El traspaso de los entes cooperadores del Ministerio de Justicia a Hacienda y la implementación de la "dotación óptima" plantea la amenaza de despidos y rebajas salariales en el Ministerio de Justicia . El ajuste del FMI encuentra resistencia entre los y las trabajadoras.

El miércoles 29 de agosto el Ministerio de Justicia amaneció con un paro total de sus dependencias y una concentración multitudinaria en su sede central en la calle Sarmiento 329. Las y los trabajadores estaban a la espera de una reunión de los sindicatos ATE y UPCN con el Ministro Garavano y su equipo con motivo del intento de traspasar los entes cooperadores del Ministerio de Justicia a la órbita del Ministerio de Hacienda con graves consecuencias sobre la estabilidad laboral y salarios. A su vez, la medida de lucha se daba por los despidos anunciados ante el resultado del cálculo de “dotación óptima” del ministerio de modernización.

Los "entes cooperadores" son organismos que recaudan y administran fondos de diferentes servicios. Una amplia mayoría de trabajadores y trabajadores del Ministerio de Justicia cobran sus sueldos a través de estos fondos que están por fuera del presupuesto del propio Ministerio. Estos entes son: ACARA (Asociación de Concesionarios de automotores de la República Argentina), el de la Propiedad del Inmueble, el de las Armas (Renar) y la Inspección General de Justicia (IGJ), Registro Nacional de Reincidencia, entre otros.

En este organismo, existen entonces diversos tipos de contrataciones sujetas a estos entes cooperadores: Por un lado, trabajadores/as de planta permanente y con designación transitoria reciben más de la mitad de su sueldo (en negro) en un mal llamado "incentivo"; los contratados/as bajo la modalidad Artículo 9, con contratos que vencen anualmente y vienen siendo variable de ajuste por facilitar despidos en el Estado, y los contratos que dependen directamente de los entes ACARA y CCA. Estos últimos se rigen por la ley de contrato de trabajo, funcionando como empresas tercerizadas en el ámbito de la Administración Pública.

El traspaso de estos entes al Ministerio de Hacienda significa un ataque directo a los puestos de trabajo de miles de estatales y una importante reducción salarial. A ello se suman los despidos en Agroindustria, el ataques a las condiciones laborales como en Cancillería y el Indec, y las paritarias a la baja y flexibilizadoras que el secretario general de UPCNAndrés Rodrigueznegocia con el gobierno.

En el marco de una profunda crisis política y económica del gobierno, este ataque es parte del plan acordado con el FMI que exige que el ajuste sea descargado sobre los y las trabajadoras. Estos entes cooperadores representan cajas millonarias que el gobierno busca recuperar para hacer frente a las exigencias del fondo.

Pero por abajo la bronca se extiende. Los ataques encuentran resistencia en muchos lugares. Las mujeres marcaron el camino con la fuerza de la marea verde que volvió a ganar las calles el 8A, los trabajadores del Astillero Rio Santiago que enfrentan un nuevo intento de privatización con represión de por medio pero conquistando la solidaridad de estudiantes que hoy también, junto a docentes, pelean en defensa de la educación pública y se preparan para una marcha que promete ser histórica.

Mención aparte merecen las conducciones sindicales que siempre llegan tarde, convocando a un paro general recién para el 25 de septiembre, más preocupados por las alianzas electorales de cara al 2019. Pero en el Ministerio de Justicia como en otras dependencias los ataques son ahora, y los y las trabajadoras no están dispuestos/as a esperar. En nutridas asambleas que se van a continuar en los próximos días, ya se preparan nuevas medidas de fuerza. El miércoles de la próxima semana se prepara un nuevo paro de todo el Ministerio, porque no puede pasar un solo despido o ajuste sobre las condiciones laborales de sus trabajadores.

Todas estas peleas que se vienen desarrollando muestran que hay fuerzas para enfrentar el ajuste. Si los ataques son parte de un mismo plan del gobierno y el FMI, se hace urgente su unificación y coordinación en las calles, para frenar el saqueo a nuestro salario, romper con el FMI y dejar de pagar la fraudulenta deuda.