Se trata de una reforma legal para permitir operaciones de compra y venta de divisas en el país, que han estado prohibidas desde que se estableció el control de cambio, y que penaba hasta con 15 años de cárcel las transacciones en moneda extranjera en Venezuela. El nuevo decreto no deja claro, sin embargo, si esto implica el levantamiento total del control de cambio que opera desde 2003.
Es de resaltar que este decreto es parte del paquete de medidas que Maduro anunció el jueves pasado, en medio de una economía al borde del colapso, pero que agudizan aún más los grandes padecimientos del pueblo. Este nuevo “plan”, cuya medidas aún no terminan de estar del todo claras ni definidas, apuntan, en dirección a la “racionalidad económica capitalista” que reclaman la burguesía y el imperialismo, pero justamente, buscando sostener los intereses de la alta burocracia chavista y su poder. Además de sostener los negocios de los grandes empresarios así como de las transnacionales a quienes se les facilita la sangría de nuestras riquezas y la explotación de nuestro pueblo trabajador.
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Sintéticamente, el reciente decreto contiene cinco artículos. El primero establece que el objeto de esta norma es "establecer la derogatoria del régimen de ilícitos cambiarios" para otorgar "tanto a personas naturales como jurídicas, nacionales como extranjeras, las más amplias garantías". El segundo señala que a partir de la entrada en vigencia de este decreto "se deroga el decreto con rango, valor y fuerza de la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos" y el artículo 138 de la ley del Banco Central de Venezuela. Este último establecía sanciones a los que realicen operaciones cambiarias de divisas en el país. El tercero versa de que "los casos graves ocurridos hasta la fecha de publicación de este decreto en Gaceta Oficial" en cuanto a los delitos económicos previstos en la hoy derogada norma, sí serán sancionados.
El cuarto, que las sanciones previstas en el derogado decreto "se rebajarán a sus dos terceras partes cuando la totalidad de las operaciones realizadas por el mismo sujeto activo no excedan en conjunto 10.000 dólares o su equivalente en otra divisa". Y en el último se señala que la responsabilidad civil derivada de los ilícitos cambiarios cometidos hasta la fecha de entrada en vigencia del nuevo decreto "subsiste y será reclamada por la República a los responsables conforme a las reglas del Código Penal y el Código Civil".
Es de recordar que hasta el día de hoy, la tasa de cambio oficial en Venezuela, de acuerdo al Dicom que se supone se estaría derogando, establece que un dólar se cambia por 172.800 bolívares, mientras que el gobierno ya había autorizado a algunas casas de cambio a que operaran con una relación de 2,9 millones por dólar –muy cercano al dólar paralelo de divisas que se cotizaba este jueves en 3,5 millones de bolívares–, aunque solo están autorizadas para recibir remesas y no para venderlas.
Los términos de la derogación de la ley no especifican si esta tasa oficial que adjudica montos a empresarios y particulares a través de subastas se mantendrá, ni qué tasa es la que regirá en el ahora libre mercado de divisas. Pero todo indica que, por el ensayo que ha venido haciendo el gobierno, se oficializará un tipo de cambio semejante al paralelo, siendo que el Dicom ya no tendrá "sentido". Lo que implica una hipermega devaluación de la moneda oficialmente, que afectará brutalmente al pueblo trabajador, asalariado y popular.
Pero nada dice tampoco de cómo operará el gobierno con los dólares por los ingresos petroleros, absolutamente controlados y monopolizadas por el Estado y que representan el 97% del total de divisas que ingresan al país por exportaciones. Por lo que se habla de un gran guiso para la corrupción, pero también, y esto es importante, para el abaratamiento aún más de la mano de obra, de manera oficial, tanto para los “gastos” del gobierno ya que, por cada dólar podrá oficialmente obtener más bolívares; así como para las grandes transnacionales y empresarios de la burguesía local, garantizándoles una maximización de las ganancias sin precedentes.
Economistas que pujan por una liberación completa de la economía y más en consonancia con un plan de estabilización de la mano del capital financiero internacional, declaraban que "La medida es insuficiente, tiene una especie de alivio para el funcionamiento del sector privado, pero seguimos en control de cambio", tal como lo sostuviera el director de la firma Econométrica, Henkel García. Señalando además que "pareciera que vamos hacia un sistema dual donde hay un mecanismo oficial y uno paralelo legal, como era en los otros controles de cambio". En el mismo sentido va Luis Vicente León quien señaló que la derogación implica "una mejora" –para los empresarios, claro-, aunque “alertó” que si el gobierno intenta controlar el precio de la divisa podría crearse "un tercer mercado". Recordemos que lo más festejado por estos sectores es el decreto que persigue dicha flexibilización cambiaria dentro del conjunto de medidas que ya había anunciado Maduro el jueves pasado.
Con esta liberación cambiaria, tanto las empresas y establecimientos comerciales como las personas comunes, no sólo podrán vender o comprar divisas “libremente”, sino que también podrán ofertar, vender o comprar, libremente bienes, productos y hasta servicios, tanto en moneda extranjera como en bolívares ahora “soberano”. En verdad, se trata de legalizar algo que ya ocurre, pues es común que en centros comerciales del país, sobre todo aquellos de productos electrónicos o importados se venden libremente en dólares incluso en euros, así como para la transacción de compra de automóviles y muchos otros bienes, incluso la venta o el alquiler de inmuebles que ya en gran parte no se realiza en la moneda local”.
En fin, este decreto de liberalización de la tenencia y compraventa de divisas sería la señal, de una semidolarización de la economía, creando dos circuitos económicos separados: ciertos bienes de consumo popular a precios subsidiados y racionados, y una rápida y más amplia actualización de precios y mercado libre para el resto. Golpeando considerablemente el ingreso del bolsillo del trabajador y las penurias del pueblo.
Como afirma Milton D’León, editor de La Izquierda Diario y dirigente de la LTS, en un reciente artículo: “frente a la catástrofe que se vive, para que una supuesta “normalización económica” –ya sea la que presenta el gobierno de Maduro como la que propone también la oposición de derecha de la mano del imperialismo– no la paguen los trabajadores, la única alternativa es imponer mediante la movilización un plan de emergencia obrero y popular anticapitalista de salida a la crisis, que parta del no pago de la deuda externa para frenar semejante sangría de recursos, imponer la repatriación obligada de la enorme suma de dólares fugados (y que pasen a estar bajo control de los trabajadores y las comunidades, para combatir la irresponsable y corrupta administración de la burocracia estatal), establecer un control obrero y popular del abastecimiento y los precios, ejercido directamente por los propios trabajadores y comunidades, no por el gobierno, los empresarios ni los militares, y demás medidas de “salvación popular” que se imponen con urgencia”.
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