La población trans ha sido desde siempre, una de las más vulneradas de nuestra sociedad. Dicha vulnerabilidad presenta un carácter multidimensional, dado que deriva en repercusiones en la salud, en la educación, en la vida laboral, entre otros aspectos que impiden el pleno desarrollo en la vida de estas personas.
Resulta indiscutible, que dicha vulneración es consecuencia de una fuerte exclusión social, movilizada por el rechazo a lo que en base a la heterónoma imperante en nuestro sistema se considera diferente. Esto va de la mano con que en la sociedad actual, también existe un modelo de familia hegemónico que responde a la ya mencionada heteronorma patriarcal que asienta sus bases en el modelo de familia cristiano (mamá-papá y varios hijos), realizando la exclusión de quienes no cumplen con estos requisitos considerados “normales”.
El proyecto de Ley integral para personas trans, tiene un carácter tuitivo, es decir, busca equiparar las desigualdades que enfrenta esta población, de la que mucho se habla, pero más se desconoce. Esta equidad se busca a través de una adecuada protección, pero tambien de una reparación; no obstante, existen flaquezas dentro de la misma ley, y entre las mismas es pertinente destacar, la ausencia de una protección completa a nivel laboral y más puntualmente en el acceso al empleo.
La ley no contempla cupos en el sector privado para dicha población, pero sí se propone la creación de una cuota del 1% en los llamados de incorporación de personal al Estado. Esta cuota y posibilidad de incorporación van de la mano con el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para ocupar el cargo. Aquí me parece pertinente la aclaración, para evitar comentarios oportunistas de aquellos y aquellas que creen que se les está regalando un puesto para el cual las personas no están en facultades de cubrir.
Población trans y mercado laboral
Resulta evidente, a la luz de la ausencia de regulación para el sector privado, que estas empresas reproducen el rechazo y la discriminación predominante en la vida diaria hacia el colectivo trans, evitando su incorporación, dejando en evidencia que lo único que cuidan es su bolsillo, porque en este contexto es inevitable cuestionarse (sobre todo en aquellos puestos que implican trato con el público), si no hay un temor a una pérdida de clientela (y por consecuencia una pérdida de ganancias) a razón de que un trabajador o trabajadora trans pase a ser “la cara de la empresa”.
El proyecto de Ley hace caso omiso a la necesidad de que esta regulación abarque al sector privado, ignorando las repercusiones que esto conlleva.
El censo a la población trans realizado por el MIDES en el año 2016, arrojó que un 30% de esta población se encuentra desocupada, y un 65% se encuentra ocupada pero principalmente en trabajo sexual. Pero de quienes no se dedican al trabajo sexual, solo un 23% se encuentra en situación de regularidad.
La razón del alto porcentaje de mujeres trans que elijen el trabajo sexual, responde mayoritariamente a la exclusión que el sistema ejerce para que no puedan tener una vida laboral plena.
En primera instancia, porque las personas trans, a nivel general presentan índices menores de empleabilidad, debido a que los niveles de formación tienden a ser más bajos. Esto responde a la discriminación sufrida especialmente en la adolescencia en el marco educativo, muchos a raíz de esta situación se ven en la necesidad de abandonar el sistema en edad temprana. Por otro lado, gran parte, son rechazados por sus propias familias, expulsados de sus hogares, teniendo que ganarse la vida desde muy jóvenes, relegando la educación, porque no resulta prioritaria ante otro tipo de necesidades.
El proyecto de Ley, busca reducir este fenómeno y al hacerlo indirectamente, contribuye a un leve mejoramiento de los niveles de empleabilidad de esta población. En primer lugar, a través de la promoción de asistencia psicológica y pedagógica en los centros educativos ante la exclusión o posible discriminación hacia cualquier persona trans. En segundo lugar, se asegura un cupo obligatorio para personas trans en relación a los cursos de capacitación y formación brindados por INEFOP. Por lo tanto en este sentido, el proyecto contempla una de las tantas dimensiones que repercuten en el acceso al empleo de esta población.
Pero nos olvidamos de los factores más importantes y más difíciles de erradicar: la discriminación y el odio a lo considerado diferente. Razones por las cuales desde las empresas privadas no se considera contratar personal trans y por tanto la ley ni se atreve a incluirlo dentro de las obligaciones que emanan de ella.
Es por estos motivos que desde el Senado se ponen en duda tantos puntos de este proyecto. Porque aunque el Estado busque promover un estilo de vida digno hacia la población trans, existen senadores y senadoras que actúan y se expresan en base a una heteronorma, a un modelo de familia tradicional y conservadora. Senadoras y senadores que con sus palabras, por un instante nos hacen olvidar, que nuestro Estado es laico, y no católico.
¿Cómo se puede pretender erradicar la exclusión si desde la derecha y los grupos religiosos llevan a cabo campañas de odio?
Los antiderechos realmente se caracterizan por carecer de fundamento lógico ante el rechazo a dicha iniciativa. Actúan como grupo de presión, vetan pero no proponen. Al igual que con los denominados “pro-vida” en Argentina ante el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.
Porque en el fondo no les interesa proponer, les interesa marginar.
Uno de los pocos "argumentos" que mostraron fue “tu estilo de vida trans pagalo vos, no con la plata de todos los uruguayos”. Ser trans, en primer lugar, no es un estilo de vida, pero no queriendo extenderme en esto, ni en la carencia de amor al prójimo que tenían los protestantes evangelistas que sostenían dicho cartel, el fundamento muestra una gran incoherencia, y es exactamente la misma lógica que se utiliza cuando hablamos de interrupción del embarazo y salud pública.
Quienes consideran que existiría un aumento del gasto público en relación a la salud debido a los tratamientos de hormonización e intervenciones quirúrgicas, no tienen en cuenta, que en conjunto con el resto de los puntos del proyecto, en realidad se reduciría dicho gasto, sobre todo porque una persona trans no vivirá en un cuerpo en el que no se identifica, un cuerpo que le genera rechazo y dolor, solo porque el estado le niegue las posibilidades de ser quien realmente es. Existe un mercado negro donde se consiguen dichas hormonas, pero esto implica un riesgo elevado para la salud de los individuos, debido a que estas deben ser suministradas y controladas bajo supervisión médica, llevando a consecuencias graves si no se consumen en las dosis correctas. Lo mismo con las intervenciones quirúrgicas, existen clínicas clandestinas donde se llevan a cabo procedimientos poco seguros como por ejemplo la inyección de aceites o siliconas de baja calidad, lo cual incrementa la tasa de mortalidad y morbilidad de dicha población.
Al igual que con la interrupción del embarazo, la clandestinidad solo genera un aumento en el costo de la salud pública por las complicaciones que conlleva. Por lo que, si queremos en realidad preocuparnos por costos (que no debería ser lo que nos mueve) estamos hablando de un beneficio real para todas las partes, para quienes estarían pudiendo llevar (quizás por primera vez) una vida digna, y para quienes tanta preocupación tienen por lo que ocurre en sus preciados bolsillos.
Es importante entender que la identidad de género es algo tan fuerte y tan intenso, que la persona asumirá múltiples riesgos, para hacerse de un cuerpo que, por primera vez en la vida, va a sentir que es el suyo.
El movimiento feminista junto al colectivo trans
Este es un momento para que el movimiento feminista actúe en alianza con el colectivo trans, porque al fin y al cabo estamos bajo la bota del mismo opresor, guiados a la fuerza por la hegemonía de un Estado que no nos reconoce a las mujeres ni a otras disidencias sexuales. Más que nunca hagámonos de esta alianza y que se extienda en pro de un internacionalismo, para luchar junto con Argentina, donde hace pocos días, las compañeras y compañeros del Frente Nacional por la Ley Diana Sacayán se presentaron ante el congreso, luchando por la aprobación de un proyecto de ley que busca instituir un cupo laboral del 1% de la administración pública para personas travestis, transexuales, transgéneros y masculinidades trans.
Que se convierta en un reclamo general, acallemos a quienes solo buscan aplacar derechos.
LEY TRANS YA! | 
