Pese a la resolución de la ONU que determina que Lula sea candidato y pueda participar de la campaña electoral, la justicia electoral continúa el proceso para frenar su candidatura.
La resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU determina que el Estado brasileño debe permitir que Lula sea candidato y le conceda su derecho a participar de la campaña electoral hasta tanto todos sus recursos pendientes de revisión contra su condena sean completados. Sin embargo, el poder judicial sigue avanzando sobre la candidatura de Lula para frenarla, impidiendo así el derecho de la población a votar a quien quiera.
El Tribunal Superior Electoral presentó este jueves el plazo de siete días para que la defensa del expresidente Lula da Silva presente argumentos y justificaciones para la viabilidad de su candidatura, ignorando completamente la resolución de la ONU.
Sobre esa resolución, la fiscalía del vecino país aseguró que es “precipitada” y que “no se puede ejecutar”. Así se pronunció el fiscal Maurício Gotardo Gerun sobre un recurso presentado en segunda instancia por la defensa de Lula para que el exmandatario pueda ofrecer entrevistas desde el interior de la prisión.
Según el PT, los abogados de Lula argumentan que "incluso condenado injustamente, el expresidente mantiene intactos sus derechos políticos, incluyendo los de votar y ser votado como candidato presidencial", y que la ley electoral garantiza que todos los candidatos reciban tratamiento igualitario por parte de los medios de comunicación.
Frente al descaso de la justicia electoral brasileña sobre la resolución de la ONU, once juristas y abogados europeos y latinoamericanos, entre ellos el exjuez español Baltasar Garzón, reclamaron este viernes a las autoridades brasileñas que respeten la decisión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la candidatura presidencial del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
El llamamiento se recoge en una carta fechada hoy en París y dirigida al presidente brasileño, Michel Temer; al canciller, Aloysio Nunes; al ministro de Justicia, Torquato Jardim, y a los once ministros del Supremo Tribunal Federal.
El tribunal recibió hasta la noche del miércoles, cuando vencía el plazo, un total de 16 impugnaciones contra la candidatura de Lula, incluyendo la de la Fiscalía General de la República. El TSE tiene plazo hasta el 17 de septiembre para pronunciarse, 20 días antes de las elecciones.
