La denuncia había sido presentada por orden de Patricia Bullrich. Un funcionario dependiente del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soarez Gache, se presentó ante el Poder Judicial, afirmando que durante la sesión de diputados que el 14 de diciembre trató el ajuste a los jubilados, un grupo de legisladores habiamos cometido todo tipo de delitos.
Entre los diputados denunciados se encontraban Nicolás Del Caño (PTS-FIT), Horacio Pietragalla (Unidad Ciudadana), Araceli Ferreira (Peronismo para la Victoria) y Leopoldo Moreau (Unidad Ciudadana) y quien suscribe esta nota también había corrido la misma suerte, siendo legisladora por el PTS-FIT. A todos nos imputaron haber cometido todo tipo de actos violentos, agresiones, amenazas y de perturbar la sesión legislativa.
Lo único que terminó por demostrarse es que la denuncia del Gobierno de Cambiemos, a pesar de que la causa tramitó en el juzgado de Claudio Bonadío, con el que tienen inmejorables relaciones, era un invento cuyo único fin fue atacar la movilización que reclamaba contra el robo a los jubilados.
De hecho Bonadio no tuvo más remedio que aceptar lo dictaminado por el fiscal de la causa que pidió que se archive “por no poder proceder (art. 195, 2° párrafo del CPPN -Código Procesal Penal de la Nación-) ante la orfandad de elementos probatorios”.
Esta no es la única denuncia que el macrismo armó contra los que nos opusimos a la reforma previsional y que por ser tan burda, el Poder Judicial debió rechazar.
El Gobierno también recurrió a sus abogados simpatizantes para armar este tipo de causas. Uno ellos, Santiago Dupuy de Lome, denunció en Comodoro Py que los diputados del Frente de Izquierda, dirigentes de la CTEP, y de Unidad Ciudadana cometimos el delito de sedición, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y perturbación al ejercicio de la función pública.
Estas acusaciones ya fueron desestimadas en distintos expedientes judiciales. La denuncia contra mi compañero Del Caño y contra mí, tramitó ante el Juzgado a cargo de Ariel Lijo, y la denuncia contra el dirigente de la CTEP, Juan Grabois, la tenía a su cargo el Juez Federal Canicoba Corral. Las dos fueron rechazadas.
En ambas, el fiscal fue Pedro Zoni, quien pidió que fueran archivadas ya que consideró que “convertir cualquier expresión y cualquier protesta en un atentado contra el orden constitucional es un desliz hacia el autoritarismo”. El fiscal determinó que “el denunciante realizó una denuncia penal sobre la base de algo que escuchó, y que carece de toda circunstancia básica de modo, tiempo y lugar para siquiera esbozar una hipótesis criminal gravísima como la de acusar a alguien de intentar un golpe de Estado”.
Hay muchas causas de este tenor que aún siguen activas y como abogados militantes del CeProDH seguiremos luchando por el cierre de las mismas, como las que se llevan adelante contra quienes fueron detenidos por haber participado en aquellas jornadas.
Además de las denuncias penales, Cambiemos también ataca a los partidos de izquierda mediante demandas millonarias.
Es que el gobierno de Rodríguez Larreta se presentó ante el fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires denunciando a manifestantes y a varios partidos políticos (todos de izquierda) y les reclamó el pago de $17 millones por el arreglo de la Plaza del Congreso.
En su afán de perseguir a la izquierda el Gobierno porteño terminó demandando, también, a un partido de la provincia de La Pampa que ese día se movilizó contra la reforma previsional…pero a casi mil kilómetros del Congreso Nacional.
Pocas semanas después, también hizo un reclamo millonario por gastos de limpieza a las organizaciones sociales que se habían concentrado en la Plaza de Mayo en la última marcha federal.
Esto pone una vez más en evidencia que si el gobierno tiene una preocupación que lo desespera, esta es que se desarrolle la movilización y la lucha contra el ajuste.
Es por esto que ante las multitudinarias protestas de diciembre, el gobierno lanzó no solo una feroz represión y decenas de detenciones, si no que además impulsó todo tipo de causas penales contra los manifestantes y diputados opositores sobre la base de mentiras, campañas de desprestigio y difamaciones.
Seguiremos luchando para que esas causas caigan y que los condenados sean los responsables de los muchísimos manifestantes lesionados el último 14 y 18 de diciembre. | 
