El Chile de la impunidad
Fueron 73 votos contra 64 los que sepultaron la acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, Carlos Kunsemuller, y Manuel Valderrama. La derecha de Chile Vamos en bloque votó en contra. La DC le aportó 10 más, y los radicales hicieron su resto con 2 votos más. Así fraguaron un nuevo camino de impunidad amparada por el Congreso Nacional, tras seis recientes escandalosos fallos en que la sala penal de la más alta magistratura otorgó libertad condicional a seis genocidas de la dictadura por “razones humanitarias” (y que cumplían condena en cárceles especiales donde gozan de privilegios mantenidos por el Estado).
Esos fallos escandalosos, donde ni siquiera han operado estándares "liberales" internacionales básicos de modificación de la pena (como el arrepentimiento o colaboración sustancial), otorgaron acceso a libertad condicional a genocidas, que cumplen penas bajísimas y en cárceles especiales como Punta Peuco hoy y ayer también Penal Cordillera. Son crímenes considerados de “lesa humanidad”, de aquella dictadura sangrienta de 17 años que comenzó un 11 de septiembre de 1973 para, mediante la violencia contrarrevolucionaria del Estado, enterrar físicamente al desafiante movimiento obrero y popular de la época. Esto sin contar con los miles que viven todavía en total impunidad protegidos por los pactos de silencio, la complicidad de la derecha y por una justicia que operó "en la medida de lo posible", por mandato de la Concertación (Con Patricio Aylwin a la cabeza).
Desde la tribuna parlamentaria, intervinieron los defensores de los altos magistrados para demostrar que no hubo "abandono de deberes", que "nadie puede revisar los fallos judiciales" y defendiendo éstos y la libertad a los genocidas. El supuestamente “progresista” ex decano de la facultad de Derecho de la U. de Chile, Davor Harasic, quien en ocasiones anteriores defendió a los mismísimos Carlos Eugenio Lavín y Carlos Délano, dueños de Penta, en las millonarias operaciones de corrupción de financiamiento a la UDI, señaló en su polémica intervención, algo que llamó la atención y muestran el espíritu o sentido mismo de las motivaciones de este arco en defensa de los “magistrados” y de la “independencia del poder judicial”. Señaló que "en Chile no hay impunidad". Nada más falso, de la boca de un "progresista" que reivindica la justicia en la medida de lo posible, que se inscribió durante décadas como bandera concertacionista, y ahora se busca apropiar de ella la propia derecha.
Los defensores buscaron reivindicar la trayectoria de las causas de DD.HH y las credenciales ultra democráticas de los altos jueces, como insistió el DC Jorge Correa Sutil (que ya había defendido al derechista Ministro de Salud Emilio Santelices). De todo ello se colgó la derecha para mostrar credenciales democráticas que no tiene: fueron cómplices del golpe junto a los militares, el gobierno de EE.UU y el gran empresariado; luego estuvieron en numerosos cargos de gobierno, y los mismos “cómplices pasivos” están hoy en el poder ejecutivo. Personajes como Piñera, Federico Valdés, José Yuraszcek (involucrado en el caso de corrupción "Chispas"), la familia Kast: todos fueron grandes beneficiados para construir sus fortunas con la dictadura, entre otras formas, privatizando las empresas públicas para ser sus dueños.
Pero no solo fueron los derechistas, sino que los impunes jueces ganaron junto a "opositores": los 10 diputados de la falange y 2 radicales. Así, aunque la derecha sea “minoría parlamentaria”, ganó con la “mayoría” de 12 votos “opositores”. La derecha y los pinochetistas celebraron, también los genocidas, también la casta millonaria de los jueces.
Impunidad democrática: los falsos amigos del pueblo de la "justicia en la medida de lo posible"
El arco llamado “oposición” está dividido en bloques, donde a la vez predominan los sub-grupos, fracciones. Son tendencias centrífugas que aceleran la crisis de los viejos partidos del “progresismo” democrático neoliberal. La "mayoría" DC garantizó la derrota de la acusación constitucional que presentaba la "oposición". Radicales y pepedeistas, con conducción de viejos concertacionistas, quieren ser “oposición moderada”. El PS busca ser una oposición “más dura” pero parlamentarista, y desde allí unir “desde el FA a la DC” (algo que también empuja el PC, con lenguaje más de izquierda y con poder de conducción en el movimiento sindical mediante la CUT, cuyas burocracias mantienen tregua y colaboración con gobiernos y empresarios).
El impulso de la acusación constitucional, nacido de una alianza del FA, PC, PS y diversos “progresistas” de la oposición, fue un primer test de "unidad de la oposición”, en este caso tras la bandera de los DD.HH.
Esa prueba de “unidad” no solo no pasó la prueba con sus propios “traidores” otorgando el triunfo a la derecha, sino tampoco con la hipocresía y doble discurso de aquellos que apoyaron la acusación, PS, PPD, y “progresistas” DC y PR, quienes posaron demagógicamente como virtuosos/as luchadores contra la impunidad del ayer y del hoy. Quizá como nunca en 27 años sus parlamentarios agitaron como demócratas consecuentes. Más de algunos señalaron que incluso hasta “en las calles” luchan.
Ahora hablan contra la impunidad cuando en 28 años, de seis gobiernos que ha tenido el país, cinco han sido de la centroizquierda (Aylwin-DC, FreiC-D, Lagos-PS, y dos veces Bachelet-PS), y junto a la derecha y al pacto con los militares mantuvieron la impunidad del Estado: La "justicia en la medida de lo posible" fue la estrategia de la impunidad que se mantiene hasta hoy.
Son las cárceles de privilegio como Punta Peuco (la Concertación ni siquiera cerró Penal Cordillera, fue Piñera en su primer mandato tratando de hacerle un gesto al "centro"); la ley de amnistía por las cuales la mayoría de los genocidas continúa sin ser procesados ni condenados; los pactos de silencio y leyes secretas en las Fuerzas Armadas; ni qué decir de los privilegios a los militares sostenidos con el presupuesto de la nación, mientras cientos de miles de detenidos, torturados y sus familias viven en condiciones precarias, con míseros planes de salud o pensiones.
Y esto sin mencionar las sistemáticas violaciones a los DD.HH en democracia: los asesinatos a jóvenes obreros como Rodrigo Cisternas o Nelson Quichillao; a mapuche como Alex Lemún o Matías Catrileo; a estudiantes como Daniel Menco o Manuel Gutiérrez; a pobladores como José Vergara. El terrorismo de Estado instalado en La Araucanía. Han mantenido la justicia militar y en cada uno de los asesinatos en democracia los responsables físicos y políticos han quedado impunes. O la represión en protestas, las torturas a estudiantes y mapuche (llamados hasta hace algunos años “apremios ilegítimos”).
Todo eso es impunidad. Respondieron a Harasic diciendo “en Chile sí hay impunidad” sin que nadie siquiera se preguntara por qué hay impunidad si ellos han sido fundamental en la gobernabilidad capitalista chilena, montada sobre las bases de la dictadura.
Son los falsos amigos del pueblo, que mientras posan de "luchadores contra la impunidad" buscan a toda costa la desmovilización en las calles frente a estas causas. La derrota de esta prueba de la “unidad de la oposición” desnuda tanto su crisis interna como el falso juego de posar como “demócratas”. Ya no son la vieja Concertación ni son las condiciones de los años 90 donde aquello les daba triunfos electorales y políticos garantizados.
PC y FA: no se puede terminar con la impunidad sin luchar consecuentemente contra todos los responsables
El FA y el PC, que no son lo mismo que la vieja concertación ni son partidos capitalistas como aquellos, sino reformistas, fueron impulsores del arco acusador. Aunque en el terreno parlamentario puede ser correcto tácticamente la lucha por los votos contra atentados directos a los DD.HH como los fallos de la Corte Suprema, una cosa muy distinta es ser el “ala izquierda” del viejo concertacionismo, y empujar en un carro de “todos contra la derecha y la impunidad” con los mismos responsables de esa impunidad, no solo los que votaron ahora junto a la derecha, sino los demagogos "progresistas" que han estado a la cabeza del poder político las últimas décadas.
Los parlamentarios PC y frenteamplistas denunciaron duramente a la derecha y denunciaron correctamente los fallos a favor de los genocidas, pero no dijeron una sola palabra (y no solo en la Cámara, sino en toda la campaña de la acusación) contra los concertacionistas y su responsabilidad en la impunidad de ayer y de hoy. Ni un solo cuestionamiento. Hertz (PC); Hircsh (FA-PH); Crispi (FA-RD), el poema de Boric, hicieron discurso común con los impunes progresistas. Un discurso de colaboración con los falsos amigos del pueblo, de conciliación con partidos capitalistas que junto a la derecha son los garantes de la impunidad. Más aún: ni siquiera pusieron el 10% de las fuerzas para impulsar una gran movilización el 11 de Septiembre, a 45 años del Golpe, que la fuerza que pusieron en la colaboración parlamentaria con los "progresistas".
El PC fue parte de un gobierno que ni siquiera cerró Punta Peuco como “cárcel” privilegiada a los genocidas, que han defendido a los altos mandos que mantienen los pactos de silencio y las leyes secretas, que asesinaron a mapuche, obreros, estudiantes, aplicaron ley anti-terrorista, y largos etcéteras.
Una lucha consecuente para terminar con la impunidad de los genocidas, la derecha y todos los cómplices militares y civiles (en particular los capitalistas), debe ser de forma totalmente independiente a la vieja concertación y el progresismo burgués.
Incluso, impulsando “unidad de acción” en base a puntos específicos de movilización frente a causas democráticas (frente a represiones, asesinatos, libertades democráticas, etc.), en ningún modo es posible confundir esta acción (en las calles) con un discurso común ("unidad de la oposición") con los responsables centroizquierdistas, más aún cuando son los "enemigos" de muchas de esas luchas (asesinando luchadores, reprimiendo, pactando con genocidas).
Sólo esa independencia puede fortalecer la lucha por los DD.HH, su movilización y organización, no la colaboración que propugna el PC y es la principal postura en el FA, que eventualmente los llevará a diversas coaliciones políticas con aquellos (ya con el PC se dio junto a la Nueva Mayoría), y que actúan más como órganos de primeros auxilios del viejo progresismo, que como una alternativa consecuente para terminar con sus herencias. La política de "unidad de la oposición" o "unidad con el progresismo" no hace más que fortalecer a los que quieren volver al poder ejecutivo para repetir las viejas fórmulas que terminaron negociando y favoreciendo a la derecha. Incluso han llamado ahora a una marcha y acto común para el 05 de octubre, desde la DC hasta el FA reivindicando el plebiscito de la transición pactada con los genocidas. El camino del parlamentarismo en colaboración con el "progresismo" es un camino plagado de derrotas.
Para poner fin a punta peuco, por cárcel común a todos los genocidas, por la apertura y confiscación de todos los archivos de los militares, para poner fin a los pactos de silencio, para poner en manos de organismos de DDHH todos los inmuebles reclamados, para luchar contra la represión creciente del Estado, se debe luchar en las calles e impulsando la movilización, de forma independiente al progresismo empresarial, que le teme a la movilización independiente y busca llevar todo al reaccionario parlamento.
La estrategia del PC y la que está asumiendo tempranamente el FA de colaboración y unidad de la “oposición” lleva a fortalecer a los viejos y seniles falsos amigos del pueblo, que a la vez, le han abierto el paso a la derecha. Su “paso adelante”, lleva a “dos pasos atrás”. Este camino no fortalece la lucha por los DD.HH mediante un movimiento independiente en las calles, ligado a la clase trabajadora, las mujeres y la juventud, y que se proponga terminar con la herencia viva del pinochetismo.
Subordinados a un progresismo burgués senil que quiere nada-mas-que-parlamentarismo, arrastra al FA a nuevas crisis. Su estrategia parlamentaria y de alianzas con partidos capitalistas, no hace más que alimentar vías a la recomposición y transformismo de los viejos partidos concertacionistas. Ya el PC lo hizo el 2013, y resultó el segundo bacheletismo, que más que para avanzar a derrotar el “modelo” con reformas mínimas, desmovilizó las calles (reprimiendo estudiantes, trabajadores, mapuche, pobladores), y abrió el retorno del segundo Piñera.
Para enfrentar a los genocidas, a la derecha y los empresarios, hace falta un movimiento en las calles, de trabajadores, mujeres, estudiantes, junto a los organismos de DD.HH. Un movimiento que sea completamente independiente a la ex Nueva Mayoría y los partidos capitalistas del régimen, que se proponga atacar, con la fuerza de la movilización, las bases de toda la herencia pinochetista, con un programa anticapitalista, de clase e independiente. |
