Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, el 31 de julio de 2017 reunió en Bariloche a las autoridades políticas de las provincias patagónicas de Río Negro, Neuquén y Chubut, a los jefes policiales de esas provincias y a los jefes regionales de las fuerzas dependientes de su ministerio.
De Gendarmería participaron, entre otros, el jefe de la Agrupación XIV Conrado Héctor Balari, el del escuadrón 35 de El Bolsón Fabián Méndez y el del 36 de Esquel Pablo Badie.
El propósito de la reunión era aplastar a sangre y fuego los reclamos de la comunidad mapuche (que pedían por sus tierras ancestrales y la libertad del lonko Facundo Jones Huala) para continuar beneficiando a terratenientes como Benetton. La decisión del Gobierno nacional estaba tomada y para eso debían dar un paso más en la escalada represiva que ya tenía en su haber varios operativos brutales en la Pu Lof de Cushamen, varios detenidos, heridos y torturados.
Terminar con la RAM
Nada podía salir mal. Una mesa de expertos había planificado el ataque represivo contra la comunidad mapuche y contaban para esto con el apoyo tanto de las autoridades políticas locales como de jueces y fiscales.
Por un lado el juez Gustavo Villanueva de Bariloche reprimía con la Prefectura y la PSA a quienes se manifestaban en la ciudad rionegrina. Por el otro el juez federal de Esquel Guido Otranto firmaba la orden de desalojo de la Ruta 40 a la altura del kilómetro 1848, en Cushamen.
El 1° de agosto cuatro escuadrones de gendarmes, con casi dos centenares de efectivos, desalojan a los tiros la ruta 40. Persiguieron a los manifestantes hasta el interior del predio recuperado, obligando a muchos jóvenes a cruzar a nado el Río Chubut. Santiago Maldonado desapareció en el marco de esa brutal represión, que incluyó balas de plomo.
Un día después de esta represión Pablo Noceti contó que durante la reunión de Bariloche estuvieron “todos los escuadrones de Gendarmería de la zona cordillerana de ambas provincias, todos los establecimientos de la Prefectura Naval, todos los de la Policía Federal que hay en la zona, todos los de la PSA y las policías de Río Negro y Chubut”, más “sus respectivos ministros de Seguridad y el ministro de Gobierno de la Provincia de Chubut”.
El objetivo de esa reunión era, según sus palabras, terminar con la RAM. El 2 de agosto Noceti fue entrevistado por dos radios zonales, Radio Nacional Esquel y FM Sol, donde explicó que su paso por la región se debió a una supuesta “escalada violenta” a manos de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y que había llegado a Bariloche el día anterior con órdenes de Patricia Bullrich para “empezar a tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM que produzcan delitos en la vía pública y en flagrancia. A partir de ahora, cuando se produzca algún daño o haya algún corte de ruta, van a ser inmediatamente detenidos y judicializados”. Contaba como ejemplo, nada menos, que con el “exitoso” operativo de Gendarmería en la ruta 40 hacía menos de 24 horas.
Pero hay otro dato. En las entrevistas radiales del 2 de agosto Noceti afirmó que venía comunicándose de forma permanente con el juez Otranto y con la fiscal de Esquel Silvina Ávila. Pero aclaró que desde ese momento los funcionarios judiciales estaban advertidos de que el Ministerio de Seguridad empezaría a “actuar en flagrancia”, es decir sin esperar órdenes judiciales.
La advertencia terminaría justificando nada menos que el ingreso de la Gendarmería a la Pu Lof. ¿Pero qué tipo de flagrancia se estaba produciendo entonces? Según sus propias palabras, “se llamen RAM o se llamen como se llamen”, estaban “tomando” un predio de Benetton y eso era razón suficiente para “judicializarlos. Van a quedar todos presos”, sentenció.
Plan B (de Bullrich)
En aquellas entrevistas del 2 de agosto el funcionario se ocupó de remarcar que todo lo que él estaba haciendo en la Patagonia había sido “dispuesto por la ministro Bullrich”. No se sabe si eso incluye la orden de qué hacer con Santiago Maldonado. Por lo pronto, para la familia de Santiago y para la comunidad de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, ese silencio ensordecedor de los responsables se hace cada vez menos soportable.
Sin embargo, el plan perfectamente diseñado por el Gobierno Nacional, que se llevó adelante desde la cartera de Seguridad, estalló por los aires. La desaparición de Santiago abrió una crisis en el Gobierno Nacional. Noceti dejó de alardear ante los medios públicos y pasó a la sombra. Su propósito de detener impunemente a quienes se opusiera a los planes del Gobierno, bajo la ley de flagrancia, había fracasado.
Las movilizaciones por la exigencia de la aparición de Santiago Maldonado apuntaba contra el Gobierno en general, pero en particular contra Patricia Bullrich, quién no solo defendió a la Gendarmería, sino que también tuvo que salir al rescate de su jefe de Gabinete. De hecho mintió al sostener que él no estuvo en el lugar donde despareció Santiago durante la represión de la Gendarmería.
Esta misma mentira la sostuvo el 16 de agosto, cuando se vio obligada a ir al Senado de la Nación para dar explicaciones sobre la represión que ordenó por la cual desapareció Santiago Maldonado. Allí dijo que Noceti solo había pasado el 1° de agosto “a las 12:30, una vez que ya se estaban haciendo las actuaciones. Se bajó del auto porque iba para Esquel a seguir con las tareas que estaba realizando, saludó a la Gendarmería y siguió. No participó, no dio órdenes, no tuvo nada que ver con la parte operativa”.
Pero Noceti quedó retratado en una fotografía tomada por un reportero gráfico de la zona, cuando regresó de la zona sur de la Ruta 40 y volvía a detenerse frente a la estancia Leleque entre las 17 y las 18 horas.
La lucha continúa
La respuesta popular para repudiar la desaparición forzada de Santiago Maldonado, junto a su familia que apuntó correctamente contra quienes eran los únicos responsables de lo ocurrido, lograron que se cambie la carátula del expediente, de “NN/sobre averiguación de delito” a “delito de desaparición forzada”.
Al tiempo que la movilización popular avanzaba, el Gobierno (con la complicidad del Poder Judicial) respondía con más represión y criminalización. En las movilizaciones masivas por Santiago no faltaron las operaciones de inteligencia, las detenciones arbitrarias y la búsqueda de quebrar la unidad en la calles.
La respuesta popular obligó al Gobierno a recalcular sus planes represivos. Al menos la excusa de detener masivamente a las comunidades mapuches mediante la flagrancia, que les otorga el beneficio de armar causas a su antojo, se vio aplacada. La aparición del cuerpo de Santiago el 17 de octubre y los resultados elementales de la autopsia parecieron darle al Gobierno la llave para "cerrar" el caso bajo el poco sustentable argumento del "ahogamiento".
Sin embargo la brutalidad reaparecería casi cuatro meses después de los hechos de Cushamen. En Villa Mascardi, cerca de Bariloche, el joven mapuche Rafael Nahuel caería muerto por las balas de la Prefectura. Fue el 25 de noviembre, el mismo día en que la familia Maldonado enterraba a Santiago en su pueblo natal.
Todas las maniobras a las que acudió el Gobierno en el caso Maldonado para encubrir el plan criminal, que incluyó ocultamiento de pruebas, el desvío de la investigación y la intervención directa del Ministerio de Seguridad en el expediente, se corresponden de forma cabal con aquel plan discutido y resuelto la tarde del 31 de julio en Bariloche, en aquella reunión encabezada por Pablo Noceti. Un plan criminal. | 
