Eugenio, ante esta política del Gobierno, que con la excusa de reducir gastos, achica la cantidad de ministerios y que está teniendo como respuesta la movilización de los trabajadores estatales, ¿qué opinión tiene?
Antes que nada para los compañeros estatales, sobre todo los de estos ministerios que van a pasar a tener rango de Secretarías, toda mi solidaridad y que se respeten las fuentes de trabajo y las condiciones laborales.
Lo primero que hay que aclarar es que la plata de la Seguridad Social no es plata del Estado. Es de quienes aportan al sistema.
Para mí tiene que ser un organismo tripartido. Hay países que incluyen a los empleadores pero yo no estoy de acuerdo porque el aportante real siempre es el trabajador, aún con la contribución patronal. Porque esa plata que ponen los empresarios, la sacan también de la plusvalía que le extraen al trabajador.
Yo no estaba de acuerdo ni que pertenezca al Ministerio de Trabajo, ni ahora al de Desarrollo social, porque pienso que tiene que ser un ente autónomo, controlado por trabajadores activos y pasivos, con participación del Estado. Pero a pesar de esta posición mía, lo que hay que preservar son los puestos de trabajo y hay que respetar la plenitud de sus derechos.
¿Y qué consecuencias ve en este traspaso y achicamiento de ministerios?
Lo del ministerio de Trabajo no tiene razón de ser y habla de una descalificación de los trabajadores como tales. Ahora, además de que hay que ver qué funciones van a tener esas Secretarías (NdeR: traspaso del ministerio de Trabajo, como Secretaría, al ministerio de Producción a cargo de Dante Sica y el de Salud, también como Secretaría, al ministerio de Desarrollo Social y Salud, dirigido por Carolina Stanley), en un país donde por ejemplo, la política de salud, es más bien la “política de enfermedad” y donde la salud dejó de ser un bien social. El problema de fondo es ese.
Porque inclusive hoy el Ministerio de Salud como estaba concebido, con el Consejo Federal de Salud (NdeR: -COFESA-, creado por la Ley 22.373 en enero de 1981. Reúne a los ministros de Salud de todas las provincias de Argentina), que tiene el poder real a partir de una descentralización trucha que se hizo en el sistema, nunca garantizó políticas de salud reales.
Cuando hablo de “políticas de salud” que se llevaron adelante, tiene mucho más que ver con el negocio de la enfermedad. Porque el verdadero problema es que a través de los laboratorios, se financia una parte importante del sistema político, en las diversas elecciones presidenciales y demás. Después esto lo terminan pagando los jubilados en el PAMI o los pacientes en general.
¿Y en relación a la Seguridad Social?
Mirá, la verdadera política social es el trabajo, deberíamos estar discutiendo la necesidad de que haya trabajo para todos.
Pero más bien pasa todo lo contrario, hoy los trabajadores están luchando para defender los puestos de trabajo.
Por eso, se ha instalado una política de subsidios, que es una política casi dadivosa, hay más de beneficencia religiosas que de fuentes laborales reales y remuneradas como corresponde. Es decir: no hay trabajo genuino, los salarios son miserables, las condiciones oprobiosas y hay un verdadero festival porque a esto se suma que hay cooptación por cargos públicos, punterismo político. Todas las deformaciones habidas y por haber.
¿Con respecto al ANSES, específicamente a los fondos que tiene, usted qué ve en este traspaso?
Yo creo que lo que se está llevando adelante no es muy distinto a lo que se vino haciendo. Es utilizar los recursos del ANSES -que insisto- no son del Estado ni del presupuesto nacional, para financiar cuentas del propio Estado.
Esto lo han hecho todas las gestiones. No solo se han hecho préstamos desde el Estado, que nunca vuelven, sino que se le ha prestado también a empresas, muchas de las cuales hoy sus responsables son los supuestos “arrepentidos” en el #CuadernoGate, también a tasas promocionales.
Fijate qué paradoja, le ofrecen prestarle a un integrante del sistema previsional (¡lo que es su propia plata!) a una tasa del 40% o 50% y después hacia el Estado se le presta, lo que nunca devuelve, a tasas promocionales.
Por otro lado, creo que de las crisis no se salen repitiendo las mismas fórmulas de siempre o los mismos errores de siempre. Yo creo que esta crisis, en términos previsionales, nos tiene que llevar a exigir la autonomía del sistema de previsión social, el manejo de los recursos por parte de los trabajadores.
Y en lo inmediato es indispensable poner el flujo del Fondo de Sustentabilidad y Garantía (FGS) a disposición de los jubilados. Porque ahí hay otro error: por preservar el FSG, lo que pasa es que los jubilados se nos mueren de hambre.
Es como cuidar un estanque de pececitos de colores, que se los van afanando de a uno, mientras que las personas, jubiladas y jubilados, que son los que pusieron la plata, hoy no pueden vivir. ¿Quién puede vivir con $8.000, o un discapacitado con $6.000?
Sobre todo con los ritmos de la inflación, que ya todos calculan que para fin de año va a superar el 42% o 45% y la mega devaluación del peso, que licuó los salarios y las ya vergonzosas jubilaciones.
¡Exacto! A su vez en la canasta del jubilado, muchos de los insumos están directamente atados al dólar. Ahora se acaba de rescindir el contrato de medicamentos con el PAMI, esto va a significar que para octubre vamos a tener un costo de un 50%, 60% o 70% más en los medicamentos.
¿Cómo es eso del contrato de medicamentos?
El contrato de medicamentos que se había fijado con precios de febrero, más una quita del 5%, la industria de los laboratorios hace tres días acaba de hacer uso de la cláusula de rescisión, implica que cesa ese contrato en octubre y tienen que renegociar todos los precios.
Son los laboratorios que de nuevo están presionando para seguir ganando millones.
Como siempre.
Ustedes hace unas semanas acaban de relevar los precios de la canasta de jubilados y jubiladas que dio $21.200 y la jubilación mínima está en $8.600.
Sí, y siempre hay que acordarse de los discapacitados. Las pensiones no contributivas están, a partir de septiembre, en $6.700. No resiste ni el más mínimo análisis.
Las jubiladas y jubilados están sometidos a condiciones muy oprobiosas en nuestro país. |