Foto: Los Andes
Este miércoles por la mañana, la Legislatura mendocina votará el proyecto de Código Contravencional impulsado por el gobierno provincial de Alfredo Cornejo. Decenas de organizaciones políticas, sociales, estudiantiles y de DDHH rechazan el proyecto y se movilizarán para denunciar la criminalización de la pobreza y la protesta social.
El proyecto cuenta con media sanción del senado provincial, donde además de los votos radicales, el proyecto fue avalado por los aliados de Cornejo Ernesto Mancinelli de Libres del Sur, Cecilia Páez del PRO y el pastor Héctor Bonarrico del PI. La sesión express donde fue aprobado, fue denunciada por el senador provincial del FIT Lautaro Jimenez, quien había denunciado que el proyecto es "un código contravencional punitivo que se ha convertido en un intento de código penal".
Ahora, tras la confirmación de que los diputados y diputadas votarán el Código en la sesión de este miércoles, decenas de organizaciones llaman a movilizarse contra el proyecto. En ese mismo sentido, la dirigente del FIT Noelia Barbeito, difundió una carta abierta este fin de semana dirigida al movimiento de mujeres, donde denuncia que "Mendoza ya es una provincia modelo para los anti-derechos". En la carta, donde llama a las organizaciones a sumarse al rechazo al código, Barbeito denuncia también que "ahora el Gobierno de Alfredo Cornejo quiere profundizar este modelo bajo los parámetros más reaccionarios del control social, la estigmatización, la concepción de “peligrosidad”, y la persecución".
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Por su parte, la diputada provincial Macarena Escudero aseguró que, al igual que en el senado, la izquierda rechazará el proyecto: "el objetivo del proyecto es que esta norma transforme en faltas penadas, ya sea con días de cárcel, trabajo comunitario o multas, comportamientos que no son delitos reconocidos en el código penal". La diputada, además denunció que "el rechazo que hacemos desde el PTS en el Frente de Izquierda es un rechazo en general a todo el proyecto; como parte de una política del gobierno que busca resolver los conflictos sociales mediante el punitivismo, ya sea penal o contravencional. Como es el caso de penar las movilizaciones".
Diversos organismos de DDHH también rechazan el proyecto de Código y han ido sumando sus voces contra el avance punitivo en la provincia. Desde Ex Presas y Presos de Mendoza enviaron una carta al presidente de la Cámara de Diputadosm Nestor Parés, donde advierten que "de aprobarse, puede lesionar derechos constitucionales así como contrariar numerosas leyes nacionales".
La asociación de ex presas y presos políticos, además denunció que "se amplían las conductas sancionadas, fortaleciendo lo que parece ser un estado de sospecha permanente, cercano a modelos autoritarios de Estado. Lejos de avanzar hacia una sociedad con prácticas más democráticas, el punir cada vez más conductas fortalece al Estado como un instrumento de control social y no como espacio articulador de problemáticas y temáticas sociales". El organismo de DDHH también denunció que el nuevo Código criminaliza "la pobreza y el trabajo precarizado" y advierte que "un sinnúmero de conductas posibles que pasarán a ser consideradas faltas y por ello ser pasibles de sanción. Esto redunda en un estado de control y sospecha, cercano a modelos autoritarios que han hecho daños profundísimos en nuestra sociedad".
En una columna de opinión en el Diario Los Andes este lunes, el abogado Lucas Lecour, integrante de la asociación Xumek, denunció que algunas de las modificaciones que impulsa el gobierno al código resultan inconstitucionales. Con respecto a las sanciones que establece para las manifestaciones, para el presidente de Xumek "se reprimen conductas garantizadas en toda democracia, imponiendo obligaciones previas que afectan gravemente su ejercicio, dando lugar a un sistema sancionador selectivo que permite perseguir manifestaciones y reuniones contrarias a los intereses del gobierno de turno".
En los artículos 94 y 95, se sanciona con encierro la alteración psíquica o embriaguez. "Contrariamente a la Ley Nacional de Salud Mental, el nuevo código se entromete en la vida privada de las personas, poniendo en riesgo su integridad al no ordenar su traslado a un centro de salud", concluyó Lecour en la mencionada nota.
Por su parte, desde Correpi Mendoza, denunciaron que el proyecto "estigmatiza y persigue a quienes intentan sobrevivir con trabajos precarizados en la calle, como trapitos, limpiavidrios, vendedores ambulantes, artistas callejeros y personas en situación de prostitución. Por la otra, planifica un verdadero cepo a la protesta y la movilización, que incluye la posibilidad de penas a las organizaciones, con la admisión de responsabilidad a las personas jurídicas; impone el requisito de la “autorización previa” para cualquier reunión de personas o manifestación en lugares abiertos o cerrados".
En la UNCuyo también rechazan el Código y se movilizarán este miércoles. Así lo resolvió una asamblea interfacultades la semana pasada que votó un plan de lucha para esta semana que incluye movilizarse contra el avance represivo que implica este código.
El Sindicato de Prensa de Mendoza, por su parte, denunció que "el proyecto apunta a extender a nivel provincial la política ya instaurada en Capital Federal a través del Código de Convivencia de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, que criminaliza la protesta social de las y los trabajadores, sindicatos y movimientos sociales".
La organización de los trabajadores y trabajadoras de prensa de la provincia, a través de un comunicado, aseguraron que "la libertad de expresión es condición ineludible para el ejercicio de la democracia. La iniciativa pretende coartar este derecho básico, indiscutible, reconocido por la legislación nacional e internacional. Los métodos represivos que el proyecto de reforma del Código de Faltas propone conculcan derechos inalienables de la ciudadanía". "Exhortamos a las y los legisladores mendocinos a no allanarse a esta resignación de derechos en detrimento de la sociedad mendocina", concluyeron.
Desde el Sute, también se sumaron al rechazo cuando, ante la Comisión de Derechos y Garantías del Senado provincial, denunciaron: "A la media sanción del nuevo código Contravencional, que criminaliza la protesta social, hay que sumar la Res 2097 con la que pretenden judicializar las ocupaciones pacíficas de institutos; la reciente condena a Raquel Blas y Roberto Macho, aplicando el Código Penal a la protesta social; las amenazas de imputaciones a estudiantes y docentes; las que se hicieron por la lucha contra Fracking; la baja e inhabilitación de Paola Vignoni por oponerse al Operativo Aprender (2016); las imputaciones realizadas a legisladores del Frente de Izquierda, delegados y referentes sindicales por manifestarse en el marco de un paro nacional; las multas y amenazas constantes en cada movilización".
También se pronunciaron en contra, y convocaron a movilizarse este miércoles, las Asambleas Populares por al Agua Pura, que vienen llevando adelante la lucha contra el fracking en la provincia. |
