La organización Human Rights Watch (HRW) advirtió hoy que un proyecto de ley "extremadamente peligroso" en Guatemala limitaría derechos de la mujer y niñas sobre el aborto y discriminaría a la comunidad LGBT.
La ley conocida con el nombre de "Protección de la familia y la vida" ataca los derechos básicos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y es abiertamente discriminatoria con la comunidad LGBT.
"Si el Congreso guatemalteco aprueba este proyecto, transmitirá el mensaje de que consideran que las mujeres y personas LGBT son de segunda categoría", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
"La propuesta carece totalmente de sentido común, es inhumana y podría convertir en criminales a las mujeres y niñas que tengan abortos espontáneos", señaló en un comunicado.
De acuerdo con Human Rights, los legisladores deberían rechazar el proyecto "Ley para la Protección de la Vida y la Familia", que ha sido aprobado dos veces en el Congreso y necesita una tercera aprobación.
La propuesta de ley, que "cercenaría gravemente los derechos de las mujeres y personas LGBT en el país", necesita además de la aprobación final de cada artículo de forma individual, antes de que sea enviada al presidente para su firma.
Vivanco advirtió que el proyecto, que ha generado controversia en el Congreso guatemalteco, amplía la criminalización del aborto y podría exponer a las mujeres que sufran abortos espontáneos a procesos penales, o al menos a ser interrogadas por las autoridades.
También incluye definiciones de "familia" y "diversidad sexual" abiertamente discriminatorias, que contravienen derechos fundamentales de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT), advirtió además la organización no gubernamental.
En Guatemala el aborto es legal sólo cuando esté en riesgo la vida de la mujer o niña embarazada. La nueva propuesta define al aborto como la "muerte natural o provocada" del embrión o feto y prevé penas de hasta cuatro años de prisión para las mujeres que tengan un "aborto culposo", recordó Human Rights.
Destacó que la pérdida de un embarazo puede ocurrir debido a anomalías cromosómicas del feto, edad materna avanzada o un antecedente de aborto espontáneo, todas situaciones que están fuera del control de la mujer embarazada o su médico.
La propuesta de ley va más allá al limitar el acceso al aborto legal para las mujeres cuyas vidas están en peligro al exigir aprobación médica adicional a los proveedores de salud que practiquen abortos indispensables para salvar su vida.
La exigencia podría provocar que el aborto terapéutico sea inaccesible para mujeres y niñas en zonas rurales, de bajos recursos o con acceso limitado a servicios de salud, de acuerdo con Human Rights.
También criminaliza la "promoción del aborto", al indicar que todo aquel que "directa o indirectamente promueva o facilite medios" para que las mujeres tengan abortos podría ser condenado a hasta diez años de prisión.
Según la organización, la disposición tendría la intención de sancionar y silenciar a organizaciones o personas que brinden información, asesoramiento o derivaciones sobre salud sexual y reproductiva con el fin de contribuir a reducir las enfermedades y muertes que son resultado de los abortos clandestinos e inseguros.
En cuanto a la comunidad LGBT, prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y lo define como la unión entre un hombre y una mujer "así nacidos". Señala igualmente que la familia está limitada al "padre, madre e hijos".
Establece que la "libertad de conciencia y expresión" protege a las personas de ser "obligadas a aceptar como normales las conductas y prácticas no heterosexuales".
"La libertad de expresión y de consciencia no son una carta blanca para discriminar a personas LGBT. Las disposiciones sobre ’protección de la familia’ en este proyecto legislativo no son más que una promoción de la homofobia", afirmó Vivanco. | 
