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29 de noviembre de 2024 Twitter Faceboock

REFORMA LEY DE ISAPRES
Una reforma sin austeridad: asesor contratado por el Minsal ganaría más que Piñera
Kevin Bustamante | Médico de Familia, trabajador de Atención Primaria de Salud, militante del PTR.

El contrato del académico Francesco Paolucci bajo la modalidad de "consultoría a una persona natural" contempla 111 millones anuales, 12 por mes. Un contrato "irregular y multimillonario" que evita la intervención de Contraloría y que no se publicará en Transparencia Activa.

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Inaplazable se ha vuelto la reforma al financiamiento de salud ante los horrores de la red pública y las progresivas y enormes ganancias de Isapres. Así como por la desigualdad y altos costos que generan la clasificación por riesgo, edad y sexo (entre otros) que estas administradoras aplican, las cuales desde el 2010 han quedado "en el papel" como inconstitucionales por dicho trato con sus usuarios.

Así van ocho años y recién se empiezan a mover los hilos en el mundo de los seguros de salud. No hace mucho conocimos el anuncio de la Comisión por el Acuerdo Nacional de Salud que anunciaba reformas en FONASA y en estos días salen a la luz las ideas generales para reformualar la Ley de Isapres.

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Para este acometido, desde el gobierno han desembolsado nada menos que $111.223.529 para contratar los servicios de asesoría de Francesco Paolucci. El joven y reconocido en el mundo del financiamiento y seguros de salud, contará con 12 millones mensuales, monto superior incluso al salario de presidente Piñera, que bordea los $10 millones sin descuentos.

Justificaciones y dudas legales

Desde el Ministerio de Salud, explicaron que “el contrato del Dr. Paolucci no es un contrato de honorarios personales, regido por las disposiciones del Estatuto Administrativo...sino que por consultorías e informes, lo que se encuentra regido por las disposiciones de la Ley de Compras. En consecuencia, dado que no es un contrato de personal, no procede que esté publicado en el sitio web de Transparencia Activa".

Así que, bajo el amparo de la Ley de Compras, se ha hecho un contrato por trato directo ante lo cual, el abogado administrativo Gabriel Osorio, consultado por LaTercera, aseveró que “en principio, estamos en presencia de un contratos de honorarios simulado...mediante esta figura se permiten saltar los requisitos señalados en el Estatuto Administrativo para la contratación de personas. También constituye un artilugio para omitir el cumplimiento de la ley 20.880, sobre probidad en la función pública, respecto de la obligación de hacer una declaración de patrimonio e intereses. Por tanto no podremos recabar información sobre conflictos de interés del consultor".

Además, señala, "el Ministerio de Salud no observó las instrucciones del Ministerio de Hacienda respecto de los límites de montos para la contratación de personas naturales, superando largamente la remuneración que recibe el Presidente de la República, Diputados, Senadores, Ministros de Estado, el Contralor y Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia. En definitiva, un contrato irregular y multimillonario ”.

El profesional recalcó además que la forma en que se redacta el contrato permite que la Contraloría, al tratarse de menos de 2.500 UTM no deba tomar razón, lo que impide una revisión exhaustiva del ente fiscalizador.

Sin austeridad, avanzamos a la profundización del mercado en la salud

El enorme gasto de este “fichaje” del Minsal contrasta con los ajustes que inició el gobierno de Piñera en todos los ministerios públicos (meta: 1.500 millones de dólares de ahorro por año), de los cuales el de salud no quedó exento y se estimaba, en junio, un recorte de $ 115.600 millones en FONASA.

Hecho que no es al azar, puesto que los últimos anuncios apuntan a que FONSA e Iapres se transformen en compradores y competidores mutuos, dejando de lado el rol del ministerio en tanto prestador de servicios públicos y con un acceso que cada vez segregará más a los usuarios según el gasto que pueda solventar su bolsillo y con un Estado cada vez más lejano de su rol como garante de derechos sociales -en base a la nacionalización y redistribución de sus recursos- como la Salud, Educación, Vivienda, Pensiones, etc.

 
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