Desde el lunes hasta el jueves prácticamente la totalidad de la población privada de libertad de la Cárcel de Punta de Rieles realizó una huelga de hambre en reclamo de mejoras en el régimen de visitas, contra la prohibición al ingreso de alimentos traídos por los familiares y en rechazo a los altos precios que cobra la empresa privada por lo que le vende a los propios internos.
Cárcel modelo PPP
La Unidad de Internación de Personas Privadas de Libertad N°1 (UIPPL N°1), más conocida como la cárcel de Punta de Rieles, es la única de las 29 existentes en el país que funciona en el marco del modelo de la Ley de Participación Público Privada (PPP) por lo cual la operación, mantenimiento, limpieza y alimentación están en manos del Consorcio Unidad Punta de Rieles SA (integrado por Abengoa Teyma, Instalaciones Inabensa y Goddard Catering Group) que gestiona la prisión.
En esta cárcel el Estado invirtió más de 90 millones de dólares y pagará 20 millones anuales durante 20 años a la empresa. Hasta el momento tiene ocupadas alrededor de 800 de las casi 2000 plazas, aunque el concesionario cobra por el total de los lugares disponibles.
Los presos actualmente solo pueden recibir visitas una vez a la semana durante dos horas, y a los familiares se les ha prohibido que puedan llevar alimentos, utensilios y artículos para los privados de libertad. A su vez los precios de los productos que vende la empresa son escasos y caros, tornándose inaccesibles para los internos.
La huelga de hambre puso sobre el tapete las condiciones de reclusión en lo que las autoridades denominan “cárcel modelo” y en las que ya se han denunciado graves violaciones a los derechos humanos.
A la gestión privada de la cárcel, que busca asegurar sus márgenes de ganancias a partir de lo que le transfiere el Estado vía PPP y de hacer negocios con los propios presos, se le suma lo peor de una política de criminalización de la pobreza que muestra su cara más terrible en el trato que reciben los privados de libertad.
En poco más de 6 meses de funcionamiento sucedió un homicidio y el suicidio de un preso luego de que se le negara la atención psiquiátrica, con el telón de fondo de denuncias de graves torturas, palizas, amenazas y malos tratos de las fuerzas represivas que actúan con total impunidad.
La gravedad de la situación carcelaria es tal que incluso a nivel internacional se le ha llamado la atención al país por las graves violaciones a los derechos humanos que sufre la población carcelaria.
Con el modelo de cárcel PPP el gobierno avanza un poco más transformando la privación de libertad en un negocio para los empresarios.
El Frente Amplio ha tomado los aspectos esenciales del programa de la derecha de criminalizar la pobreza con penas más duras y más control social, haciendo del Uruguay uno de los países con mayor cantidad de presos sociales en relación a su población.
La actual rendición de cuentas que se encuentra en el parlamento aumenta aún más el dinero que se destina a seguridad y represión mientras las políticas sociales sufren recortes o reciben partidas insuficientes.
A la escalada punitivista que impulsa el gobierno y la derecha para hacer frente al problema de la criminalidad hay que oponerle un programa que levante el trabajo genuino y de calidad así como la capacitación laboral, la atención en salud y más políticas sociales para toda la población. | 
