Una de las primeras demandas que exigía el movimiento de mujeres, a través de lo que se llamó #NiUnaMenos, no solo era la necesidad de que el Estado utilizara todas las herramientas necesarias para intentar paliar en alguna medida este flagelo, sino que además se exigía la creación de un registro de los femicidios cuyos datos permitieran avanzar en la implementación de diferentes políticas públicas destinadas a la prevención de la violencia machista.
En este sentido el Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación dio a conocer por estas horas un informe correspondiente a los seis primeros meses del año.
Pero debido a que, justamente, esos registros todavía no están creados a nivel nacional, los datos consignados en dicho informe se basan en noticias obtenidas en diferentes portales de noticias de Internet y en las secciones “policiales” de medios nacionales, provinciales y locales.
El primer dato con el que nos encontramos en el informe es que desde el 1 de enero de este año hasta el 30 de junio se registraron 139 víctimas de femicidio, que incluyen cuatro transfemicidios.
Si bien la violencia machista, en lo que va del año, tuvo una leve disminución respecto del año pasado, la cifra sigue siendo muy alta. Además no podemos pasar por alto un dato y es la muerte de cuatro chicas travestis. Algo que no sucedió en el 2017.
El informe además da cuenta de que se pudo detectar, en estos casos, la relación preexistente entre la víctima y el femicida, confirmando lo que señalan todos los estudios sobre violencia de género: la mayoría de los crímenes se producen dentro de una relación de pareja o en el seno familiar.
El 70 % de los femicidios ocurrieron en la casa de la víctima, la prueba concreta de que el lugar más peligroso para la mujer es su propia casa. De ahí que sea tan importante que el Estado garantice “hogares refugio”, donde las mujeres puedan permanecer luego de denunciar a su agresor.
La consecuencia inmediata por la falta de un lugar seguro para ella y sus hijos es que tampoco haga la denuncia correspondiente. De ahí que 72 mujeres, el 50%, no concurrieron a ninguna oficina ni comisaría para dejar constancia de la violencia a la que se estaban enfrentando.
Aún así, hay mujeres que deciden romper con ese círculo de violencia, concurren y denuncian a sus parejas o ex parejas. Por eso el informe confirma que 27 de ellas dieron cuenta de esto. Sin embargo, el Estado que lejos de estar ausente es cómplice, no pudo evitar que los femicidios se produjeran.
Del total de los femicidios, 38 se produjeron con armas de fuego. Un dato no menor si tenemos en cuenta que, a pesar de que los casos que incluyeron en este informe se encuentran en una etapa de investigación, se pudo detectar un alto número de femicidas pertenecientes a las fuerzas de seguridad.
La muerte de 139 mujeres es un hecho lamentable, pero también lo es lo que fríamente se denominan “víctimas colaterales”, que no son ni más ni menos que los hijos, en este caso 55 niños que se quedaron sin su mamá.
El día martes Elizabeth, una joven de 34 años, murió a causa de un aborto practicado en la clandestinidad. Esa violencia por la que una mujer no tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, se suma a la violencia machista cuyo último eslabón es el femicidio.
El enorme movimiento de mujeres que visibilizó la violencia machista y que se transformó en una marea verde que instaló el debate por la legalización del aborto seguro, legal y gratuito, hoy más que nunca debe seguir luchando.
Porque nos queremos vivas y porque no queremos morir por un embarazo no deseado ni a manos de un varón que nos cree su propiedad. |