Después de romperse el silencio el pasado mayo a raíz del reportaje realizado por Corrective donde se muestran los horrores que viven los y las trabajadoras migrantes del campo en distintos puntos del Mediterráneo, saltó a los medios el escándalo de la empresa Doñana 1998 SL., situada en Huelva, una de las más grandes exportadoras de fresa del mundo.
A partir de ese momento, se empezaron a difundir en los medios los testimonios de las mujeres marroquíes que están sufriendo explotación laboral, agresión y hasta violación, lo que desembocó en campañas de protesta y movilizaciones el pasado junio.
En ese momento, el 1 de junio, el Juzgado de Instrucción de La Palma del Condado (Huelva) se negó a recoger la denuncia en la que se nombraba la trata de personas, con los nombres de las cien mujeres jornaleras de origen marroquí de la empresa Almonteña Doñana 1998, según las fuentes de AUSAJ.
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Las trabajadoras, tras ser encerradas por los empleadores en el centro de trabajo, fueron obligadas a subirse autobuses de vuelta a Marruecos de forma violenta, a pesar de tener su contrato y visado en rigor. No abandonaron el país voluntariamente antes de ir a juicio, según sus propios testimonios.
Tan solo un grupo consiguió evitar la expulsión, escapar y llegar a formalizar la denuncia ante inspección de trabajo, por la falta de copia de contrato, falta de pago de nómina y condiciones de explotación.
Las trabajadoras denunciantes afirman que, en un siguiente intento, los empleadores trataron de coaccionarlas ofreciéndoles regularizar sus papeles, pagarles las nóminas adeudadas y contratarlas en años sucesivos si retiraban la denuncia.
Estos días se retoma la batalla judicial y el caso será investigado en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional por presuntos delitos de trata de personas y de lesa humanidad;
Sin embargo, las diez denunciantes necesitan permanecer en el Estado español durante el proceso y enviar dinero a sus familias. Por eso, han lanzado una campaña para recaudar fondos y difundir su caso: “No pedimos limosna, pedimos justicia y para ello necesitamos tu ayuda”.
Las condiciones laborales que denuncian las trabajadoras de la fresa son cercanas a la esclavitud: jornadas bajo 40 grados, sin autorización para beber agua hasta medio día desde 6.30 de la mañana, hacinamiento en barracones, acceso a la ducha limitado -en algunos casos una vez a la semana-, condiciones de comida escasa y, por si no fuera suficiente, repetidos casos de acoso y violación. Todo bajo el silencio por el miedo a ser despedidas, el desamparo de derechos, el desconocimiento del idioma y la falta de recursos económicos entre otras dificultades.
Al cuadro de explotación y trabajo forzoso habría que añadir el delito de prostitución coactiva si llegase a probarse la acusación de que el empresario de Almonteña Doñana 1998 habría recibido dinero por permitir el acceso a hombres a los pabellones donde se encontraban las trabajadoras.
El negocio de la fresa en Huelva factura anualmente alrededor 320 millones de euros, el llamado “oro rojo”. Son muchos los intereses en juego para no destapar lo que realmente sucede bajo los campos de plástico. Cada año trabajan unas 50.000 mujeres de diferentes nacionalidades, una mayoría procedentes de Rumania y Polonia, residentes y las temporeras que vienen de Marruecos, 4.500 este último año. Son contratadas a través de la ANAPEC (Agencia Nacional de Promoción de Empleo y Competencias), una agencia que nace el año 2000 para un intercambio económico migratorio entre el Estado español y el ministerio de trabajo marroquí, con la finalidad de, por un lado frenar la inmigración y, por otro, conseguir mano de obra barata para las empresas.
Esta política neocolonialista está dirigida especialmente a mujeres con cargas familiares y pocos ingresos: las pobres. Este acuerdo implica la vuelta al país una vez terminado el contrato. y limita la movilidad en el país de “acogida” controlada por los empresarios que tienen a disposición a las inmigrantes cuando lo necesitan. De esta manera, entran en juego las llamadas triples cadenas de explotación: oprimidas por el género, explotadas por la clase, discriminadas por su origen.
La práctica de explotación capitalista y agresión machista ha encontrado en Huelva su expresión más sórdida. La violencia sexual se articula con la falta de recursos, la falta total de derecho de libre circulación gracias a la ley de extranjería y la connivencia de las administraciones públicas locales y la guardia civil que miran a otro lado ante los abusos de los empresarios.
Es el momento de darle voz a las jornaleras y rodearlas de solidaridad para enfrentar con más fuerza la explotación, el racismo y la violencia machista que convergen en este caso. | 
