El viernes 4 de agosto del año pasado, cuando Santiago Maldonado llevaba tres días desaparecido, dos hechos en apariencia inconexos demostraban que el Estado nacional lanzaba sus garras y sus mañas contra la familia y quienes pedían la aparición con vida del joven.
En Esquel la audiencia de habeas corpus fue una puesta en escena donde el juez, la fiscal y el comandante de Gendarmería se burlaron de Sergio Maldonado y de los organismos de derechos humanos.
Y en Buenos Aires los servicios de inteligencia planificaron y ejecutaron un ruidoso atentado con el objetivo de desviar la atención pública sobre la verdad de los hechos. Un supuesto grupo comando de encapuchados destrozó la Casa de Chubut, ubicada en el microcentro porteño.
La vorágine de los hechos puede haber provocado el olvido sobre muchos de los momentos vividos esas primeras semanas de incertidumbre, angustia y bronca ante la desaparición forzada de un joven solidario con la causa mapuche. Pero recordar algunos de esos hechos luego de un año puede ayudar a entender varias cosas. Sobre todo, de qué lado está cada quien.
Defensa de la Gendarmería
Con más de 48 horas de angustia e incertidumbre a cuestas, la mañana de aquel viernes 4 de agosto Sergio Maldonado y su compañera Andrea Antico fueron al Juzgado de Esquel, convocados por el juez Guido Otranto a la audiencia por la presentación del habeas corpus en favor de Santiago.
Lo primero que hizo el juez fue impedir el ingreso al despacho de Andrea. Aunque el hermano de Maldonado no haya ingresado solo (lo hizo junto a miembros de la APDH y de la Comisión por la Memoria, organismos que acompañaban la acción judicial) esa primera muestra de desprecio de Otranto fue lapidaria.
Aquella audiencia alcanzaría y sobraría para que Sergio supiera prematuramente contra quiénes se enfrentaba. “La fiscal parecía más bien la abogada de Gendarmería y el comandante Méndez, que es quien había participado del operativo, no había llevado el informe que le había pedido el juez”, recuerda en conversación con La Izquierda Diario.
Sergio agrega que en ese mismo momento le dio su número de teléfono a Otranto para que le informara sobre las novedades del rastrillaje que se realizaría al día siguiente en la Pu Lof. “Pero nunca me llamó, y después se excusó diciendo que yo no le había dejado ningún dato para ubicarme”, relata.
Su abogada Verónica Heredia recuerda que, cuando Sergio le contó cómo había sido la audiencia, se dio cuenta de inmediato cómo se presentaban las cosas. “Cuando se presenta una acción de habeas corpus en favor de una persona desaparecida, la audiencia es el punto central”, explica. Es que justamente ahí es donde “el juez debe obligar al funcionario responsable a que traiga a la persona y explique su situación o bien a que dé una respuesta concreta y documentada sobre el destino de esa persona”.
¿Pero qué pasó en esa audiencia del 4 de agosto? Méndez no llevó ninguna documentación. Cuando le preguntaron si sabía el paradero de Santiago respondió “lo desconozco” y le dijo al juez Otranto “mire doctor, nosotros hicimos lo que usted nos ordenó con su oficio 972”.
Para la abogada de los Maldonado, con esa respuesta el comandante de Gendarmería (y principal sospechoso en el asunto), le estaba cargando toda la responsabilidad al propio juez, quien ese día (y los siguientes) no tomaría ninguna medida concreta para saber qué pasaba con Santiago.
A lo anterior hay que sumar que ese mismo día Méndez presentó por mesa de entradas, no en la mano al juez en la audiencia, un papel donde informaba que a la Pu Lof habían ingresado solamente siete gendarmes, cuatro varones y tres mujeres. Algo falso, como quedó demostrado con fotos y videos capturados por la propia Gendarmería e incorporados al expediente donde se ve que son decenas de uniformados los que actuaron en la Pu Lof ese mediodía.
“Mintió, y eso está documentado. A partir de ahí todo mentira, una mentira permitida por el juez. Ese día se selló la suerte de lo que iba a suceder luego”, afirma Heredia.
El atentado ¿RAM?
A las 12:33 de ese viernes 4 de agosto, mientras en Esquel los Maldonado comenzaban su odisea judicial, Clarín publicaba una nota con el título “No hay detenidos | Atacaron la casa de la provincia de Chubut en Buenos Aires”. E informaba que el hecho había ocurrido a las 10:30 de la mañana y fue protagonizado por un grupo de veinte personas encapuchadas.
El director de la casa provincial, Germán Sahagún, denunciaba ante los medios “un ataque tipo comando. Entraron, rompieron y se fueron. No hicieron ninguna proclama o protesta en el lugar. Fue todo muy rápido”.
Clarín reprodujo declaraciones del gobernador Mario Das Neves: “Este ataque es la continuidad de lo que estamos padeciendo en Chubut pero parece que la Justicia no nos escucha. Estos grupos son los mismos que han atentado contra personas, contra La Trochita, cortando líneas de energía y quemando campos”.
Das Neves se refería puntualmente a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, según él “delincuentes que buscan generar el pánico bajo el pretexto que quieren la libertad de un sujeto que ya tendría que estar en Chile para ser juzgado por los terribles delitos que cometió”. Y se solidarizó “con la gente que todos los días trabaja en la Casa del Chubut y que ha sufrido momentos de pánico ante el ataque de este grupo que se está ramificando”.
“Fueron del RAM”, terminó diciendo Sahagún ante los medios desde el local destrozado de Sarmiento al 1100, a metros del Obelisco. Y mostraba las paredes escritas con aerosol donde se destacaban el tradicional símbolo del anarquismo y la leyenda “Aparición de Seba El Lechu”, en una muy imprecisa referencia a Santiago Maldonado.
La gobernación chubutense (en probable consulta con la Casa Rosada) llamó a dos o tres medios puntuales a los que les brindó toda la “información” del caso. Minutos después Infobae titularía “Un grupo de encapuchados destrozó la Casa del Chubut en Buenos Aires”, al tiempo que La Nación hacía lo propio titulando “Encapuchados causaron destrozos en la casa de la provincia de Chubut en Buenos Aires”.
Hasta el portal El Patagónico, con oficinas en Comodoro Rivadavia y perteneciente a los mismos dueños de C5N, Radio 10 y Ámbito, publicó “Grupo encapuchado identificado con el RAM provocó destrozos en la Casa del Chubut”.
Según las crónicas, a las 10:35 los atacantes ingresaron a la sede portando cargadas mochilas. Una vez adentro sacaron elementos contundentes para romper cosas y aerosoles. La mayoría llevaba capucha, solo dos mujeres tenían la cara descubierta. Entraron corriendo, hicieron un desastre y en tres minutos ya se había ido. “Entraron y salieron por los dos lados de la Casa; algunos en dirección a Cerrito y otros en dirección a Libertad”, relataba el director de la sede provincial.
Las mismas crónicas dijeron que la Policía llegó rápido pero los agresores se habían ido y se habrían dispersado entre la gente. Si bien no hubo detenidos, aseguraban que con el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona (algunas del Gobierno y otras de privados), no tardarían mucho en identificarlos y detenerlos.
Clarín agregaba que “fuentes a cargo de la causa sospechan -basándose en el modus operandi del ataque y a trascendidos de inteligencia- que el ataque puede haber contado con apoyo logístico y material de grupo Quebracho, aliado del RAM en Buenos Aires”.
A un año de aquellos hechos cuasi dantescos, la causa no avanzó ni medio centímetro, nunca se supo si se analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad y qué resultados se obtuvieron y el Ministerio de Seguridad no pudo informar sobre la identidad de uno solo de los supuestos atacantes. Sin detenidos ni imputados, el caso pronto pasó al olvido. Pero el discurso sobre la criminal RAM se afianzó un poco más.
Quienes llevan años defendiendo los derechos humanos y denunciando la criminalización de la protesta social no lo dudaron ni un minuto. Todo olía a podrido. O mejor dicho, a servicios de inteligencia en acción.
El mensaje lanzado desde el centro político del país era claro: el Estado iba a poner todos los recursos a su alcance para provocar que la sociedad desvíe su atención sobre el caso que había colocado a la mimada Gendarmería en el ojo de la tormenta.
Tan es así que en el mismo momento en que en Esquel el juez, la fiscal y el comandante Méndez se burlaban de la familia de Santiago desde las cloacas del Estado se ponía en marcha el plan para ensuciar al máximo el caso, demonizar a Santiago y cerrar filas con los criminales de uniforme.
Garras y mañas
Los hechos ocurridos cerca del Obelisco tuvieron una importante cobertura de parte de las corporaciones mediáticas. Pero su objetivo no estaba del todo cumplido. Los medios masivos, al menos los canales y radios más importantes, no pudieron dejar de cubrir la conferencia de prensa que por la tarde de ese mismo viernes estaba convocada en la sede porteña de la Federación Judicial Argentina.
Allí el otro hermano de Santiago, Germán Maldonado, encabezaría la denuncia de la desaparición forzada y exigiría la aparición con vida inmediata de su hermano. Lo haría rodeado de un amplio arco de organismos de derechos humanos como el CELS, la CPM, el CeProDH, Rosa Schonfeld (madre de Miguel Bru), Vanesa Orieta (hermana de Luciano Arruga) y miembros del Comité por la Libertad de Milagro Sala.
En la conferencia se exigió a “los gobiernos nacional y provincial” que respondieran “de manera urgente sobre la desaparición”. También se denunció la persecución sistemática e histórica a las comunidades mapuches de la Patagonia por parte del Estado.
Germán dijo en esa conferencia de prensa estar seguro que “a Santiago lo torturaron y lo descartaron o lo tienen encerrado y están esperando que las marcas de la violencia se pierdan para largarlo”. Y aunque el cuerpo haya aparecido el 17 de octubre y la autopsia haya determinado que la causal de muerte fue el ahogamiento por sumersión coadyuvado por hipotermia, lo cierto es que al día de hoy Germán, Sergio y el resto de la familia no saben dónde ni cuándo murió Santiago.
En aquella conferencia de prensa los organismos de derechos humanos convocaron a una concentración para el lunes 7 frente al Congreso Nacional para gritar bien fuerte “aparición con vida de Santiago Maldonado”. Sería la primera de innumerables movilizaciones, concentraciones y actividades por Santiago protagonizadas por cientos de miles de personas a lo largo y ancho de la Argentina.
Por esas horas las huestes de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad hacían un curso acelerado para evitar por todos los medios, legales e ilegales, que el caso se convirtiera en una amenaza para la gestión de Cambiemos, abocada a consumar un brutal ajuste sobre el pueblo trabajador. | 
