El Gobierno nacional, a través del ministro de Modernización Andrés Ibarra con el acompañamiento del Ministerio de Hacienda, ya tiene redactado un decreto que, al momento de ser publicado, generará una gran incertidumbre en varios miles de trabajadoras y trabajadores estatales que desde hace años son víctimas de la precarización laboral bajo la modalidad de “contratados”.
El texto, al que accedió La Izquierda Diario y se reproduce íntegro aquí, solo deja en claro una cosa: que antes del 1° de enero de 2019 deberían quedar eliminados todos los contratos firmados entre el Estado y personal que desempeña tareas en los denominados “entes cooperadores”.
Los argumentos esbozados en el borrador del decreto no hablan de ajuste ni de despidos, sino de modernizar al Estado y mejorar los mecanimos de funcionamiento de la administración pública. Algo que, en clave macrista, tiene una lectura bien diferente a la idea de que buscan darle una solución a la precarización laboral de miles de empleadas y empleados públicos.
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Los entes cooperadores son entidades públicas (hay también algunas privadas) que prestan “cooperación técnica y financiera”, a través de convenios específicos, con ministerios y otras reparticiones, tercerizando y precarizando servicios a través de la contratación de personal que no es de planta permanente del Estado.
Dicha “cooperación” se efectúa mediante prestaciones bajo la modalidad de “locación de obras y servicios”, de contratación de personal especializado y de incentivos a agentes de la Administración Pública Nacional.
Se estima que actualmente unas diez mil personas solamente trabajan en el Ministerio de Justicia con esta modalidad de contratación. Quiere decir que en todo el país desempañan las más diversas tareas técnicas, profesionales y administrativas al servicio del Estado bajo este tipo de contratos muchos miles de personas.
El texto del decreto no deja en claro cuál sería el destino laboral de todas esas personas a partir de la rescisión de sus contratos. Alguien muy bien intencionado podría pensar que con el fin de esos convenios se daría un proceso de pase a planta permanente de la totalidad de ese personal. Lo que sería un verdadero acto de justicia. Pero el plan está en manos de Cambiemos, el gobierno del ajuste y el ataque permanente a la clase trabajadora.
El artículo 2 del texto que Modernización y Hacienda quieren transformar en decreto cuanto antes, dice expresamente que se “establecerá un procedimiento” con el objetivo de rescindir “todos los contratos de personal celebrados por entes cooperadores” en el marco de “convenios de “cooperación técnica y financiera bajo las leyes N° 17.050, 23.283, 23.412 y 25.363”.
Al mismo tiempo ese artículo dice que dicho “procedimiento” procurará “la incorporación a la Administración Pública Nacional del personal contratado” en el marco de esos convenios de cooperación. Y que dicho “procedimiento deberá concluir antes del 1° de enero de 2019”.
Pero suena casi surrealista que Ibarra, Dujovne, Triaca y el resto del Gabinete estén decididos a pasar a diez mil trabajadoras y trabajadores a la planta permanente de los ministerios. Lo único seguro y real es que quieren terminar con miles de contratos.
A su vez el artículo 5 del texto deja en claro la intención oficial de prohibir de cara al futuro la contratación de personal a través de entes cooperadores.
En muchas reparticiones públicas ya empezó a conocerse la letra del decreto que piensa firmar el Gobierno para rescindir contratos masivamente antes de fin de año. Y pese a la angustia e incertidumbre que el plan oficial genera, en muchos lugares de trabajo ya se están poniendo en pie asambleas para debatir cómo enfrentar la avanzada ajustadora de Macri y sus ministros.
Resta saber si las conducciones de los gremios estatales, desde ATE y UPCN hasta los diversos sindicatos provinciales y municipales, estarán a la altura de las circunstancias y pondrán en pie un plan de lucha inmediato y contundente para frenar este nuevo intento oficial de descargar la crisis sobre las espaldas de la población trabajadora.
Por lo pronto, ATE y UPCN llaman a un cese de tareas y movilización el lunes a Sarmiento 329 a la sede del Ministerio de Justicia.
La exigencia del inmediato pase a planta permanente de todas y todos quienes realizan tareas para el Estado bajo modalidades flexibilizadoras de contratos, es hoy de primer orden.
Para impedir este nuevo ataque, no hay margen para treguas o “negociaciones” a puertas cerradas con los funcionarios. La pelea debe ser masiva, unitaria, democrática y en las calles.
El texto del decreto
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