La Cámara Nacional de Apelaciones rechazó la medida cautelar solicitada por la ONG Banco de Bosques por las represas del Río Santa Cruz. Las obras fueron retomadas luego que la Corte Suprema de Justicia ordenara al Gobierno Nacional realizar la audiencia pública y un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, ya que el primer informe presentaba numerosas deficiencias.
Una vez que estos requisitos fueron cumplidos, y a pedido del Estado Nacional, la Jueza Macarena Marra Giménez en mayo aprobó la continuidad de las obras. Sin embargo, en agosto Banco de Bosques solicitó una nueva medida cautelar argumentando que el fallo de la Corte no fue satisfecho completamente porque el segundo Estudio de Impacto Ambiental sigue presentando graves inconsistencias y omisiones, violando varios principios de la Ley General del Ambiente.
Cristian Fernández, abogado que lleva la causa, señaló a La Izquierda Diario que “para rechazar el planteo de nulidad y nueva medida cautelar, la Cámara consideró que en el marco acotado de este tipo de medidas no pueden analizarse todas las cuestiones científicas planteadas y que la cautelar afectaría el interés público, porque estamos en presencia de una obra de las de mayor envergadura en materia hidroeléctrica. De esta manera, las juezas Heiland y Do Pico se refugian en una excusa formal para no aplicar el principio precautorio y cierran sus ojos frente a las omisiones e inconsistencias del EIA. Sin embargo, hubo una disidencia del Juez Facio, quien no se olvidó del principio precautorio y reclamó informes de los organismos técnicos”.
En el lapso de diez días se presentará un Recurso Extraordinario Federal ante la Cámara que rechazó la apelación, y si no es aceptado, se realizará un recurso de queja ante la Corte.
Torrentoso camino judicial
Hace años que la idea de represar el Río Santa Cruz sobrevuela la estepa patagónica. Las obras para realizar las megarrepresas fueron licitadas por primera vez en 2008, aunque recién en 2010 la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia de Santa Cruz declara al emprendimiento como “Ambientalmente Factible”. En el año 2013 el proyecto fue adjudicado al consorcio ‘Represas Patagonia’, integrado por Electroingeniería, Hidrocuyo y China Gezhouba. Los contratos fueron pactados en dólares y firmados en 2015, quedando atados al financiamiento chino por 4.714 millones de dólares.
En diciembre de 2014, la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia realiza una acción judicial contra el proyecto hidroeléctrico ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuestionando el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Fundación Banco de Bosques suma una acción cautelar y ofrece más pruebas, lo que en diciembre de 2016 genera que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emita una medida cautelar que suspende las obras hasta tanto se realice una audiencia pública y se subsanen las deficiencias del EIA, en cumplimiento de la Ley General del Ambiente 25.675. Finalmente la audiencia tuvo lugar en julio de 2017 en el Senado de la Nación. Un mes más tarde, mediante una resolución conjunta de los ministerios de Energía y de Medio Ambiente se reanudaron los trabajos.
Sin embargo, existe una modificación al proyecto original que incluye la incorporación de una línea extra de alta tensión de 500 kilovatios para materializar la vinculación de las represas con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) que no cuenta con Estudio de Impacto Ambiental, por lo cual hay pendiente otra causa que tramita la Jueza Claudia Rodriguez Vidal.
Las obras de conexión de la línea de alta tensión desde las megarrepresas al SADI, y el rediseño de caminos viales que quedarán en zonas anegadas, se encuentran en etapa de planificación.
El mismo EIA confirma que “en todos los casos, estas nuevas intervenciones deberán implementar su procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental según el marco normativo vigente” (Referencia: Informe Técnico de Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental AHRSC 2017, elaborado por la Comisión de Evaluación creada en el ámbito del MAyDS).
Matar al Río
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es un “procedimiento técnico administrativo destinado a identificar e interpretar, así como a prevenir los efectos de corto, mediano y largo plazo que actividades, proyectos, programas o emprendimientos públicos o privados, puedan causar al equilibrio ecológico, al mantenimiento de la calidad de vida y a la preservación de los recursos naturales existentes en la Provincia”. (Ley Provincial de Santa Cruz Nº 2658/2003). La Ley General del ambiente establece la obligatoriedad de presentar un EIA junto con la realización de la audiencia pública -no vinculante- antes de la realización de cualquier obra que pueda afectar al ambiente.
El pedido de nulidad del segundo Estudio de Impacto Ambiental de las represas (confeccionado por la empresa EBISA), aún contiene numerosos elementos que son objeto de discusión. Entre los ítems más cuestionados por expertos se encuentra la posible afectación de los cuerpos glaciares de la cuenca del Río. Según el informe oficial, se plantea un “desacople” entre el embalse y el Lago Argentino, y por lo tanto “no se espera que haya variaciones en el comportamiento natural del sistema Lago Viedma, Río La Leona, el Lago Argentino y el Campo de Hielo Patagónico Sur”.
Sin embargo, según lo expresado por el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) en el mismo documento, para cuantificar un posible impacto del cambio del nivel del lago Argentino en glaciares del Campo de Hielo Sur, se analizó sólo el glaciar Perito Moreno, que “fue seleccionado debido a que es el único glaciar para el que se cuenta con información necesaria para este cálculo”, por lo tanto, el instituto concluye que son necesarios estudios complementarios para abordar la complejidad glaciológica de la Cuenca del Río Santa Cruz, incluyendo el Campo de Hielo Patagónico Sur. En definitiva, la información con que se cuenta no es concluyente para garantizar que los hielos y glaciares no se verán afectados por la construcción de las represas.
Otro de los cuestionamientos importantes se concentra en la posible afectación del estuario del Río, lugar donde pasa el invierno el Macá tobiano, un ave endémica de Santa Cruz y en peligro crítico de extinción. Al respecto, el EIA informa, citando trabajos de Ignacio Roesler el mayor especialista en esta especie, que “los estudios disponibles más recientes no identifican amenazas severas en las áreas de invernada, ni durante el proceso migratorio entre ambas”. Pero fue el mismo Roesler quien se encargó de explicar durante la audiencia pública que los datos utilizados por la empresa para realizar el estudio no hacen referencia al posible impacto de las represas, sino que son parte de un informe sobre el estado general de la especie donde estas obras no son contempladas.
Cabe señalar que durante el año 2017 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social de la Nación lanzó el “Plan de Acción Extinción Cero”, cuyo objetivo es abordar las principales amenazas que sufren varias de las especies de la fauna argentina en peligro de extinción, entre ellas el Macá Tobiano. El estuario del Río Santa Cruz, donde pasa el invierno el 95 % de los miembros de los casi 900 ejemplares de Macá Tobiano podría verse afectado por las represas. Tampoco se conoce el patrón de migración de la especie ni cómo podría ser impactado por la construcción de la línea de alta tensión.
También es de destacar que las obras comenzaron a realizarse sin la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, como manda la Constitución Nacional (Art 75 inc 17) y el Convenio 169 de la OIT. El segundo EIA informa que “se observa que todos los estudios y trabajos que se realicen en relación al patrimonio cultural deberán contar con la respectiva autorización de la autoridad/es de aplicación en la materia según el marco normativo vigente. Esto incluye la consulta previa a pueblos originarios para dar cumplimiento en tiempo y forma a la normativa de aplicación”. A pesar de esto, la consulta, que debe ser realizada antes de comenzar las obras, nunca se formalizó y como denunciaron representantes de las comunidades afectadas, recién ahora y luego de que hace un año un juez ordenara a las empresas y al INADI cumplir con el procedimiento, se empezaron a coordinar las reuniones para establecer las pautas sobre las cuales se cumplirá con la ley.
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Por su parte, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos del Ministerio de Cultura de la Nación destacó que “los puntos enunciados en las medidas de mitigación propuestas en el EIA son adecuados pero consideramos que éstas no guardan relación con la magnitud de la pérdida irreversible de patrimonio arqueológico que provocará la construcción de las represas”.
Más turbio que fotocopia mojada
Electroingeniería, una de las empresas miembro de la UTE Represas Patagonia, fue asesorada para ganar la licitación por Alessandra “Lali” Minnicelli, la esposa de quien era en ese momento el ministro de planificación federal: Julio de Vido.
El Director de esa empresa, Gerardo Ferrerya, se encuentra detenido por la causa de los cuadernos. Hace pocas semanas se conoció que el jurista y socio radical de la coalición Cambiemos, Ricardo Gil Lavedra, representa a Gezhouba Group Company, otra empresa de la misma UTE.
Curiosamente en 2013, Gil Lavedra denunciaba en Comodoro Py la adjudicación de las represas a Electroingeniería. Hoy representa a la socia china del emprendimiento, empresa que ya fue acusada de corrupción en Colombia e inhabilitada por el Banco Mundial por producir daños al ambiente.
Otro funcionario ‘de los dos lados del mostrador’ es Jorge Hugo Marcolini, quien fue designado subsecretario de Energía Hidroeléctrica por Juan José Aranguren (ex-ministro de Energía), pese a haber trabajado como jefe del Departamento de Ingeniería Sanitaria de la consultora IATASA, empresa responsable del primer estudio de impacto ambiental.
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No conforme con eso, el mismo funcionario presentó el también cuestionado segundo informe de impacto ambiental, realizado por la empresa estatal EBISA (Emprendimientos Binacionales S.A), de la que es director. Estas irregularidades le valieron una denuncia por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública realizada por el Senador Pino Solanas y el abogado ambientalista Enrique Viale por ser a la vez quien confeccionó los estudios y quien debía aprobarlos.
La denuncia presentada en noviembre del 2016 ante la Oficina Anticorrupción, bajo la dirección de Laura Alonso, recién tuvo una tibia respuesta el día que se realizó la Audiencia Pública, 20 de julio del año siguiente. Durante la maratónica audiencia no fueron pocos los que recordaron públicamente los conflictos de intereses del señor Marcolini.
En el desfile de empleados del Estado con intereses encontrados también encontramos al Procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías, responsable de solicitar el levantamiento de la medida cautelar que estaba impidiendo proseguir con las obras. Saravia Frías es abogado del banco chino ICBC, entidad que aporta el 30 % de los fondos para la obra de estas represas. La denuncia por posible conflicto de intereses también fue presentada por la ONG Banco de Bosques en noviembre de 2017 en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y aún espera una respuesta.
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El Río sigue rugiendo
Como ya es costumbre con este Gobierno, las audiencias públicas apenas se realizan a modo de trámite, y siempre y cuando se vea forzado a cumplirlas. Así lo reconoció al momento de la audiencia el exministro de Energía y Minería, Aranguren, quien además agregó que los análisis de riesgos se habían realizado en forma veloz para cumplir con el contrato pactado con las empresas chinas.
A pesar de la sinceridad del exministro y la cantidad de controversias alrededor de las licitaciones y el Estudio de Impacto Ambiental, el fallo de la Cámara de Apelaciones sentencia que “tampoco se verifican razones para la suspensión de las obras programadas con fundamento en los principios de prevención y precautorios (...), en tanto el nuevo Estudio de Impacto Ambiental y el procedimiento de evaluación llevados a cabo por los organismos del Poder Ejecutivo Nacional (...), ha sido oportunamente examinado en el marco de la Audiencia Pública que se realizara en el Senado de la Nación los días 20 y 21 de julio de 2017, en la cual han tenido amplia participación (...) los distintos agentes, tales como diputados, senadores, funcionarios públicos nacionales y provinciales, diversas organizaciones no gubernamentales así como particulares interesados y miembros de comunidades originarias (...)”.
En las audiencias públicas del 20 y 21 de julio del año pasado, de 117 oradores, sólo 20 se pronunciaron a favor de estas obras, y en su gran mayoría eran funcionarios del Gobierno o representantes de empresas de energía con contratos con el Estado. El “Gobierno del diálogo” escucha sólo sus propias voces.
De todos modos, esta historia no está terminada. Es insistente como el viento patagónico y no da tregua. | 
