En un comunicado publicitado en su página web,el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó este jueves 26/2 que presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para apelar la orden de desacato establecida por el juez Thomas Griesa el 29 de septiembre de 2014.

Por su parte, los fondos buitre habían presentado ante el juez neoyorquino una “moción de desestimación” para evitar la apelación de Argentina. Argumentan que el desacato dictaminado por Griesa no tiene relevancia ni efectos reales sobre la causa que cursa en el juzgado neoyorquino.

Según lo publicado por Economía “Argentina refuta la moción de los fondos buitre, quienes de manera maliciosa y contradictoria con la propia campaña de difamación que han iniciado, dicen ahora que la Corte de Apelaciones no debería ni siquiera dar trámite ya que la declaración de desacato del Juez Griesa no reviste ninguna importancia, y no contiene ni sanciones monetarias ni ninguna otra consecuencia práctica.”.

De acuerdo a la interpretación del equipo económico el pedido de desacato fue absurdo y tenía el fin de ser utilizado como “una herramienta mediática para extorsionar a la República Argentina”.

No obstante los fondos buitres habían pedido la desestimación del pedido de desacato, el gobierno argentino apeló la medida de Griesa dado que, según se indica en el comunicado, “Argentina no va a dejar de cuestionar cualquier orden de un juez extranjero que opine y se entrometa ilegalmente sobre actos dictados por nuestro país como un Estado Soberano. Resulta inadmisible bajo la reglas del derecho internacional público que un juez extranjero declare en desacato a la República Argentina por actos llevados a cabo dentro de su propio territorio y en estricto cumplimiento de las disposiciones de la propia Constitución Nacional y de Leyes de Orden Público dictadas por el Congreso de la Nación.”.

El gobierno argentino aspira a que Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechace la “moción de desestimación” y analice la apelación, porque aunque carece de efecto práctico, “constituye una manifiesta violación del derecho internacional y debe ser revocada.”, según reza el comunicado.

Durante el día jueves se supo que la acción de los fondos buitre habría trabado una colocación de deuda por 2 mil millones de dólares que el gobierno pretendía llevar adelante de la mano de J.P. Morgan y el Deutsche Bank.

La próxima semana se inician audiencias en el juzgado de Griesa para definir si el Citibank puede hacer efectivo el pago de bonos emitidos con jurisdicción en nuestro país y para que se terminen de presentar otros bonistas que quieran beneficiarse del fallo del juez neoyorquino (los llamados “me too”).

Mientras se desenvuelve el litigio con los fondos buitres que no entraron al canje el gobierno busca las vías para volver al endeudamiento mediante una emisión de bonos que le permita conseguir dólares. El fallo de un juez de Londres a favor de los buitres “buenos”, como el magnate George Soros, favorece la posición Argentina. El oficialismo busca dólares frescos para intentar sacar a la economía de la recesión en pos de abordar en mejores condiciones el año electoral.

El kirchnerismo cerraría así su ciclo de la mano del capital financiero internacional, que no distingue entre buitres buenos y malos, sino que se rige por el frío cálculo de ganancias. Y en nuestro país encuentra una plaza muy rentable.