El mismo plantea que la ciudad está construida en dos tercios de su capacidad y apuestan a construir el tercio restante, que equivale a 110 millones de m2 aproximadamente. El macrismo está proyectando un crecimiento urbano en materia de vivienda que no necesita, sólo como mercancía en sí misma que nada tiene que ver con las necesidades habitacionales de las mayorías urbanas. La lógica que promueve es la de la especulación, que a su vez es el origen de la crisis habitacional y de su profundización.
Está hecho a la medida de los desarrolladores para legalizar y promover todo tipo de operaciones inmobiliarias aumentando la capacidad construible de las parcelas y con ella el precio del suelo. A su vez apunta a legalizar los permisos de obras ilegales o que fueron trabadas por el incumplimiento de las actuales normativas, otorgándoles seguridad jurídica y judicial para que puedan avanzar con estos proyectos.
Como si fuera poco, en paralelo al tratamiento de este Código, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el Gobierno de la Ciudad hará una la subasta de tierras públicas a través de una página web para poner a disposición del mercado varios terrenos de dominio públicos para su propio financianciamiento.
La ciudad de elite
Todo el código está cruzado por el sentido común de que al incentivar la construcción de millones de m2 aumentará la población total de la ciudad o que bajará el precio, cuando la realidad es que la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha mantenido estable en el orden de los 3 millones de habitantes desde varias décadas y el precio ha subido, a pesar del promedio del millón de m2 de vivienda construidos cada año, (el 80% constituyen de alta categoría), mientras que el precio del m2 en la Ciudad aumentó en los últimos 15 años, un 569% , aún más la zona sur de CABA con un 712%.
Como afirmó Myriam Bregman en la sesión en la legislatura, siendo que “la inversión en ladrillos un nicho de acumulacion de ganancias de los mas rentables y atractivos para los capitalistas, porque permite al mismo tiempo el blanqueo de capitales y gran parte de sus “insumos” es la mano de obra en negro y la precarizada.
Que paradójicamente es un sector de la población que habita mayoritariamente las villas y asentamientos de la ciudad informal” (10% de la población de la CABA) y el conurbano bonaerense, son quienes las materializan.
La ciudad fragmentada
Para estos sectores el NCU no contempla ningún tipo de política urbana integral, sino interviene sobre lineamientos generales ya que más allá de proponer apertura de calles, trata esos barrios como cualquier otro, regulando tipo de usos y alturas máximas. Como quedó plasmado para el Barrio Padre Mugica (Villa 31 y bis) donde vecinos fueron reprimidos el dia lunes 3 por parte de la policía de la ciudad al reclamar instancias de participación y organización en un proceso de “reurbanización” del que no forman parte. Sin hacer mención de cómo resolver el problema habitacional ni la integración a la ciudad a quienes habitan en villas y asentamientos informales. Tampoco contempla instrumentos para los 980.000 habitantes que alquilan (un 35% de la población de CABA), ni para los 126.000 (4,5 %) que habitan en hoteles, conventillos o inquilinatos.
La ciudad colapsada
Al mismo tiempo que plantea la densificación de la ciudad en una escala macro, no contempla ningún tipo de plan de infraestructura integral que apunte a actualizar la ya saturada red de servicios públicos (pluvial, cloacal, gas, electricidad, transporte, salud y educación). Tampoco prevé ningún tipo instrumento paliativo como la captación de plusvalías que impliquen resignar una ínfima porción de sus ganancias a empresarios, inmobiliarias y especuladores.
Por el contrario les da rienda suelta a estos actores, que pasan a ser los únicos beneficiarios de este Nuevo Código Urbano que pone énfasis en planificar el crecimiento en altura eliminando parámetros de zonificación, (FOT, FOT, entre otros), asi como tambien aumenta la superficie permitida a construir en cada parcela. De esta manera facilita los negocios inmobiliarios a el sector privado al no plantear instrumentos de gestión que limiten o restrinjan los inmuebles ociosos, ni la concentración de propiedades por parte de grandes inversores que intervienen en el mercado inmobiliario. Incentiva procesos de gentrificación para elevar el precio del suelo urbano y su consecuente expulsión de la población hacia otros lugares desalentando la mixtura de usos que pregona incorporar.
La ciudad homogénea
Tiende a generar un tejido homogéneo mediante instrumentos como el enrase, el establecimiento de corredores por alturas máximas, tendiendo a eliminar las medianeras pone un signo igual en barrios que son completamente diversos entre sí. Sin diversificar manzanas o determinados sectores puntuales de la ciudad que son parte de las identidades barriales que configuran la riqueza heterogénea de la misma, deteriora su patrimonio histórico que hace a su riqueza morfológica. En donde la Ley de Propiedad Horizontal permitió (a muy grandes rasgos) el loteo de las manzanas y de viviendas al interior de esos lotes, que dio como resultado la diversidad cultural y formal de la ciudad que hace a un rasgo identitario distinto a otras ciudades, en donde las manzanas solían tener un unico propietario. Busca importar modelos estéticos de ciudades como París o Barcelona que nada tiene que ver con el proceso de desarrollo de la CABA. Por un aparente capricho estético de establecer dicha homogeneidad formal, que esconde detrás la rentabilidad empresaria que van a lucrar con la excusa del completamiento del tejido.
La ciudad de castas
Mientras mantiene todos los privilegios que se le han otorgado a la Iglesia Católica como la eximición de impuestos municipales, incluso incorporando varios predios como APH para facilitar estas gestiones a uno de los mayores propietarios de la CABA. A su vez en durante todo el proceso de elaboración del Código Urbano ni en sus respectivos anexos, no se respetaron si se llamaron a las instancias de “participación ciudadana” o prácticamente fueron inexistentes, no habiendo estado debidamente publicitados o informados para dar conocimiento a la población de la existencia de los mismos, por lo que se desconocen, mismo las que se hicieron llamándose con 24h de anticipación no fueron vinculantes. Mismo el último borrador se presenta con 48h de anticipación a la sesión de su tratamiento. Los antecedentes de procesos de elaboración de nuevos códigos urbanos indican que por su complejidad y la multiplicidad de actores que intervienen implica que se extienda incluso hasta varios años. En las ciudades donde se han llevado a cabo fueron procesos que tardaron más de 4 años en algunos casos o mismo el antecedente del código vigente cuya elaboración duró más de dos años.
Lejos de eso, necesitamos un plan urbano integral que considere la vivienda y el espacio público y los servicios como derechos y no como mercancías. Desde las bancas del PTS en Frente de Izquierda Myriam Bregman y Patricio de Corro rechazaron tanto el Código Urbano y como el de Edificación para plantear la necesidad de un programa para avanzar sobre los privilegios de los que especulan con el suelo urbano partiendo de plantear impuestos a la vivienda ociosa. Créditos baratos para poder acceder a una vivienda. Alquileres que no superen el 20% del salario. No a los desalojos. Impuestos a las grandes propiedades empezando por las más de 400 propiedades de la iglesia exentos. Que incluya un plan de construcción de viviendas popular y de calidad. Para que no haya ni casas sin gente ni gente sin casas. | 
