Luego de dos años del golpe institucional que sacó de la presidencia a Dilma Rousseff, los sectores populares empezaron a entender el sentido del impeachment.Las cifras del desempleo y subempleo superan los 26 millones y no hay perspectiva de cambio. Las Fuerzas Armadas brasileñas enarbolan su creciente papel arbitrario y reaccionario en la política. El Poder Judicial, en todas sus instancias - desde la operación Lava Jato a la Corte Suprema (STF) hasta el Tribunal Superior Electoral (TSE)- actúa día y noche para impedir que la población pueda votar a quien quiera. A través de escandalosas medidas autoritarias, el líder de las encuestas, Lula, es impedido incluso de dar entrevistas.
Brasil irá a unas elecciones manipuladas por el Poder Judicial, por todo el golpismo, y por las fuerzas ocultas del “mercado” y de los medios de comunicación, que degradan y secuestran uno de los únicos y limitados derechos que tiene la población en la democracia capitalista: elegir a su presidente. Lo que antes era una democracia de los ricos deteriorada por las coimas, la corrupción y los negociados, ahora también pasó a ser una “democracia de los jueces”.
Estas medidas vienen creciendo porque gran parte de la población empezó a percatarse de que el impeachment y la proscripción de la candidatura de Lula tienen como objetivo la salvaje eliminación de derechos, como ya se pudo observar con la Reforma Laboral; con el intento de hacer que todos trabajen hasta la muerte, a través de una Reforma Previsional; con las privatizaciones y entrega de todos los recursos naturales al capital imperialista. Con esta sumatoria de medidas, pretenden aumentar sus ganancias y continuar entregando una fortuna a los dueños de la deuda pública. Todos los años, alrededor de 1 trillón de reales é regalado a los especuladores de Itaú, Citibank, Santander, Merryl Lynch y otros cuantos más.
La continuidad del golpe institucional tiene como objetivo brindar mejores condiciones a los capitalistas elegidos, como el actual gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin (PSDB) o el archi reaccionario exmilitar Jair Bolsonaro. El hecho de que Lula y el Partido de los Trabajadores (PT) brasileño hayan aceptado los ajustes e incluso otras versiones supuestamente más “light” de la Reforma Laboral y Previsional, así como la fiel subordinación al pago de la deuda, ya no convencen más al “mercado”, que tiene ansias de seguir avanzando y mucho más rápido que lo que el PT le ofrece.
Las encuestas electorales muestran la posibilidad de que Lula sea el ganador en la primera vuelta y el estancamiento de Alckmin – aunque los medios han hecho su mejor esfuerzo para ayudarlo – refuerza las tendencias golpistas y una gran intervención en el plan electoral para lograr mejores condiciones. Así, aquellos que mejor representan los planes de las alas capitalistas podrán continuar impulsando el golpismo.
Pero las tendencias y los contextos electorales que se deslumbrarán en las próximas semanas no cambiarán el escenario estratégico que debemos prepararnos para enfrentar. Por un lado, el PT se fortalece sin ofrecer ninguna resistencia efectiva a los planes de ajustes y al golpismo; por el otro, se consolida una derecha del “Bolsonaro”. Brasil tiende a una polarización social y a una renovada actuación bonapartista del poder judicial, eliminando y destrozando los derechos de la población, así como los derechos del sufragio.
Es necesario ofrecer una salida de fondo a la crisis económica y al deterioro del régimen político brasileño, en una democracia de los ricos y de los jueces, para decir “basta” al plan capitalista. El plan que se lleva a cabo implica que los brasileños tendrán una generación entera perdida por el desempleo e incluso por el hambre; habrá cada vez más jueces con mayores poderes; y el Congreso brasileño tendrá más lobbies reaccionarios del agronegocio, de mano dura y confesionales; todos con sus respectivos privilegios, tomando medidas reaccionarias contra los negros, los indígenas y las mujeres, como ocurre, por ejemplo, con la prohibición del aborto que se lleva a 4 vidas por día.
Un programa para enfrentar el deterioro de la democracia burguesa y la crisis económica
Los planes más optimistas de la burguesía brasileña apuntan a que el desempleo y el subempleo de 26 millones de personas se reduzcan a 9 millones, aproximadamente, en 20 años. Es decir, en 2038 Brasil estará un poco peor que en 2014. Quieren enterrar a toda una generación, sometiendo a millones de brasileños a la humillación y al hambre. Todo para aumentar sus ganancias. Esta es la razón principal del secuestro de los derechos esenciales como el sufragio.
En el medio de estas tendencias de la economía nacional brasileña - sin nombrar a la economía internacional, con su creciente guerra comercial de potencias imperialistas y de China – no se puede resolver este flagelo sin enfrentarse al imperialismo. El Programa del PT que pretende incentivar el consumo interno, manteniendo todas leyes neoliberales - como, por ejemplo, la Ley de Responsabilidad Fiscal y el pago de la deuda - es insostenible. En un contexto económico brasileño no tan grave, esto ya implicó ataques por parte de Dilma, que privatizó parte de las reservas marítimas de petróleo conocidas como pre-sal, eliminó el seguro desempleo y achicó enormemente los recursos en salud y educación. Ahora que Brasil pasa por una situación más complicada, esto solo puede generar aún más ataques que los del gobierno de la expresidenta. Pero estos ataques a que el PT se dispone están lejos de los que el “mercado” pretende y por eso el golpismo judicial actúa.
Los jueces en Brasil eligen y monitorean a la población, destruyendo así cualquier concepción democrática. No hay ninguna limitada soberanía popular cuando un puñado de jueces, votados por nadie y con miles de vínculos con el imperialismo estadounidense, tiene más poder que millones de personas. Esta casta de jueces tiene obscenos privilegios, tales como aumentar sus propios sueldos, beneficiarse por una ayuda para vivienda, ayuda para compra de libros y otros beneficios, que juntos suman 100 mil reales al mes. Destruyen las leyes y su propia jurisprudencia, faltándole incluso el respeto a la ONU – organismo internacional funcional a los intereses del imperialismo –, siendo que antes la Corte había deliberado que las decisiones de la ONU valen como una Ley o incluso están por “encima de las leyes”. Todo ello para mantener una prisión arbitraria – sin pruebas – y secuestrar el ejercicio del voto como la población quiera.
Este avance autoritario del poder judicial brasileño se volcará contra los trabajadores y apunta a incrementar aún más las terribles acciones de las fuerzas judiciales y policiales contra las masas negras y los pobres, en un país donde 40% de la población carcelaria (mayoritariamente negra) ni siquiera fue juzgada.
En Brasil, el Movimiento Revolucionario de los Trabajadores (MRT) no apoya el PT ni a Lula - de hecho, no lo hizo en ninguna de sus candidaturas - pero defiende, de manera incondicional, el derecho a que millones de personas puedan votar a quien quieran. El MRT no apoya el PT porque entiende que este recibió al golpe institucional con los brazos abiertos, aliándose con la derecha, implementando ajustes, asumiendo y encubriendo casos de corrupción propios del sistema capitalista, pero para superar el PT por izquierda es necesario defender los derechos de las masas. No se puede resolver de la mano de Moro y de la Globo lo que debe ser hecho por las manos de los trabajadores, de los negros y de las mujeres.
La supervisión del poder judicial no busca luchar contra la corrupción, todo lo contrario. Salva, sistemáticamente, a los miembros del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), conocidos como “tucanos”, y a cualquier político que quieran, para implementar ataques contra los derechos de los brasileños. Ni siquiera investiga a las empresas imperialistas involucradas en los esquemas de corrupción de Petrobras y mantiene bajo secreto las informaciones que pueden comprometer a los empresarios. Así, podemos entender el por qué la lista de coimas de Odebrecht es un secreto bien guardado, y el por qué las grabaciones ilegales de Lula y Dilma se publicaron de forma inmediata.
No habrá una lucha contra la corrupción, mientras esta casta de privilegiados y golpistas conduzca la justicia. El pueblo brasileño debe juzgarse a sí mismo.
Contra el deterioro de esta democracia de los ricos, el MRT defiende el derecho de quien quiere votar a Lula y en el PT pueda hacerlo; que todos los jueces en Brasil, en todas las instancias, sean electos y revocables por sufragio universal y ganen lo mismo que un docente brasileño; que todo caso de corrupción sea juzgado por un jurado popular electo y que todo secreto judicial de los casos de corrupción se hagan públicos; que todas las empresas corruptas sean expropiadas sin indemnización y puestas bajo gestión de sus trabajadores, para garantizar empleos e irrestricta publicidad de todos los negocios, en especial todas licitaciones y contratos públicos.
La población brasileña tiene el derecho de saber todo lo que sucede y solo ella podrá juzgarse, efectivamente, sin arbitrariedades como encarcelamientos sin pruebas y sin salvar a familiares y amigos de los empresarios y/o a los propios empresarios.
Estas medidas democráticas fundamentales deberían ser tomadas por cualquiera que se considere un “demócrata”, ni hablar por aquellos que se dicen “socialistas”. Son medidas mínimas para impedir una mayor pérdida de derechos de las masas para poner en su lugar el poder arbitrario y corrupto de los jueces.
Para implementar estas medidas contra todos los podridos poderes del ejecutivo, legislativo, judicial y de los capitalistas, es necesario superar todas trabas impuestas por la mayoría de las direcciones de los sindicatos brasileños que aceptan este deterioro, que ponen límites a la lucha por los derechos políticos, sociales y económicos - traicionando los paros generales - para impulsar una lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que implemente estas medidas, que garantice el derecho al aborto para terminar con las muertes de miles de mujeres por aborto clandestino, que implemente medidas para luchar contra el rasgo constitutivo de la burguesía nacional brasileña que es el racismo, y que pueda abordar una solución ante la crisis capitalista que viven los brasileños.
Esta respuesta dará fin al pago de la deuda pública, que somete a toda la economía nacional brasileña y al presupuesto público a un desangramiento de la clase trabajadora; revertirá todas las privatizaciones, colocando todos los recursos en lo estatal, que será gestionado por los trabajadores y tendrá un control popular. Con los recursos naturales y de la deuda pública se podría lanzar un plan de obras públicas, para garantizar empleo, ingresos y vivienda digna a todos.
Estas medidas tendrán que ser arrancadas a la burguesía y a los golpistas brasileños. Ellos no regalarán nada. La elección de un candidato del PT o apoyado por este no resolverá el problema, ni terminará con el golpismo, mucho menos con la agenda de ataques demandada por la burguesía. Tuvieron que hacer muchas cosas para garantizar el aumento de sus ganancias. Ni los votos ni la más democrática Asamblea Constituyente harán que Moro, la Federación de Industrias de San Pablo, la bancada ruralista, la de mano dura y la confesional, resignen a sus privilegios. En esta lucha, los trabajadores brasileños necesitarán construir sus propios organismos de autodeterminación y un frente único, para imponer un gobierno de los trabajadores que rompa con el capitalismo. Es para esta lucha inmediata y con esta perspectiva que el MRT de Brasil pone toda su energía, en cada lugar de trabajo y estudio, a través de la Esquerda Diário y de los candidatos por filiación democrática en el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) brasileño. |
