Luego de 14 años, la auditoría del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina se desarrolla en un contexto cargado de tensiones y una economía con más complicaciones que las que tenía al momento del acuerdo por un préstamo stand by de U$S 50.000 millones con el organismo.
Con el dólar a U$S 30,72 en el mercado minorista y en el trance de una nueva corrida cambiaria cuyo desenlace aún no está definido, la comitiva dirigida por el italiano Roberto Cardarelli se reunirá con los ministros de Hacienda Nicolás Dujovne y el presidente del Banco Central, Luis Caputo (ex ministro de Finanzas), que deberán rendir cuentas de los variados desequilibrios no resueltos - y hasta empeorados - para aspirar a un nuevo desembolso por otros U$S 3.000 millones el 15 de septiembre, de acuerdo a lo estipulado en el acuerdo.
Si el FMI se viera tentado a frenar los desembolsos las recetas que el gobierno tiene en perspectiva sólo contienen más de lo mismo: mayores recortes presupuestarios que deberá consensuar con los gobernadores de cara a su discusión en el Congreso en septiembre y más recesión para frenar los precios. De esta forma, apuntará a calmar las ansias del gran empresariado y los especuladores que no confían en que el gobierno pueda cumplir con los pagos de vencimientos de deuda y garantizar su plan económico de ajuste.
Dujovne y Caputo no hicieron la tarea (¿o la hicieron demasiado bien?)
Entre los desequilibrios más sobresalientes se encuentra el descontrol inflacionario, uno de los principales focos de atención del organismo, y que frente al último salto del dólar termina de tirar por tierra toda aspiración de cumplimentar al menos la "meta superior" de 32 % anual hacia fin de año.
Si antes de la última corrida que llevó al dólar de $ 28 a casi $ 31 las expectativas de precios pronosticaban una gran probabilidad de perforar el límite máximo de 32 %, ahora es casi una certeza. Las expectativas de inflación que releva el Banco Central, siempre muy sesgadas por la propia política de la entidad, preveían un 31,8 % anual. Los datos de julio serán difundidos precisamente mañana por el Indec y se espera que agreguen otro 3 % mensual al acumulado de 16 % hasta mitad de año.
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Por su parte, el riesgo país que mide la banca J.P. Morgan - hasta ayer nomás un socio amigo del gobierno de los CEO - alcanzó 748 puntos básicos (su máximo desde inicios de 2015), agregando una cuota de mayor incertidumbre y encarecimiento del crédito público.
El gobierno señala a la crisis turca y a las tensiones comerciales internacionales, principalmente entre Estados Unidos y China, como los motivos centrales de la inestabilidad cambiaria y financiera reciente. Pero lo cierto es que la Argentina mantiene problemas estructurales en su economía que la convierten en uno de los países más sensibles a los factores exógenos. Entre ellos, el abultado déficit en cuenta corriente, el salto en el endeudamiento público, el ritmo creciente de la fuga de capitales, entre otros.
La situación de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) es otro de los datos que expresan los problemas externos. Se perdieron U$S 6.404 millones de dólares desde que se firmó el acuerdo, una sangría no menor si se tiene en cuenta que la mitad del primer desembolso del crédito (U$S 7.500 millones) se utilizó supuestamente para engrosar las arcas de la autoridad monetaria, pero terminaron en los bolsillos de especuladores de la timba financiera y acreedores de deuda.
Según algunos trascendidos, los funcionarios del Banco Central habrían conseguido una autorización para que el Fondo flexibilice los límites al uso de reservas para intervenir en el mercado cambiario, con el objetivo de evitar el impacto que tendría un eventual aluvión de operaciones los días de vencimiento de Lebac, como por ejemplo en el"supermartes" del día de hoy. Para ello, además, el gobierno ya anunció la subasta extraordinaria de U$S 500 millones (diez veces el ritmo previo) para contener la posible huída hacia la moneda fuerte.
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Pero el aspecto clave para el examen ante el Fondo Monetario es, naturalmente, el seguimiento del déficit fiscal primario (sin considerar los intereses de deuda pública), que según el acuerdo no deberá superar el 2,7 % del PBI (o $ 362.500 millones). Semanas atrás el ministro Dujovne se mostró confiado en que será un escollo fácil.
Sin embargo, la devaluación del peso por fuera de los márgenes estipulados de contención alrededor de $ 28 podría implicar una recesión aún más aguda de la ya encarrilada gracias al ajuste fiscal y la devaluación acumulada en el año. Este factor es un arma de doble filo para poder mantener a raya la disminución del déficit fiscal a costa de recortes presupuestarios sin afectar los impuestos que recaen sobre los grandes empresarios (retenciones a las exportaciones, impuesto a las ganancias, bienes personales, entre otros).
Además, el déficit primario al no contabilizar los intereses de deuda, oculta la verdadera magnitud de los desequilibrios fiscales provocados por la propia dinámica viciosa de la deuda que ya duplicó su peso en el presupuesto y que se multiplica sobre la base del rescate a los especuladores que hicieron millonarias ganancias con la timba de las Lebac.
El monitoreo exhaustivo del FMI sobre el déficit fiscal no se vincula con un intento de atacar al problema económico de fondo, sino que apunta a garantizar a los acreedores financieros internacionales el cobro de sus créditos en el país, así como el disciplinamiento económico y social de las mayorías tras medidas recesivas y devaluatorias que garanticen un abaratamiento de la fuerza laboral local.
Aún si el gobierno lograse controlar esta semana el tipo de cambio con el combo de medidas monetarias implemetadas y bajo la supervición y el aval del Fondo Monetario, no podrá contener el agravamiento de los profundos desequilibrios de la economía, mayormente autogenerados por las políticas en favor de las patronales y el capital financiero. | 
