Sobre tal pedido, descansa el interés de resguardar las ganancias y el capital de las compañías petroleras que pretenden extraer petróleo no convencional utilizando fracking en el extremo norte del enorme yacimiento Vaca Muerta y la necesidad de actuar para reprimir protestas gremiales o de desocupados, cuando aún resuena en la memoria colectiva los conflictos de trabajadores descupados durante la estadía de la Minera Vale en la zona.
En sesión ordinaria del pasado jueves 19 de julio, el Honorable Concejo Deliberante de Malargüe aprobó por unanimidad un proyecto de resolución en el que los ediles solicitan al Ministerio de Seguridad de la Nación, la instalación de Gendarmería Nacional, al sur de Malargüe, más precisamente en los parajes de Pata Mora y Ranquil Norte.
La pieza, denominada “Expte Nº 4.406-HC 280-2018 Solicitud al Ministerio de Seguridad de la Nación para lograr situar una Fuerza Federal Gendarmería Nacional en Pata Mora y Ranquil Norte”, fue propulsada por el concejal Juan Manuel Ojeda del Bloque Cambia Mendoza y acompañada por el peronismo, tanto en su tratamiento en comisión como en la votación dentro del recinto.
Los argumentos que esgrime la presentación de Ojeda y que según la mirada de los concejales malargüinos justificaría tal despliegue de efectivos son varios. En primer lugar, la pieza aprobada asegura que en esos desérticos parajes prolifera la inseguridad, constatable en “el robo que se ha desarrollado en materia de hidrocarburos en la zona de Pata Mora”, lo que hace necesario “generar infraestructura y presencia estatal en la zona limítrofe de la provincia de Mendoza y la provincia de Neuquén a fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos argentinos”. Sin embargo, no existen datos cuantificados de la magnitud ni frecuencia de tales robos que ameriten la presencia de una nueva fuerza en la zona.
Juan Manuel Ojeda, impulsor del proyecto
Desconociendo la función que cumple otra fuerza de seguridad como la policía, el texto de la resolución asegura que “la zona limítrofe concerniente a la cuenca del Río Colorado no posee presencia de fuerzas federales que patrullen el lugar como tampoco un destacamento fijo permanente de Gendarmería que permitan el control y garantizar la seguridad de los vecinos previniendo los delitos que se pudieran llegar a generar en el lugar”.
Seguidamente, el escrito de Ojeda deja entrever el verdadero carácter del pedido y en sintonía con la decisión de Mauricio Macri de integrar a las fuerzas armadas a la seguridad interior, sin sonrojarse admite que aquella “es una zona productiva hidrocarburífera por excelencia de la República Argentina donde se requiere el control y el acompañamiento de fuerzas nacionales federales que permitan la investigación, planificación a fin de lograr altos niveles de seguridad constantes en el lugar más aún frente a conflictos sindicales, gremiales y de otra índole que muchas veces se ocasionan en lugar donde muchos vecinos en las cercanías se ven afectados producto de la falta de presencia del Estado Nacional y Provincial en materia de seguridad en dicho lugar”.
Queda claro entonces el verdadero fundamento del proyecto pasa por la necesidad de militarizar una zona clave del yacimiento Vaca Muerta y fortalecer el aparato represivo frente al aumento de la protesta social que se puede generar tras las promesas de pleno empleo encolumnadas tras de el canto de sirenas del fracking como técnica extractiva autorizada vía decreto por el gobernador Alfredo Cornejo.
La pieza legislativa, consensuada con el PJ, solicita al Ministerio de Seguridad de la Nación por un lado, analizar la posibilidad de emplazar a una fuerza Federal Nacional en la zona de Pata Mora en la provincia de Mendoza de forma permanente con patrullaje hasta el distrito de Ranquil Norte (Departamento de Malargüe) y Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza, como así también elevar esta solicitud a autoridades provinciales y nacionales como el Ministro de Seguridad de la Provincia de Mendoza Gianni Venier, la Ministro de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, el Comandante General Gerardo José Otero (Director Nacional de Gendarmería Nacional), el Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Alejandro Itzcobich, el Comandante Daniel Martínez (Escuadrón Gendarmería Nacional Malargüe), la Vicegobernadora Laura Montero, los legisladores Nacionales por la provincia de Mendoza y el Subsecretario de Energía y Minería de la provincia de Mendoza. Ing. Emilio Guiñazu.
Al respecto de este pedido, nuestro medio entrevistó a Sol Remón, militante ambiental de la Asamblea por los Bienes Comunes, quién no vaciló en ligar el proyecto a la necesidad de instalar sin problemas el fracking en Vaca Muerta. “Hoy con el fracking en marcha y atropellando todo tipo de manifestaciones sociales y fundamentos el gobierno y el consejo deliberante decide puertas adentro e impone mediante decretos, acompañado del lobby del sindicato de jerárquicos petroleros y el trillado discurso de trabajo y desarrollo departamental”.
Por otro lado, Gabriel Jofré, Werken de la Organización Territorial Malalwece, agregó: "esta iniciativa del concejal Juan Manuel Ojeda, que ha sido tratada de manera rápida, es una orden misma del gobierno nacional. En el cuerpo del texto se puede interpretar que ha sido redactada en el Ministerio de Seguridad de la Nación y hasta quizá por la misma Casa Rosada. No quiero con esto subestimar al Licenciado en Ciencias Políticas egresado de la Universidad Pública de Cuyo, sino al contrario reconocer que se ha alineado con el gobierno PRO dejando en el olvido sus principio democráticos y republicanos de la Unión Cívica Radical. Seguramente esos radicales de la reforma universitaria del 18 que tomaron universidades como forma de lucha tendrían mucho para preguntarle a Ojeda. Hoy lo que se pide es militarizar zonas, criminalizar la protesta social y generar el enemigo interno. El pueblo mapuche sabe de este tipo de personajes y su rol en la historia de despojos e injusticias”. | 
