Lo aprobó el Consejo Municipal el pasado 30 de agosto. El proyecto original fue presentado por una coalición de organizaciones civiles y contó con una importante movilización social a su favor.
En marzo pasado, la asociación civil santafesina Capibara, en colaboración con integrantes del Foro Santafesino por la Salud y el Ambiente y la Multisectorial Paren de Fumigarnos presentaron un proyecto para modificar la ley de agrotóxicos al Consejo Municipal de la ciudad de Santa Fe, que finalmente fue sancionado como ordenanza 11.462 prohibiendo la utilización y aplicación de glifosato –en todas sus variantes- dentro del ejido urbano de la ciudad.
Lograr este fallo en una de las provincias del corazón sojero argentino es significativo. Se suma a las prohibiciones que ya están en marcha en otras ciudades como Gualeguaychú, Paraná, Ciudad de Buenos Aires y Rosario. Cada vez más ciudadanos se organizan en distintos pueblos y ciudades para conseguir leyes similares.
El glifosato es el herbicida más utilizado por el modelo agroindustrial argentino y de la región, su función es eliminar ‘malezas’ que compiten con los cultivos por nutrientes, sol y agua. El químico se vende bajo la marca RoundUp (Monsanto), que es la más conocida, pero también se comercializa como Zamba (Nidera), Sulfosato (Syngenta), o Sitrin (Bayer).
Monsanto fue recientemente adquirida por Bayer, incrementando holgadamente la concentración de semillas y productos químicos en pocas manos gracias a la fuerte dependencia entre las semillas transgénicas y los herbicidas que se utilizan en esos cultivos.
Últimamente el glifosato está en el centro de la atención mediática por el juicio que el jardinero Dewayne Jonhson le ganó a Monsanto, en California, Estados Unidos. En ese fallo se condenó a la corporación a indemnizar a Dewayne por casi 300 millones de dólares ya que según el juez, “el herbicida Roundup fue un “factor sustancial” en la aparición del cáncer que sufre el jardinero”.
Finalmente la gran cantidad de estudios que existen a nivel mundial, advirtiendo de la toxicidad de este producto, parece estar llegando a los oídos correctos.
Derechos humanos y derechos de la naturaleza
La ordenanza santafesina, además de fijar la prohibición de uso tanto aéreo como terrestre, establece como autoridad de aplicación a la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos municipal que deberá generar “medidas alternativas para el control de malezas y plagas, en armonía con el ambiente, la salud humana y los derechos de la naturaleza”.
Rafael Colombo, uno de los abogados autores del proyecto, resaltó que “probablemente sea una de las primeras ordenanzas del país en incorporar la noción de los derechos de la naturaleza, que es una remisión a una tradición política y jurídica constitucional de América Latina y que plantea una reconciliación de la naturaleza y la sociedad a partir de un vínculo más armónico y más respetuoso”.
Además, puntualizó que “en esta ordenanza coexiste, una perspectiva ligada a la protección de los derechos humanos fundamentales, como la salud, junto a la protección del ambiente y la naturaleza como fines en sí mismos, situación que también ha sido puesta de manifiesto a principios de año por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la Opinión Consultiva N° 23, que sostuvo que la calidad de nuestros ecosistemas es una condición esencial para la realización de los derechos humanos”.
Un gobierno al servicio del agronegocio
A la vez que la ciudadanía va tomando conciencia sobre los peligros del uso de pesticidas y las afectaciones que provocan sobre la salud humana y el ambiente, el Gobierno nacional sale a respaldar a las corporaciones agroindustriales bajo el slogan de las “buenas prácticas agrícolas”. Para ello creó un grupo selecto bajo el original nombre de “Grupo de Trabajo sobre Buenas Prácticas en Aplicaciones de Fitosanitarios”, formado por los (ahora ex) ministros Bergman (Ambiente), Barañao (Ciencia), Rubinstein (Salud) y Etchevehere (Agroindustria), quienes presentaron los “lineamientos para su aplicación”, en los que proponen que no haya distancias mínimas para fumigar con glifosato, 2-4D, atrazina y otros agrotóxicos.
Según informó el periodista especializado Darío Aranda, impulsadas por la Asociación de Siembra Directa (Aapresid) de los empresarios con gran poder de lobby, las buenas prácticas agrícolas prometen que si realizan las fumigaciones en ciertas condiciones climáticas se podría rociar con agroquímicos hasta a diez metros de las viviendas y escuelas.
Al respecto, desde la asociación civil Capibara subrayaron que “como se sabe hace casi tres años, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (OMS) ha incluido al glifosato en el grupo 2A de principios activos que ´se clasifican como probables carcinógenos para los seres humanos´. Más cerca aún, una reciente recopilación de más de 830 investigaciones científicas, toxicológicas y epidemiológicas –de las cuales cien pertenecen a Universidades Públicas– ordenó todas las pruebas que advierten sobre la relación entre este herbicida con el cáncer, malformaciones, problemas respiratorios crónicos, intoxicaciones y abortos espontáneos, entre otras afecciones”.
Además aportaron datos sobre el uso y las cantidades de agrotóxicos que se utilizan en los campos argentinos: “De acuerdo a la información producida por la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), anualmente se utilizan 400 millones de litros de agroquímicos, aplicados a nuestra producción. El mercado de fitosanitarios en Argentina ha mostrado una evolución creciente y sostenida a lo largo del tiempo. En el año 1991 se utilizaban cerca de 100 millones de litros de productos fitosanitarios (herbicidas, insecticidas, funguicidas), mientras que en el año 2012 se aplicaron cerca de 317 millones de litros”.
“Por su parte, la producción de soja acaparó casi el 62 % del total de los productos aplicados. El glifosato es el agroquímico más utilizado, concentrando el 64 % del total de las ventas y representando el 76 % del total de productos químicos utilizados para el cultivo de soja”, señalaron.
Glifosato hasta en la sopa
Diógenes Chapelet vivía en Marcelino Escalada, a 130 km al norte de la capital santafesina. Murió luego de ser rociado con glifosato dos veces. En Cañada de Gómez, al sur de la provincia, la utilización de agrotóxicos para desmalezar predios en la zona urbana está prohibida por ordenanza municipal desde fines del 2017. Sin embargo, los vecinos que tienen la mala suerte de vivir a pocos metros de los campos sufren las fumigaciones a diario y sus denuncias no son escuchadas. Norma Cabrera vive en barrio La Loma, zona norte de Cañada de Gómez. Desde 2015 es fumigada sobre su propia casa, por lo cual está afectada por un trastorno respiratorio y una fuerte alergia. Las denuncias que formuló ante la presidenta del Concejo Municipal Carina Mozzoni nunca fueron contestadas.
En julio de 2016 investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional de La Plata confirmaron que la cuenca del Río Paraná está altamente contaminada con glifosato. Dos estudios científicos de institutos locales hechos este año destacan más afectaciones del herbicida en el ambiente. El primer informe confirmó la presencia de restos de glifosato y atrazina en la lluvia que cae sobre la región pampeana, el otro concluyó que altera el sentido del gusto de las abejas, interfiriendo con la capacidad de polinización y producción de miel.
En Santa Fe ya se preparan para dar otra batalla y lograr la prohibición en toda la provincia.
