La Undécima Sala de la Corte de Apelaciones resolvió rebajar de 13 a 7 años la pena a los genocidas hospetados en el penal Punta Peuco. En este mismo sentido, la oposición parlamentaria prepara una acusación constitucional a los jueces que concedieron la libertad condicional a parte de dichos reos.

De 13 a 7 años se rebajó la condena de los genocidas Pedro Espinoza Bravo, Raúl Iturriaga Neumann y a Miguel Krassnoff Martchenko, todos ex miembros de la DINA, implicados en el secuestro calificado de Rubén Arroyo Padilla.

En este mismo sentido, después de que la Sala Penal de la Corte Suprema otorgara la libertad condicional a distintos ex agentes de la dictadura, la oposición parlamentaria, es decir, desde el Frente Amplio hasta la ex Nueva Mayoría, a excepción de la DC, se pronunciaron en contra, redactando una acusación constitucional dirigida a los jueces de la Corte Suprema, Carlos Künsemüller, Hugo Dolmetsch y Manuel Valderrama.

Mientras los genocidas de la dictadura mantienen sus privilegios y otros se mantienen en libertad condicional, el gobierno busca perfilarse cínicamente como defensor de los Derechos Humanos, sobre todo después del bochornoso episodio de Mauricio Rojas y sus declaraciones sobre el Museo de la Memoria.