo mismo que un trabajador.
El eventual fortalecimiento de un poder reaccionario que hoy circunstancialmente enfrenta al Gobierno, se puede pagar caro mañana, ya que representan una casta completamente alejada de los intereses de la mayoría popular. La movilización del próximo 24 de marzo debe inscribir en sus banderas, no solo la lucha contra el Gobierno y Milani, sino las demandas contra la reaccionaria corporación judicial. | 
