La coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) fue asesinada entre la medianoche del 2 y la madrugada del 3 de marzo del 2016 por pistoleros que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza, al oeste de Honduras.
“Tenemos una gran incertidumbre por lo que pueda pasar porque faltando unas horas para el inicio (del juicio) no tenemos toda la información, estamos realmente preocupados”, afirmó Berta Zúniga, hija de la ambientalista asesinada y ahora coordinadora del Copinh.
Familiares de la activista y miembros del Copinh han acusado a nueve personas por el crimen, incluyendo al presidente ejecutivo y al gerente del ambiente de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), David Castillo y Sergio Rodríguez, respectivamente, así como al menos a dos miembros del personal de seguridad de esa empresa.
También han señalado que sospechan que la fiscalía oculta prueba para proteger a los autores del crimen, especialmente a los intelectuales que son influyentes empresarios.
Cáceres tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por haber denunciado que personal de DESA la amenazaba de muerte.
El día de hoy se espera en el banquillo de los acusados a los ocho hombres que fueron detenidos como autores materiales del crimen y también serán juzgados por la tentativa de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien era huésped de Cáceres el día del ataque y resultó herido.
Entre los detenidos hay sicarios, militares y representantes de Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), la empresa que estaba a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, al que Cáceres se opuso firmemente. La activista ambiental estuvo al frente de múltiples protestas en su contra y presentó decenas de denuncias ante la Fiscalía. El proyecto hidroeléctrico empezó a construirse sobre el río Gualcarque, considerado sagrado para la comunidad lenca, la mayor etnia indígena de Honduras, a la que pertenecía Cáceres.
Los detenidos que están directamente vinculados a DESA son Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo. El primero era el gerente de asuntos comunitarios y ambientales de la empresa en el momento del asesinato de la activista. El segundo fue jefe de seguridad de la compañía entre 2013 y 2015. Antes de morir, Cáceres –que presidía el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras– denunció haber recibido amenazas de los dos hombres.
En marzo de este año, también fue detenido el presidente ejecutivo de DESA, Roberto Castillo, quien enfrentará un juicio por separado en una fecha que aún se desconoce. Castillo es acusado de ser el autor intelectual del crimen.
Sin embargo, la familia de la ambientalista insiste en que hay más personas involucradas en el asesinato y que las autoridades no amplían la investigación porque se trata de altos cargos de la empresa e incluso del gobierno hondureño.
Los ocho imputados “no son los autores intelectuales en el escalón más alto de este asesinato, sin embargo, esperamos que las personas de las que se tiene evidencia clara sean condenadas y que haya justicia en este nivel y también en un nivel de autoría intelectual más alto”, declaró en días recientes otra de las hijas de la activista asesinada, Olivia Zúniga, en una entrevista con la agencia de noticias EFE.
Directamente, Zúniga volvió a acusar a la junta directiva de DESA de planificar el asesinato de su madre y criticó al sistema judicial de su país por “no estar actuando de manera correcta a favor de la justicia y en contra de la impunidad”.
En este sentido, recordó que en noviembre de 2017 el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) concluyó después de analizar los mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, imágenes y otras pruebas en los celulares de las personas imputadas que la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Cáceres ya habían comenzado en noviembre de 2015. Además, el GAIPE aseguró que tanto la empresa de seguridad de la compañía como las autoridades hondureñas y las entidades internacionales que financian el proyecto jugaron un papel en la trama que acabó con su vida.
Ante la denuncia de irregularidades en el proceso por parte de la familia Cáceres, el juicio será observado de cerca por una comisión de expertos en derechos humanos integrada por representantes de ocho países. Además se espera que el juicio se extienda hasta el 19 de octubre.
Al cierre de esta edición cientos de personas pertenecientes a diferentes organizaciones sociales, entre los destaca la comunidad y mujeres garífunas, se encuentran protestando a las afueras de la Corte Suprema de Justicia, recinto donde tendrá lugar el juicio. Por su parte, la familia de Berta Cáceres y el COPINH realizan una conferencia de prensa donde anunciaron que interpondrán una recusación a tribunal de sentencia del caso. | 
