El 19 de abril estallaron las protestas sociales contra las reformas al Seguro Social. La represión de los grupos paramilitares y la Policía Nacional ha causado al menos 450 muertos, según organismos de derechos humanos y organizaciones sociales en Nicaragua. A pesar de que el gobierno de Ortega solo admite 198 muertos y los achaca a los manifestantes, las movilizaciones y el rechazo a su gestión continúa expresándose en las calles a nivel nacional.
Entre los presos políticos se encuentran tres de los principales dirigentes del Movimiento campesino de Nicaragua; Pedro Mena, Medarno Mairena y Silvio Pineda, detenidos desde hace un mes de manera injusta. Mientras se realizaba la primera audiencia contra los campesinos –sin la presencia de sus familiares y abogados–, distintas organizaciones se movilizaban bajo la denuncia sobre las arbitrariedades de su caso y de todos los presos políticos, entre las que se encuentran 18 mujeres.
Esta segunda marcha nacional para exigir la libertad de los presos políticos también se pronunció por la libertad de Brandon Lovo Taylor y Glen Abrahan Slate, procesados por terrorismo y asesinato al ser indiciados como supuestos autores de la muerte del periodista Ángel Eduardo Gahona López el pasado 21 de abril en la ciudad de Bluefields. Familiares de los jóvenes de origen afrodescendiente, aseveran que hay elementos de racismo en el caso, pues desde hace tres meses permanecen aislados.
Distintas organizaciones de derechos humanos han indicado la importancia de mantener la denuncia sobre las detenciones ilegales y que el sistema judicial obstaculiza una defensa legal adecuada, ya que restringe el acceso a audiencias con presencia de abogados y organizaciones de la sociedad civil, y se niega información sobre el estado de salud de las personas detenidas.
Francisca Ramírez, del Movimiento campesino, ha señalado que “a pesar de que la persecución continúa” contra los campesinos, “seguiremos luchando por un país donde no nos gobierne un asesino como es Ortega”.
Sandra Ramos, actual directora del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, quien además participa de la mesa de “diálogo nacional”, señaló la presencia de expedientes judiciales ficticios, creados para sancionar a los nicaragüenses que participan desde hace tres meses de las masivas protestas contra el gobierno orteguista.
“Estamos en la calle, jóvenes, mujeres, personas de la tercera edad e incluso niños en la calle reclamando por la libertad y exigiendo la libertad de Pedro, de Medardo, de todas las mujeres que están presas injustamente como Irlanda Jérez, Elsa Valle y de todos los presos políticos. Contra un sistema de justicia amañado” explicó.
También distintos periodistas y medios de prensa independientes a nivel nacional han reiterado su compromiso de seguir realizando su labor, a pesar de las amenazas de muerte y la persecución abierta que Ortega ha instalado en todo el país. En rueda de prensa, mencionaron que los corresponsales de casi todos los medios de comunicación no oficialistas han sido blanco de una campaña de difamación y realizan su trabajo en “bancarrota”.
Por su parte, Daniel Ortega en pleno día de protestas presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de reforma al Presupuesto General de la República, que significará un recorte de 7 mil millones de córdobas. Además de referirse a los protestantes que ejercen el legítimo derecho a la libre manifestación como grupos de “golpistas y terroristas que han dañado la economía”, prometió que la drástica reducción “no se afectará la capacidad de trabajo y de servicio de las instituciones”, y en especial señaló las del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional.
La medida se da en el marco de la reciente creación del “grupo de trabajo” que la OEA creó para establecer una “solución” a la crisis de Nicaragua, la cual celebrará este jueves su primera reunión según informó el representante permanente de Estados Unidos ante el organismo continental, Carlos Trujillo. Los países que integran este “grupo de trabajo” para Nicaragua son: Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Panamá y Perú.
Sin embargo, se trata de una nueva “presión” por parte del gobierno de Estados Unidos por medio de la OEA y la ONU, para establecer una “salida pactada” a la crisis y de desvío del descontento social, ya que el imperialismo estadounidense busca una salida favorable a sus intereses políticos y económicos, manteniendo su dominio en toda la región del istmo centroamericano y de América Latina como su enorme patio trasero.
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