El fiscal federal Jorge Di Lello imputó a Mauricio Macri por delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El motivo: el acuerdo firmado entre el Gobierno y el FMI el pasado 7 de junio sin previa autorización al Congreso. Di Lello solicitó al juez federal Julián Ercolini una serie de medidas de prueba para avanzar en la causa y también que dicte una medida cautelar en la que se suspenda la ejecución del acuerdo con el organismo presidido por Christine Lagarde.
Junto al presidente, el fiscal imputó al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, al jefe de Gabinete, Marcos Peña; al presidente del Banco Central, Luis Caputo; y todo aquel que resulte de la investigación.
Estas medidas surgene a partir de una denuncia de Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo, quienes señalaron que el acuerdo con el FMI se hizo pese a que no estaba contemplado en la ley de presupuesto ni tampoco habilitados por el Congreso.
Lo que está en cuestión es la firma del acuerdo por el cuál el organismo internacional de crédito accedió a otorgarle a la Argentina un préstamo de 50 mil millones de dólares por el término de tres años. Ahora, en medio de un nuevo salto de la crisis y la devaluación, Dujovne se encuentra en Washington renegociando las condiciones del pacto.
Di Lello pidió –entre otras cosas- que el juez dicte una medida cautelar en la que se ordene al Poder Ejecutivo abstenerse de futuros retiros o solicitud de fondos en el marco del acuerdo cuestionado así como de la utilización de dinero que ya fue transferido por el FMI a las cuentas del Estado nacional.
La fiscalía también solicitó al Ministerio de Economía la totalidad de las resoluciones por las cuales el Gobierno Nacional ha contraído deuda para el Tesoro Nacional y el Banco Central. Además, requirió la citación como testigo del jefe de Gabinete del Ministerio de Economía para que informe el grado actual de ejecución del acuerdo. | 
