Foto: Franklin Alanoca
Ayer miércoles se sumaron dos comunarios cocaleros a la lista de muertos y heridos del día lunes. Según las versiones policiales los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta habrían sido emboscados por unos 30 campesinos armados a la altura del puente San Antonio. Así mismo, desde la marcha de mujeres y familiares que partió desde la Asunta luego de la detención del dirigente Franklin Gutiérrez, en declaraciones a su paso por la localidad de Chulumani, se denunció que la policía ha emboscado a los marchistas con armas de grueso calibre.
Esta escalada represiva empezó con el enfrentamiento que se cobró la vida del teniente de policía Daynor Sandóval Ortiz y la muerte “en extrañas circunstancias” del hijo del dirigente cocalero Fredy Quispe cuyo cuerpo fue hallado en el río. Desde la marcha con rumbo a la ciudad de La Paz, se pidió la presencia de organismos de derechos humanos y se denunció que el gobierno estaría sembrando pruebas para descabezar a los sindicatos cocaleros y criminalizar su exigencia de respeto a la coca tradicional. Entre tanto dirigentes de los sindicatos cocaleros del Chapare se declararon en emergencia para defender al gobierno y exigen la erradicación de la “coca ilegal”.
Una tendencia cada vez más autoritaria y represiva
El Gobierno viene desplegando cada vez más una tendencia autoritaria, buscando controlar los eventuales conflictos sociales apelando al recurso de la represión. Recientemente fue el asesinato del estudiante de la UPEA Jonathan Quispe durante la represión policial y del cual el gobierno intentó acusar en un primer momento a los mismos estudiantes.
Hoy, producto de la política de erradicación forzosa de coca ya van por lo menos 4 muertos, varios campesinos detenidos y acusaciones contra la titular de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal. Como parte de esta política que busca consolidar el control por parte del Gobierno, el senado se disponía a aprobar este jueves la Ley de Organizaciones Políticas que adelanta el calendario electoral de manera imprevista Así, pretende forzar a las organizaciones políticas a obtener su personería electoral hasta el mes de octubre como máximo para poder participar en las primarias de enero de 2019, a riesgo de quedar fuera de la contienda electoral debido a esta sorpresiva normativa.
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Por el libre cultivo comercialización e industrialización de la coca
Al igual que durante el ciclo neoliberal, la política de erradicación forzosa de coca fue impuesta por acuerdos y disposiciones con el imperialismo norteamericano que sembró de muertos y heridos el Chapare y los Yungas durante las décadas de los 90 e inicios del nuevo milenio. El ex senador de los Yungas por el MAS, Lino Vilca se dirigió al presidente Evo Morales solicitándole “No hagamos lo que te han hecho Evo Morales, lo que te han hecho los gobiernos neoliberales a nosotros no nos hagan así”.
Así mismo, Felipe Quispe se refirió a la represión sufrida en los Yungas paceños, afirmando que el Gobierno se ha transformado en un “detractor de la hoja de coca“ al igual que sucedió con el ex presidente Gonzalo Sánchez de Losada (1993-1997 y 2002-2003) y demás gobiernos neoliberales.
Hemos denunciado esta política como parte de la subordinación del país a los dictados de los organismos internacionales que descargaban todo el peso de la lucha contra el narcotráfico sobre las espaldas de humildes productores de coca y no sobre los grandes empresarios y carteles que hacen grandes negocios aprovechando la ilegalidad de las drogas.
Hoy el gobierno de Evo Morales ha desplazado los focos de la represión desde el Chapare a los yungas paceños, y pese a la expulsión de la DEA, USAID y la embajada norteamericana del país, ha preservado no sólo su propia base social en el trópico cochabambino, sino los presupuestos establecidos por los gobiernos neoliberales de reprimir la producción de la hoja de coca.
Desde la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional (LOR-CI), denunciamos esta política represiva y exigimos la libertad de los detenidos y el cese de la persecución política a dirigentes y organismos de DDHH. Es urgente la conformación de una comisión investigadora independiente formada por los familiares de las víctimas, organismos de DDHH nacionales e internacionales para determinar la veracidad y las causas de los asesinatos durante los operativos de erradicación.
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Exigimos justicia para Jonathan Quispe y todos los muertos durante los últimos conflictos sociales, hoy cubiertos con un manto de impunidad. Hay que terminar con la política de erradicación forzosa de la coca, que sólo beneficia a los grandes narcotraficantes y criminaliza la producción de pobres y humildes familias campesinas. La única salida genuinamente independiente y soberana es la lucha por el libre cultivo, comercialización e industrialización de la hoja de coca en todo el país. | 
