Este es el listado de problemas de la EP N° 9 de General Rodríguez. En manuscrito, una docente compartió la triste enumeración. Muchas listas así están recorriendo la provincia. “Todas las escuelas tienen pérdida de gas, tienen algún problema de electricidad, están colapsadas de chicos. Le dan importancia a la matrícula y no se fijan que los pozos ciegos se llenan. En la EP N° 12 he entrado a la cocina y están chapaleando en la caca y el pis porque entra por la rejilla de la cocina lo del pozo. Ya no hay más lugar para hacer pozos, tendrían que hacer cloacas”, agregó la misma maestra que también cumple funciones en ese establecimiento.

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La tarde del 2 de agosto, día de la explosión en Moreno, la comunidad educativa de General Rodríguez movilizó al Consejo Escolar. El viernes por la mañana hubo otra marcha y luego una reunión con el consejero Ariel Martínez. Allí se exigió la realización de una reunión de la mesa de la UEGD (Unidad Educativa de Gestión Estatal) y la presencia de un inspector. Ante el reclamo de docentes, directivos, padres, madres y estudiantes, se logró que los funcionarios Martínez y el inspector Gabriel Leuenberger, firmaran un acta en la que reconocieron la inhabitabilidad de la mayoría de las escuelas de la localidad por la existencia de riesgo para estudiantes, docentes y no docentes.

Tal reconocimiento seguramente no les fue gratuito a los ojos de la administración local y provincial. Tras la reunión, se supo que Leuenberger denunció haber sido “presionado” por docentes, que había firmado los papeles bajo presión. Finalmente tuvo que pedir disculpas por sus dichos y se rectificó.

Movilización al Consejo Escolar del 3 de agosto

En el punto 5 del acta firmada se dejó sentado además, que docentes y directivos no están dispuestos a seguir soportando aprietes para abrir las escuelas. “Lo pusimos de manifiesto. Que no haya ningún inconveniente para que un docente diga acá hay un problema y se cortan las clases, porque cortar las clases es salvar vidas, no es otra cosa” relató Nazareno Conde de Suteba, en una entrevista a Milenio Media.

El domingo 5 de agosto, previendo la postal de casi todas las escuelas cerradas, el inspector regional envió una nota diciendo que el acta labrada no tenía efecto. El gobierno intentó impedir la medida, pero finalmente el lunes 6 directivos de las escuelas definieron no abrir los establecimientos amparados en el reglamento 2299, (Reglamento General de Instituciones Educativas de la provincia de Buenos Aires).

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La mañana de ese lunes se labraron actas en las escuelas y se presentaron en la sede de inspectores, que funciona en la Casa de la Cultura. Allí se dio continuidad a la mesa de la UEGD. Se fueron adjuntando todas las actas donde constaba el estado de las escuelas. Se presentaron decenas de listas, como la de la EP N°9, con el detalle del desastre en los edificios. Las actas se fueron apilando y conformaron la documentación respaldatoria por la que directivos de casi 70 escuelas cerraron las puertas.

“Al comienzo de la reunión había 14 escuelas con problemáticas de gas. A medida que se fueron sumando las actas se fue visualizando el problema general. Los problemas en las instalaciones de gas son lo más preocupante en principio, pero también llegaron notas de escuelas con problemas de electrificación”, comentó Kindernech.

El 12 de agosto la concejala del distrito Claudia Guerra, confirmó al sitio El Disenso el cierre de 20 jardines de 23, 22 primarias de 24, 22 secundarias de 24, 2 escuelas especiales de 3 y el centro educativo complementario.

Acta firmada por funcionarios de General Rodríguez

¿Cómo abrimos las escuelas mañana?

La situación de General Rodríguez no pasó inadvertida por el Gobierno provincial. No por la gravedad de la situación, imposible de negar por lo menos desde que se estableció la emergencia educativa. Probablemente por el alcance de los cierres de escuelas, por el proceso que movilizó a toda la comunidad educativa y embretó a los funcionarios locales, el ministerio de Educación bonaerense decidió ocuparse rápidamente del problema. ¿Arreglando los edificios? De ninguna manera.

El miércoles 7 “fuimos citados por la Secretaría Administrativa del Ministerio de Educación como federación” relató a Radio 10 Fabián Petrecca, gasista matriculado titular de AIGASRA, (Asociación de Instaladores de Gas, Agua y Sanitarios de la República Argentina) Esta organización pertenece a una federación nacional, FEIGAS (Federación de Instituciones de Instaladores de Gas), que nuclea a diversas asociaciones de gasistas provinciales. Al día siguiente, representantes de FEIGAS se reunieron con Diego Taurizano, de la Subsecretaría Administrativa; Francisco Pigretti, de la Dirección General de Administración y Lucas Fornari, de la Auditoría General en la capital bonaerense.

“En La Plata tuvimos un debate porque llevamos una propuesta que a ellos no les interesó, nos dio mucho trabajo que nos escucharan. (...) Tenían una cosa sola en la cabeza: cómo abrimos las escuelas mañana. Lo único que les interesaba era eso (...) Querían que cortáramos el gas y que los chicos vuelvan al colegio con el gas cortado”.

Petrecca sostuvo que eso es “lo que está sucediendo, se está cortando el gas en todos los edificios con el objetivo de decirles a los directivos ‘listo no hay más problemas, vuelvan a la escuela y después vemos’. Nosotros fuimos con una propuesta seria de búsqueda, de encontrar el problema y dejarlo certificado para que ellos tuvieran claridad en cómo debían intervenir y qué tenía premura”.

Cuando la cuadrilla de gasistas de FEIGAS llegó al territorio de General Rodríguez se encontró con una situación absolutamente caótica. Según relata Petrecca, había gasistas sueltos que no se sabe si son matriculados o no y si cuentan con la categoría correspondiente para intervenir en este tipo de edificios. Había una empresa contratada trabajando (MyM). Un ex funcionario municipal dirigía el operativo y quería dar órdenes a los gasistas, en calidad no se sabe de qué, entre otras irregularidades y hostilidades.

“Se suponía que nosotros íbamos a tomar las riendas del consejo escolar de General Rodríguez. Íbamos a dirigir el operativo para revisar las escuelas porque veníamos en nombre de nuestra asociación y de la federación y por lo tanto íbamos a controlar que eso se hiciera decentemente. Nos encontramos con un caos donde cualquiera metía la mano. No seguimos porque no vimos condiciones de hacer un trabajo serio. Nos fuimos”.

El Gobierno tuvo que garantizar condiciones para que FEIGAS no se retirara y siguiera con el trabajo. El reparo de los especialistas es absolutamente comprensible, si se atiende al hecho de que en Moreno, la figura del gasista que intervino en la escuela 49 es el chivo expiatorio con el que la gestión de Vidal intenta desligarse de su responsabilidad política. Petrecca fue categórico. “Encontramos un abandono muy grande” manifestó y agregó que “tienen que revisar la electricidad porque las escuelas de General Rodríguez no tienen jabalina a tierra”.

Vayan sabiendo, de onda...

El relato de Kindernech y Petrecca coinciden. Según la delegada “ahora la lucha sigue porque empezaron a venir supuestamente matriculados, pero que son de la municipalidad, que no son de la provincia, que no tienen la matrícula que corresponde. Hay mucha desconfianza de la comunidad educativa sobre cómo están haciendo ese trabajo. Están las clases suspendidas desde el lunes de la semana pasada. Siguen suspendidas y no sabemos cuánto tiempo más. Una de las cosas que trascendió en los medios locales es que pretenden iniciar las clases con las llaves de gas cerradas y que volvamos a las escuelas sin gas. Supuestamente garantizarían alguna vianda para aquellas escuelas que tienen comedor escolar. Además de las fugas de gas que es lo más relevante hoy hay una situación muy compleja con todo lo que es la electricidad”.

FEIGAS labró actas en los edificios donde intervino, con registro fílmico y fotográfico y con el acompañamiento de docentes y directivos. Según el gasista todas las actas fueron presentadas a las autoridades escolares municipales y provinciales. El Estado debería notificar a las empresas prestadoras, en este caso a Gas Fenosa. Los cierres de gas que pueden implementar los matriculados que van a los edificios es provisorio, consistente en girar una llave de paso que cualquiera podría ir y girar en sentido contrario después. En cambio, la prestadora podría cortar el suministro de forma total. ¿Por qué Vidal no hace intervenir a la prestadora? La hipótesis de Petrecca, tiene que ver con costos. Si interviene Fenosa, la cosa sería más seria y habría que ir más a fondo.

La Escuela Secundaria (EES) N°3 presta parte de su edificio a la EP N° 22, lugar donde ocurrió la explosión en la cocina a principios de julio. Luego de aquel hecho estuvieron varios días reparando las instalaciones. Las clases continuaron hasta el receso escolar. El primer lunes después del receso se suspendieron las clases por riesgo eléctrico. El martes 14 la directora notificó que había otra vez olor a gas en el edificio de la EES N° 3.

Imágenes de la escuela donde una cocina explotó el 4 de julio

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Este jueves en La Matanza, María Eugenia Vidal salió a anunciar que en 2019 habrá 6.500 nuevos policías patrullando las calles de la provincia. Horas antes del anuncio, entre la información que recibía este diario, un dato dejó en claro cuáles son las prioridades de la gobernadora: “Nos dijeron que el Gobierno va a arreglar solo en los lugares que sea barato. Que en casos donde hay que cambiar muchos caños no iban a gastar ahora tanta plata, que esa era la orden desde la provincia. Un gasista nos lo dijo de onda”.