En la madrugada del domingo 26 de febrero de 2006, Paulina fue vista con vida por última vez. Había salido con amigos a bailar a la zona del Abasto, festejaba que el día anterior había aprobado una materia. Paulina, con 23 años, era madre de una niña de 5 años y estudiante de Comunicación en la Facultad de Filosofía y Letras.

Desde la zona del Abasto, Paulina tomó un remise con Virginia. Su compañera de facultad se bajó en La Rioja al 400, y Paulina siguió el viaje con destino a la casa de su novio, César, en Estados Unidos al 1200. Pero nunca llegó.

Ese mismo día Alberto Lebbos denunció la desaparición de su hija. El ministro de seguridad Pablo Baillo y el jefe de Policía, comisario Hugo Sánchez, anunciaban cada día “importantes” operativos de rastrillaje en busca de un Duna bordo, el modelo y color del remise en la que se vio por última vez a Paulina. Según los anuncios, en los operativos participaban hasta los servicios de inteligencia heredados del bussismo, el D2. La investigación, a cargo del fiscal de instrucción Alejandro Noguera, se centró la víctima, en si existía un conflicto familiar por el cual Paulina “huyó”. Se anunciaban pistas en Jujuy, Salta y hasta hubo enviados a Rio Negro. En contraposición, compañeros y amigos de Paulina marchaban desde la Facultad de Filosofía hacia la Casa de Gobierno para exigir su aparición con vida.

El 11 de marzo fue encontrado el cuerpo de una joven, a la vera de la ruta 341 a la altura de Tapia, a 30 km de la capital tucumana. Fue hallado por los hermanos Marcelo y Sergio Goitea, alrededor de las 13 h, que dieron aviso al policía jubilado Hugo Rodríguez. Rodríguez se dirigió a la comisaria de Raco. El comisario de Raco Enrique García se encargó de las primeras actuaciones, mientras que Rubén Brito, jefe de la Unidad Regional Norte, se comunicó con sus superiores en la fuerza y en el Ministerio de Seguridad. La policía fue desplegada en la zona pero recién se notificó al fiscal a las 18 h. Alberto Lebbos fue llamado a las 20 h para reconocer el cadáver. El cuerpo se hallaba en un estado de descomposición avanzado, con mutilaciones en la zona vaginal y bucal, con el cuero cabelludo arrancado en su totalidad y las huellas digitales limadas. En la autopsia se determinó que Paulina murió asfixiada por estrangulamiento.

El encubrimiento policial

Tras confirmarse que el cadáver pertenecía a Paulina, Baillo -acompañado del secretario de Seguridad Eduardo di Lella y el jefe de Policía Hugo Sánchez- declaró: “Cumplimos con nuestro trabajo y encontramos a esta joven. En otros gobiernos, nunca se hubiera sabido que pasó con ella”. Se mostró “orgulloso” con el accionar policial (“No necesitamos del FBI”). Y en una ironía de mal gusto remató “quiero que quede en claro que aquí no hay impunidad ni protección para nadie, como sucedía antes”.

Alberto Lebbos salió al cruce de los funcionarios. "Lo único que hicieron fue investigarme a mí y a mi familia. No hicieron nada más. Fue una vergüenza. (…) Desde el Ministerio del Interior me dijeron que lo que necesitáramos lo prestarían, pero no, rechazaron todo. (…) "Mi hija era una persona normal, que hacía lo que todos los jóvenes. Era madre, estudiaba, trabajaba, salía a bailar, qué más le pueden pedir. La Policía intentó ensuciarla, siguió pistas falsas y, al final, me la entregaron muerta". Lebbos renunció a su cargo como subsecretario de Juventud. Alperovich respaldó a Baillo.

El accionar que enorgulleció al ministro Baillo comenzó con la falsificación de actas en el lugar donde se encontró el cuerpo de Paulina. En el pedido de elevación, el actual fiscal Diego López Ávila considera que tanto di Lella (secretario de Seguridad Ciudadana en 2006) como los comisarios Hugo Sánchez y Nicolás Barrera (ex jefe y ex subjefe de Policía en 2006, respectivamente) y Rubén Brito (jefe de la Unidad Regional Norte en 2006) fueron participes de encubrimiento.

En diciembre de 2013, Enrique García, Manuel Yapura y Roberto Lencina (comisario y policías de Raco en 2006) fueron condenados por encubrimiento agravado. Durante el proceso, los ex policías declararon que Barrera y Brito habían dado la orden falsificar las actas. Además, acorde a otros testimonios, habría implicancia de di Lella y Sánchez. En testimonios también se señaló que Di Lella, Sánchez, Barrera y Brito querían llevarse el cuerpo sin realizar pericias y sin mediar orden judicial. Además se señaló el ocultamiento de fotografías y la falsificación de firma de testigos.

El encubrimiento judicial

El 19 de abril de 2006, una imagen valió más que mil palabras. El entonces fiscal de la causa Alejandro Noguera fue fotografiado saliendo de una reunión nocturna en la casa de Alperovich. Noguera justificó su presencia al declarar que necesitaba “recursos” para la investigación. Tras el escándalo fue separado de la causa. No obstante ascendió en su carrera judicial, ahora se desempeña como fiscal en la Cámara de apelación.

El fiscal Carlos Albaca estuvo a cargo de la causa desde abril de 2006 hasta 2013. Durante esos casi 7 años la investigación no prosperó y de hecho se entorpeció. Inclusive una muestra de ADN falló porque no fue conservada apropiadamente durante estos años. Los cruces entre llamadas perdieron efectividad, así como cualquier allanamiento. El accionar de Albaca fue defendido en su momento por el ministro Fiscal Luis De Mitri.

Albaca se movió en un total secretismo, incluso Alberto Lebbos, querellante en la causa, nunca pudo acceder a leer el expediente. Sin embargo, tras años de silencio declaró que no se había podido comprobar que Paulina haya sido asesinada. No descartó que se haya tratado de una muerte natural que podía obedecer a 1) un ataque de asma combinado con ingesta de alcohol y/o otras sustancias tóxicas, 2) práctica de la autoasfixia durante la masturbación, y 3) asfixia con una pareja. Además atacó nuevamente a Paulina, “Lebbos tenía tendencia a las relaciones sexuales casuales, en ocasiones era ‘intrépida’ y capaz de emprender acciones temerarias”. “La mató por segunda vez”, declaró su padre.

En tiempo record, Albaca logró juntar los aportes para poder jubilarse en agosto de 2014, con el 82% móvil. Con una jubilación de $52.000 mensuales, evadió un proceso de destitución que iniciaría la comisión de Juicio Político de la Legislatura. De Mitri también se jubiló con $60.000 mensuales. El alperovichismo en la Legislatura ya había desestimado un pedido de juicio político.

Los “hijos del poder” y el encubrimiento político

Durante marzo y abril Alperovich buscó mostrarse preocupado y pendiente por la investigación del asesinato de Paulina. Inclusive llegó a declarar que él sabía el nombre del asesino y que pronto se lo iba a apresar. A pesar de reunirse con el fiscal Noguera o de durante estos años haber nombrado a un 70% de jueces y fiscales, Alperovich siempre sostuvo que no era obligación del poder ejecutivo aclarar el crimen.

Sin embargo, el crimen de Paulina apuntó al corazón del régimen político tucumano. A las denuncias en el encubrimiento policial, la complicidad del poder judicial se sumó la denuncia a los “hijos del poder”. Testimonios hablan de que Paulina murió en una fiesta de los “hijos del poder” en el dique El Cadillal o en Raco. A partir de su muerte se pusieron en marcha los mecanismos de impunidad que incluirían a barrabravas, policías y funcionarios.

Se señaló así a Gabriel Alperovich, hijo mayor de Alperovich, y a Sergio Kaleñuk, hijo de Alberto Kaleñuk. En febrero de 2006, Kaleñuk se desempañaba como secretario privado de Alperovich. La mano derecha del gobernador fue en la década del ’90 jefe de la regional Tucumán de Gendarmería. El 30 de octubre de 1999 asumió como jefe de Policía en el gobierno de Julio Miranda, pero duró poco en el cargo. En febrero del 2000 renunció al conocerse una denuncia en la que se lo implicó por la desaparición y venta de mercadería que Gendarmería decomisaba en los operativos. Kaleñuk fue acusado por la desaparición de más de 1.700 bultos. Estuvo prófugo un mes y, tras presentarse a la Justicia, cumplió cuatro meses de prisión preventiva. En 2012 fue sobreseído ya que la causa no avanzó por falta de investigación.

Pero además Alperovich respaldó a quienes actuaron como encubridores. En un primer momento respaldó a Baillo. Éste renunció al ministerio de Seguridad pero continúa cobrando un sueldo como “asesor”. El entonces secretario de Seguridad Di Lella continuó en su cargo por años. Rubén Brito fue promovido de jefe policial de la Regional Norte a Jefe de Bomberos, actualmente jubilado. Enrique García, entonces comisario de Raco, fue ascendido a jefe de Logística de la Policía. Hugo Sánchez y Nicolás Barrera, entonces jefe y subjefe de la Policía respectivamente, continuaron entonces en sus cargos hasta jubilarse en 2011. Su última actuación fue la participación de un autoacuartelamiento policial por motivos salariales.

En el actual pedido de elevación a juicio, el fiscal López Avila descarta la hipótesis de los “hijos del poder”. Un ADN frustrado porque la prueba no se conservó, una casa “fantasma”, y llamados por el resultado de un clásico San Martín – Atlético, son coartadas que resultan inverosímiles para cualquiera que haya seguido el desarrollo de estos 9 años de impunidad. La impunidad del crimen de Paulina deja al desnudo los engranajes de un régimen podrido.