Torpezas para todos los gustos. Desde una senadora sanjuanina que votó en contra por no haber leído el proyecto, pasando por un médico mendocino que, en las audiencias públicas, negó la efectividad de los preservativos, hasta la brutalidad de un salteño que afirmó "hay casos en los que la violación no tiene violencia sobre la mujer".
Y ganaron las torpezas.
El punto en cuestión es que uno de los órganos republicanos no puede darse el lujo de fundar su accionar – y su negativa a rechazar proyectos de leyes – en torpezas.
Y el Senado de la Nación cometió varias. La primera, fue la ignorancia. La gigantesca falta de preparación, de estudio y análisis de los argumentos quedó en evidencia. Y si se le suman las falacias teístas, mucho más.
Pero no sólo ignorancia por falta de preparación, sino ignorancia fundamentales normas de orden público, como por ejemplo la ley 26.485 de protección integral de la mujer.
Es esa ley la que introdujo en el ordenamiento constitucional argentino, la perspectiva de género, integrando a su articulado convenciones internacionales sobre derechos humanos.
El debate también abrió otras puertas. La necesaria derogación de prebendas eclesiásticas; la indispensable separación entre Estado e iglesia
Las consecuencias negativas de aquella conducta son muy graves. El desconocimiento del bloque de constitucionalidad - donde sobresalen, las convenciones que protegen a las mujeres, como CEDAW y Belem do Pará -, del artículo 3 inciso d) de la referida ley que reconoce el derecho de las mujeres a "decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos”, son algunas de ellas. Sí, se leyó bien. Esa ley, otorga el derecho a las mujeres a disponer de su cuerpo. Y esa norma debió haber sido integrada al proyecto IVE.
Ignorancia en perspectiva de género – como categoría de análisis -; ignorancia de convenciones internacionales sobre derechos humanos de las mujeres, e ignorancia de leyes de orden público, dieron forma a esta primera torpeza institucional.
La segunda, vino de la mano. El Senado de la Nación quedó marcado como un órgano que avala y genera violencia institucional, en los términos consagrados por el artículo 6 de la ley 26.485.
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En efecto, si por violencia institucional contra las mujeres se entiende “aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley”, no hace falta estar muy despiertos para afirmar que el rechazo al proyecto IVE ha sido un ejemplo más de violencia de parte del Estado argentino contra las mujeres, que podría generar responsabilidad internacional por las obligaciones asumidas y no cumplidas.
Y no contentos con la ignorancia y la violencia institucional, la tercer torpeza cometida fue afianzar el sistema político, social, económico y cultural de sojuzgamiento y subordinación de las mujeres, comúnmente llamado patriarcado.
Los 38 votos en contra del proyecto conformaron el afluente legislativo a ese sistema, el mismo que defendía el genocida Videla cuando vociferaba defender el “estilo de vida occidental y cristiano”.
El debate también abrió otras puertas. La necesaria derogación de prebendas eclesiásticas; la indispensable separación entre Estado e iglesia; la consolidación de la laicidad son indicadores políticos y sociales imprescindibles para la democracia y que la sociedad deberá debatir para vivir con más libertad.
No hay punto final para la defensa del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Sólo se abre un intervalo para reacomodar fuerzas, potenciar la masa crítica y reprogramar el activismo social.
Será ley.
Carlos Lombardi.
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