Este miércoles 5 de septiembre, pequeños productores realizan un “semillazo” en la Plaza de los dos Congresos, para frenar un nuevo impulso legislativo que permitiría privatizar las semillas en favor de las grandes corporaciones agroalimentarias.
“Quienes controlan las semillas, controlan la agricultura y la alimentación”, sostuvo Nahuel Levaggi de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). Desde la organización de pequeños productores, que reúne miles de familias en todo el país, explicaron que no hace falta ninguna modificación. “Una ley de semillas que da más poder a empresas como Monsanto-Bayer sólo puede traer más contaminación, menos alimentos saludables y mayores costos de producción”, señaló Levaggi.
Entre las organizaciones campesinas convocantes también se encuentra la Federación Agraria Argentina, lo que generó resquemores en el activismo contra la privatización de la semilla, puesto que parte de él identifica a FAA también como parte del "agronegocio contaminante".
Por su lado, la Multisectorial contra la ley Monsanto de semillas, que reúne a organizaciones sociales, políticas y ambientalistas, señaló que además de limitar el derecho básico a guardar semilla, las grandes corporaciones “también buscan utilizar el sistema de patentes para lograr el control sobre las semillas, algo que nuestra ley de patentes expresamente prohíbe, y violar el fin preambular de la Constitución Nacional: el bien común”.
Tanto el gobierno de Cristina Fernández en 2012, como el de Mauricio Macri en 2018, ha querido reformar la ley de semillas para adecuar la normativa del país a una nueva etapa del agronegocio, en negociaciones cerradas, sin atender las necesidades e intereses de agricultores familiares, comunidades campesino-indígenas, consumidores, etc.
Actualmente, en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados hay cinco proyectos presentados y un borrador propuesto por el Ejecutivo, que todavía no fue circulado oficialmente. De los cinco proyectos, tres pertenecen al oficialismo: los de Alejandro Echegaray, Cornelia Schmidt Liermann y Alicia Terada. Los otros dos proyectos pertenecen al diputado santafesino Luis Contigiani y al titular de la Federación Agraria Argentina, Omar Príncipe. Se especula que pueda salir una ley consensuada, pese a las diferencias de las entidades rurales.
Las organizaciones agrícolas alegan que la intención del Gobierno Nacional, la Sociedad Rural y las semilleras multinacionales es limitar el uso propio (libre) de las semillas. Es decir, que las multinacionales recauden más para, supuestamente, mejorar la tecnología.
Desde la UTT señalan que el paquete tecnológico de agrotóxicos y semillas transgénicas no mejora; genera más dependencia, es cada vez más caro y contamina. Justamente, por el fracaso de esta tecnología, sus impulsores buscan controlar los mercados para que no se les escape nadie. “¿Cómo lo harán en Argentina? Igual que lo intentaron hacer en otros países, donde quienes producen alimentos también se resistieron”, anuncian.
“El agronegocio actual, sus transgénicos y agrotóxicos, están llevando a la pérdida del 75 % de las variedades de semillas agrícolas, provocado devastación de millones de hectáreas, masiva contaminación, aporte significativo a la crisis climática y desigualdad”, señalaron desde la Multisectorial contra la ley Monsanto.
Según dice el borrador del proyecto del Ejecutivo, empresas podrán apropiarse de semillas bajo la figura de la propiedad intelectual y el Instituto Nacional de Semillas (INASE), en uso de poder de policía, podría acceder a los campos. Incluso, el INASE también podría delegar esta facultad a un ente privado.
La modificación a la Ley de Semillas actual N° 20.247 crea un mecanismo de renta que fortalecerá la posición dominante de tres empresas multinacionales que controlan el 59,8 % del mercado global de semillas. Hoy, luego de las fusiones de los últimos años, Monsanto-Bayer controla el 29,3 %, Dow-Du Pont el 21,3 % y Syngenta-ChemChina 9,2 %. Junto a BASF, las mismas controlan el 65 % de las ventas mundiales de agrotóxicos.
El argumento de la necesidad de las multinacionales para el desarrollo tecnológico es falso, señalan desde la UTT. Según la organización, asociada a la CTEP, las familias de la UTT conformaron un Consultorio Técnico Popular (CoTePo) mediante el cual, con la capacitación campesino a campesino, han desarrollado su propia tecnología agroecológica. Fabrican sus propios bioinsumos, tienen menos costos y ni en el campo ni en la comida hay riesgo de contaminarse. “Producir nuestras propias semillas nos da libertad. No permitiremos que nos la quiten”, afirmó Maritza Puma, miembro de UTT y promotora de CoTePo. |
