Jesús Murillo Karam era muy cercano al presidente mexicano Enrique Peña Nieto, pero su amistad no lo salvó del gran desgaste de su gestión, y lo reasignaron como titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Su salida trató de ser “honrosa”, con la detención de la “Tuta”, un capo del narcotráfico, una operación a todas luces montada para que la institución recupere cierta “credibilidad” ante la opinión pública, tanto en el plano nacional como internacional.
La separación de Murillo Karam de su cargo tiene mucho que ver con el desgaste de su figura ante la crisis abierta por el caso Ayotzinapa, que contribuyó a la puesta en cuestión del gobierno de Peña Nieto. Según señala el artículo “Ayotzinapa abre la primera crisis en el gobierno”, de Jan Martínez Ahrens y Verónica Calderón, publicado en El País: “Murillo Karam ha sido la cabeza visible del Ejecutivo ante el caso de Iguala, y por ello mismo, se había convertido en el espigón contra el que se estrelló la gigantesca ola de descontento desatada por la desaparición de los normalistas”.
Sin embargo, aun fuertemente cuestionado por parte importante de la sociedad mexicana, la salida de Murillo Karam no se produjo durante el auge de las movilizaciones por la aparición de los normalistas, entre octubre y noviembre del año pasado. Se produjo en un momento en el cual las movilizaciones continúan, pero con una participación menor y en el marco de una ofensiva represiva del gobierno, cuyo hito máximo fue la brutal represión de los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), que tuvo el saldo de un maestro asesinado por los golpes de la policía federal, al menos cuatro maestras violadas y un número aun indeterminado de maestros detenidos y desaparecidos.
Lo cierto es que esta medida trata de paliar, de alguna forma, lo que admitió Peña Nieto en declaraciones al Financial Times: que México “está plagado de incredulidad y desconfianza”.
Jesús Murillo Karam saltó a la fama por su polémico manejo del caso Ayotzinapa, en el cual encabezó las investigaciones oficiales. Con numerosas omisiones y faltas en el proceso, como señalamos acá, la conclusión del gobierno fue que los estudiantes fueron aprehendidos por policías municipales, entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, y después incinerados para que sus restos quedaran en un basurero y en un río de Cocula. Con esta trama de novela policial simplona, el gobierno pretendió dar el carpetazo.
Los familiares de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada rechazaron esa versión: no hay pruebas científicas y la conclusión del gobierno se basan en los dichos de sicarios. Por todo esto, los familiares exigen que continúe la búsqueda de los jóvenes, y que se indague al Ejército, ya que participaron de los hechos del 26 de septiembre de 2014, el día que desaparecieron los jóvenes.
Otro caso reciente, también emblemático, en el que participó la Procuraduría General de la República (PGR) fue el de Tlatlaya, por el caso de jóvenes que se habían rendido y fueron ejecutados por el ejército. La PGR sólo acusó de homicidio a tres militares, aunque hubo acusaciones de mujeres sobrevivientes de abuso y tortura. El Ejército militar, como institución, continúa impune. Para librar la guerra a muerte…contra el narco? No, definitivamente, sino para combatir, reprimir y ahogar la protesta social.
Arely Gómez, embajadora de Televisa
Peña Nieto nombró a Arely Gómez, senadora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta la semana pasada, como nueva procuradora. Debe ser ratificada por el Senado en el transcurso de esta semana.
Gómez es hermana de Leopoldo Gómez, vicepresidente de Televisa, la empresa que llevó a Peña Nieto a la presidencia. Así, el Grupo Televisa, el emporio de la telecomunicación –propiedad del magnate mexicano Emilio Azcárraga Jean- tendrá su representante directa en el gobierno, y tendrá incidencia en la información que se dé a conocer de los casos que lleve la PGR. |
