El segundo día de este mes, el juez Claudio Bonadío, envió un pedido de autorización al Senado, para allanar tres propiedades y el despacho en la Cámara alta de Cristina Fernández de Kirchner.
Se trata de la causa “de los cuadernos”, como se conoce a la investigación por la cual Bonadío dictó prisión preventiva a los 14 detenidos (ex funcionarios y empresarios), basado en los dichos de un chofer, ahora “arrepentido”, según el cual escribió 9 cuadernos con datos sobre los traslados de bolsos llenos de plata proveniente de la obra pública, que iban a enriquecer los patrimonios de algunos ex funcionarios kirchneristas y de Néstor y Cristina Kirchner.
Basándose en esos dichos y en fotocopias, porque los cuadernos originales todavía no aparecen, libró ese pedido, dirigido a Gabriela Michetti –presidenta del Senado-. Se trata de las propiedades que tiene en El Calafate, Río Gallegos y el departamento del barrio de Recoleta en la ciudad de Buenos Aires.
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Miguel Ángel Pichetto, el jefe del bloque del PJ en el senado, está negociando con Cambiemos para que ese pedido se trate en la Comisión de Asuntos Constitucionales (presidida por el senador Dalmacio Mera, que responde al gobernador Urtubey). Esa es su condición para tratar el pedido de Bonadío, poniéndole un freno a las intenciones de Micheti y Pinedo (PRO), para habilitar una sesión especial para este tema.
La vicepresidenta (que preside la Cámara) vio la oportunidad, de paso, de realizar la maniobra de que esa sesión especial se realizara el miércoles 8, el día en que se hará la sesión para discutir el proyecto de Ley por el aborto, legal, seguro y gratuito.
Lo más probable es que en Asuntos Constitucionales se obtenga dictamen y luego se trataría la autorización para realizar esos allanamientos, en sesión ordinaria. Pero el mismo PJ ya adelantó que a lo que no darán vía libre es a un eventual pedido de desafuero, salvo que haya sentencia firme para Cristina Kirchner.
Posibles hipótesis del origen de las causas
La importancia de esta causa radica en la crisis política que generó. Como planteó Carlos Pagni, es la primera vez que el Poder Judicial avanza en investigar “al universo privado”. Pero si se pretende ir al origen “de la tragedia”, hay dos posibles hipótesis que explicarían el porqué de este cimbronazo judicial y político.
Una es la que abona el mismo Pagni cuando se pregunta si Estados Unidos no estará interesado en esta historia y plantea esta investigación como un espejo del Lava Jato brasilero.
Detrás de esta mega causa brasileña, con ramificaciones en varios países de Latinoamérica, sí están los intereses de EE.UU., como forma de eliminar competidores –los grandes empresarios brasileños- y tener mayor injerencia en el vecino país.
Los argumentos para sostener esa hipótesis, sería que el imperialismo norteamericano, dada la guerra comercial que mantiene con China, estaría interesado en mostrar a ese país como asociándose a gobiernos corruptos. Varios de los empresarios detenidos (por ahora sin pruebas fehacientes, como los ex funcionarios), vienen de realizar millonarios negocios asociados a capitales chinos.
La otra hipótesis, que planteó el periodista de Página 12 Raúll Kollman, habla de que el objetivo último realmente es Cristina Kirchner y quienes la acompañaron en su gobierno y que para eso utilizan la prisión preventiva de los empresarios para que “prendan el ventilador”, o inventen denuncias con el fin de inculpar a quien es la principal competidora, en el terreno electoral, de Cambiemos.
Está por verse si alguna de estas dos ideas, explican esta movida judicial de Bonadío. Por estos días volvió a recorrer las redes la foto del año pasado de Sérgio Moro, Lorenzeti y Bonadío, cuando el juez de Brasil sostuvo un encuentro con jueces federales en Argentina.
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Además de Oscar Centeno, el hombre de los cuadernos, que se acogió a la figura de arrepentido, ahora es el empresario Juan Carlos Goycoechea -que se entregó el viernes último en Comodoro Py- quiere sumarse a esa condición.
Goycoechea fue el director en el país de la empresa española Isolux, que tuvo la adjudicación, en 2015, de la usina eléctrica de Río Turbio. Usina que nunca se puso en funcionamiento.
Al cierre de esta edición el diario La Nación, que presentó la denuncia vía el periodista Diego Cabot, presentó una entrevista que éste periodista le hizo al hombre que le entregó los famosos cuadernos, que siguen sin aparecer.
El hombre en cuestión, Jorge Basigalupo –retirado de la Policía- hizo un relato muy vago que no aportó nada, solo más interrogantes. Era amigo de Centeno, pero nunca supo que el suboficial del ejército pasó años escribiendo un relato de lo que veía, nunca supo el contenido de esos cuadernos. Y lo más llamativo: Cabot nunca le preguntó si sabía dónde están esos cuadernos.
Lo que sí está quedando claro, es que el Poder Judicial, en tándem con los servicios de inteligencia digitan causas, avanzan o no en investigaciones en función de intereses que por supuesto no son los de las grandes mayorías de la población. Intereses oscuros, de personajes oscuros.
Algo huele mal y no es en Dinamarca.
En un mismo lodo todos manoseados
Lo que nadie dice, en este show mediático, es que funcionarios –de todos los gobiernos- y empresarios siempre se enriquecieron haciendo negociados con el Estado, muchas acompañados a través de coimas y corrupción. La familia Macri conoce al dedillo esa relación conspicua. Entre los pergaminos del grupo económico de su familia está haber estatizado su deuda durante la dictadura cívico-militar y otras “proezas” como la del correo.
De hecho, entre los empresarios detenidos está Javier Sánchez Caballero, que supo ser Gerente General del SOCMA, la empresa de grupo Macri que luego fue vendida a IECSA, de Ángelo Calcaterra, primo de Macri.
Cuando de obtener ganancias siderales a costa de grandes negocios con el Estado, no hay grieta. De uno y otro lado empresarios y funcionarios, del color del gobierno que sea, están en un mismo lodo, todos manoseados.
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