El Senador provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), Adrián Reche junto a su par Lucas Quesada, oriundo de San Rafael, presentaron un pedido de informe en la Legislatura, en el que exigen a las autoridades información sobre una serie de actividades que se realizaron los últimos meses sobre los derechos de las mujeres, la educación sexual, la causa del Instituto Próvolo, la desaparición de Santiago Maldonado, entre otros.
Es realmente preocupante el contenido que los senadores vierten en su “proyecto”, el cual es más propio de un agente de inteligencia que de un senador provincial. En los fundamentos relatan los hechos, incluyendo información sobre charlas, e-mails enviados por el Rector, materiales de difusión de las agrupaciones, etc., como si tuviesen una base de datos de seguimiento de las actividades realizadas, lo cual sería ilegal y es necesario investigar.
De avanzar en las intenciones de Cambiemos sobre la intervención del IES y sanciones a estudiantes y directivos estaríamos frente a un hecho gravísimo de vulneración de garantías constitucionales consagradas en Tratados Internacionales sobre libertad de expresión, de organización y prohibición de persecución política.
Sin embargo el pasado martes fue rechazado el tratamiento sobre tablas del proyecto de Reche. Los bloques de la oposición se expresaron en contra de este intento de persecución. Finalmente el proyecto fue girado a comisiones.
Esto, lejos de ser un inocente pedido de informe no es más que un intento de frenar la enorme y poderosa “marea verde” por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito que en junio conquistó media sanción y este 8 de agosto se vota en el Senado de la Nación. Es una batalla ideológica y política que además busca disciplinar al movimiento estudiantil y a las y los trabajadores de la educación, que venimos de enfrentar un enorme ataque a nuestro derecho a la educación pública como lo fue en abril el decreto N°530 que impuso Cornejo (UCR-Cambia Mendoza) donde se establecen carrera prioritarias avanzando en el cierre de carreras y el desfinanciamiento de la educación. Es decir, el ataque es contra todo intento de organización democrática en defensa de derechos elementales.
Frente a esta situación, la coordinadora general de Educación Superior, Emma Cunietti, en declaraciones al diario Los Andes sostuvo que, “Si el consejo directivo de la institución no quiere contestar por alguna razón, se intervendrá”. Esta declaración es muy grave, ya que atenta contra la autonomía de los IES, la libertad de expresión y la necesidad de tener una educación pública de calidad.
En el mismo diario, como si las declaraciones ya hechas no fueran suficiente, Cunietti cargó contra las mujeres y el primer paro internacional de mujeres del 8 de marzo de 2017 que fue masivo en absolutamente todo el país, incluso en otros países del mundo. “No se puede suspender la actividad escolar sin la autorización pertinente, ya que muchos estudiantes hacen un esfuerzo para ir a la institución y recibir el derecho a clases”, señaló al respecto. El esfuerzo que hacen miles de jóvenes para estudiar es innegable, pero no son justamente los paros el mayor límite que encuentran a diario. Lo que Cunietti no dice es que las y los estudiantes de la provincia no cuentan con un boleto educativo gratuito para las y los que viajan desde los distritos del departamento a estudiar. Tampoco hay jardines infantiles para quienes no cuentan con presupuesto para pagar a alguien que cuide sus hijos/as, o familiares que trabajan, o cuotas en jardines que son incalculables para el bolsillo de las y los estudiantes.
Tanto estos senadores, como Emma Cunnietti dicen en declaraciones que los estudiantes “no respetan la democracia”, ya que según ellos, pronunciarse a favor del derecho al aborto o de los derechos de la comunidad LGBT es “imponer ideas”.
Si bien este “escándalo” surgió en parte como una respuesta de lo más atrasado y conservador del IES del Atuel y otros sectores de San Rafael, no es nuevo. Sin ir tan lejos, frente a presiones de estos grupos en el mes de julio, las autoridades definieron levantar una charla prevista para debatir el derecho al aborto. A esto se suma que luego estos mismos sectores realizaron pintadas en el frente de la institución pública donde estudiamos. Vaya manera de cuestionar la imposición de ideas y el respeto a la democracia. Son ellos mismos que dentro de la institución han arremetido una y otra vez contra los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI, planteando en varias cátedras que la homosexualidad es una enfermedad y el aborto un asesinato, como denunciaron las y los mismos estudiantes en diferentes oportunidades.
Liwen Albornoz, estudiante de la carrera de Historia y referente de la agrupación de mujeres Pan y Rosas, dijo sobre esta situación, "no nos dejamos amedrentar ni por sectores de la curia, ni por funcionarios de este gobierno como Reche o Cunietti que tienen este accionar a 100 años de la reforma universitaria. Llamamos a todas y todos los estudiantes, docentes y no docentes de la comunidad educativa a llevar adelante una gran campaña democrática para defender la autonomía de nuestros lugares de estudio contra todo tipo de intervención y en defensa de la libertad de expresión, por una educación con perspectiva de género y en defensa de las y los oprimidos ". |
