Por un lado llamó al Estado de Chile a mantener los procesos judiciales contra violadores de derechos humanos y que estos cumplan pena efectiva, excluyendo amnistías o indultos.
Lo anterior en atención a la libertad condicional que la Sala Penal de la Corte Suprema recientemente otorgó a criminales de la dictadura que se encontraban cumpliendo condena en el Penal Punta Peuco.
Así mismo llamó a derogar el secreto que pende sobre la información dela Comisión Valech (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura).
Finalmente el Comité invita a que el Estado se abstenga de aplicar la Ley Antiterrorista en casos de reivindicación de territorios mapuche.
Entre otros casos observados está el uso excesivo de fuerza y denuncias por violencia sexual de las policías en contra de mujeres y niñas, llamando a investigar, enjuiciar y condenar a los responsables.
Para cumplir estas indicaciones al Estado se le otorgó hasta el 10 de agosto del 2022 para informar avances en la materia.
Éste Comité elaboró una serie de observaciones en miras a revisar la aplicación de la Convención Contra la Tortura, sin embargo el gobierno camina hacia el lado contrario.
La libertad de los presos de Punta Peuco fue defendida por el gobierno, como así mismo la represión contra el pueblo mapuche. Cerrar Punta Peuco, o derogar la ley antiterrorista no están dentro de los proyectos de Piñera.
Impunidad para los asesinos y represión para los luchadores, esto es lo que promete el gobierno para el 2022. |