Rodrigo Medina, ex gobernador de Nuevo León entre 2009 y 2015, había sido investigado por ejercicio indebido de funciones, luego de sospechas de irregularidades descubiertas en los incentivos otorgados a la armadora KIA Motors, por 3,600 millones de pesos y exenciones de tasas fiscales que superaron los montos fijados por la ley, para que instalara una planta en el municipio de Pesquería.
Aunque ahora un juez de control definió no vincularlo a proceso, aun está pendiente una acusación por uso indebido de un helicóptero estatal y se prevé que próximamente se emita el dictamen correspondiente, aunque el exgobernador ya tiene un amparo.
Por este caso, Rodrigo Medina pasó sólo 19 horas en el penal de Topo Chico en enero de 2017. Pero rápidamente obtuvo su libertad ya que su defensa alegó que se había violado un amparo que tenía concedido previamente. La misma "justicia" que lo liberó es la que mantiene en las cárceles a activistas sociales del campo y la ciudad y en la impunidad a los políticos al servicio de los empresarios.
Por su parte, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón –expriista y excandidato independiente a la presidencia en las elecciones de julio pasado–, ante la resolución judicial de no vinculación a su antecesor, declaró que seguirán “todas las instancias que tengan que darse”.
El actual gobernador se rasga las vestiduras, pero su propio gobierno, uno más al servicio de los empresarios, gusta de los favores de éstos. Desde el uso del avión privado del constructor Fernando Maíz en 2015 para trasladarse a Guatemala y Colombia, el uso de un lujoso edificio propiedad del empresario Salomón Marcuschamer para dar su primer informe de gobierno, y su viaje de 2016 a China y Corea patrocinado por KIA. Ahora, tras su participación en los comicios recientes fue denunciado por lavado de dinero, desvío de fondos públicos y delitos electorales. | 
