En conferencia de prensa, representantes de los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron una nueva estrategia de combate a los cárteles de droga en nuestro país. Esta estrategia incluye el establecimiento de un equipo de trabajo para "combatir a los cárteles de la droga en México, sus líderes y redes financieras" y, por esa vía, "frenar el flujo ilegal de drogas" a Estados Unidos desde su frontera sur.
El gobierno estadounidense informó en marzo del 2017 que las cifras de adicción a opiacéos en su territorio son comparables con la crisis de los años 80. En 2016, 64 mil ciudadanos murieron a causa de una sobredosis.
Directivos de la Agencia de Estados Unidos para el Control de Drogas (DEA) señalaron que este equipo se enfocará en estructuras financieras de los cárteles, así como en la investigación de objetivos "de alto perfil". Por parte de la comisión mexicana, funcionarios de la Procuraduría General de la República respaldaron el anuncio.
Rutas del mercado de drogas y armas son otros de los objetivos de esta nueva alianza.
Este acuerdo marca una nueva etapa en la llamada guerra contra el narcotráfico. Mientras que México atraviesa por una gran crisis de violencia (con más asesinatos por cada 100 mil habitantes que Colombia) y a 12 años de que el gobierno de Felipe Calderón, vestido de militar, declarara una guerra que ha traído incontables pérdidas humanas y materiales, la administración entrante ha prometido dar "un giro" a la guerra, basado en la pacificación negociada y la amnistía. Esta estrategia, aunque difiere en forma, es claro que el contenido no causa conflicto en Estados Unidos, cuyo gobierno tiene disposición a "ser considerado" con el ajuste propuesto por Andrés Manuel López Obrador.
Leer: Legalización de las drogas en México: López Obrador lo pensará, Trump se opone
Si bien algunos medios han señalado la contradicción entre esta muestra pública de cooperación y las tensiones desatadas por el tema del muro y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre ambos gobiernos, lo cierto es la relación de subordinación de México a los mandatos de Estados Unidos condiciona este nuevo acuerdo como condicionó en su momento la implementación del Plan Mérida, por dar tan sólo un ejemplo famoso. Otro ejemplo lo vimos hace cinco meses, cuando México y Colombia negociaron la injerencia de Estados Unidos para patrullar costas sudamericanas del Pacífico, también argumentando cuestiones de "seguridad".
Leer: Ocho claves de las declaraciones de la DEA en Chicago sobre Ayotzinapa | 
