Suman 284 casos de denuncias por acciones de índole sexual contra funcionarios de Carabineros (160), el Ejército (78), la FACh (29) y la Armada (17). Mientras que la PDI no respondió a Ley de Transparencia.
Así lo consignó Bío Bío “La única entidad que no entregó la información solicitada fue la Policía de Investigaciones (PDI). Pese a que el pasado jueves 2 de agosto se le venció el plazo, hasta el cierre de este reportaje, es decir, más de dos semanas después, aún no daba respuesta a la petición. De este modo, la institución liderada por el director general, Héctor Espinosa, burló el mencionado cuerpo legal.”
Un 36% de las acusaciones tuvieron sanciones. De ellas, 46 fueron por casos de abuso, 27 por acoso, 18 por violaciones y 12 por otras conductas de connotación sexual.
No se trata de hechos aislados para estas instituciones, se trata de prácticas arraigadas por años de sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos. Son herederos de las instituciones que perpetraron los crímenes de la dictadura.
Asesinaron mujeres embarazadas, violaban, torturaban, desaparecían a hombres, mujeres y niños. Hoy son los guardianes de un orden social neoliberal que naturaliza la violencia de género y la desigualdad económica y social.
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La semana pasada los Derechos Humanos fueron el tema que se tomó la agenda política a propósito de la salida del Ministro de la Cultura, Mauricio Rojas quien señaló como un montaje, los testimonios e instalación del Museo de la Memoria, que grafican en parte los crímenes de la dictadura de los cuales las Instituciones de Fuerzas Armadas y del Orden fueron los principales responsables, junto a la Derecha y los empresarios.
En ese sentido, no es gratuito que un 80% de los encuestados para Cadem afirme que "en Chile aún existen pactos de silencio en el Ejército para proteger a militares involucrados en violaciones a los derechos humanos". Por otra parte, sólo un 32% cree que se ha hecho justicia en materia de derechos humanos y apenas un 26% señala que Chile es un país reconciliado. Lo que da cuenta de una cultura de la prepotencia y la impunidad, estas prácticas son parte de la identidad de estas instituciones que siguen cometiendo abusos sexuales y desfalcos millonarios de recursos como los de Milicogate y Pacogate y poniéndose del lado de las grandes patronales como en laAraucanía y asesinando obreros huelguistas como Nelson Quichillao y Rodrigo Cisterna.
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