El fiscal Condomí Alcorta solicitó al Ministro de Seguridad Cristian Ritondo la intervención de la fuerza pública a fin de "preservar la prueba" según la denuncia que presentó la empresa.
La noticia causó gran preocupación entre los trabajadores y la comunidad, y se plantean autoconvocarse ante la posible militarización de la fábrica.
