El semanario Proceso publicó un artículo en donde expuso información que advierte un "madruguete" por parte de la administración de Enrique Peña Nieto a la administración entrante de Andrés Manuel López Obrador, con la firma del acuerdo del Tercer País Seguro (TPS). Este acuerdo busca convertir oficialmente a México en un "filtro" para detener al que es el mayor flujo migratorio sur-norte del mundo, según cifras del Pew Research Center.
El acuerdo del TPS impondrá a los migrantes no mexicanos que busquen llegar a Estados Unidos la obligación de pedir primero el asilo en México. Será en territorio azteca en donde tendrían que permanecer en caso de que se les brinde asilo, o desde donde serán deportados de vuelta a su país de origen en caso de serles negado.
Según revela el semanario, un funcionario de alto nivel de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que por temor a represalias del canciller Luis Videgaray pidió a Proceso anonimato, aseguró que las negociaciones en torno a este acuerdo se encuentran ya "muy avanzadas" y han sido impulsadas principalmente por el mismo Videgaray y el embajador en Washington, Gerónimo Gutiérrez. El acuerdo, dice el funcionario de la SRE, podría concretarse en agosto.
Por su parte, la cancillería mexicana ha insistido en negar la existencia de estas negociaciones, denunciadas también por medios como The New York Times y The Washington Post. Funcionarios del Departamento de Seguridad Interior (DHS), citados también por la investigación del semanario, se han limitado a declarar que las negociaciones con el gobierno de México continúan.
Olga Sánchez Cordero, favorita de AMLO para encabezar la Secretaría de Gobernación, ha declarado que la intención de Obrador es convertir a México en un "país refugio", con "una política de empatía" que, según declaraciones de Marcelo Ebrard, propuesto para la Secretaría de Relaciones Exteriores, incluye crear planes migratorios con cada país centroamericano para que aporten recursos para "creación de empleos" y "seguridad fronteriza".
El proyecto de Morena parece buscar enfocarse en una serie de medidas que "renueven" el sistema migratorio mexicano para hacer más "humanitaria" la ineludible detención y deportación de miles de migrantes centroamericanos.
La firma de este acuerdo, además de ser un duro golpe contra los miles de migrantes es un paso firme en la subordinación de México a los intereses estadounidenses.
La intervención a través del "adiestramiento" de efectivos represivos nativos, vieja práctica usada por toda la región por Estados Unidos, tendrá expresión en este acuerdo, que apunta, según los documentos filtrados por Proceso, a convertir a los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en una extensión de "subalternos" de la Patrulla Fronteriza estadounidense.
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La fuente citada por Proceso indica que los incentivos económicos ofrecidos por el gobierno de Trump son parte de la argumentación que defiende Videgaray, como el de 800 millones de dólares prometidos para cubrir costos de convertir a México en algo que ya es en los hechos: un filtro de detención que año con año deporta de manera ilegal a miles de migrantes, la mayoría de ellos provenientes de Centroamérica.
Distintas organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han solicitado a Obrador rechazar este acuerdo, argumentando, entre otras cosas, la probada participación de los cuerpos represivos y funcionarios mexicanos en la mayoría de las agresiones y violaciones a los derechos humanos que padecen miles de trabajadores que deben cruzar por México y enfrentar el doble infierno del crimen organizado y de la impunidad. | 
