En entrevista con diversos medios de comunicación, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, aseguró que tras el ataque porril del pasado 3 de septiembre frente a la torre de Rectoría estaría dispuesto a crear una policía universitaria.
“Lo que no entiendo y nosotros vamos a seguir y hemos sido muy respetuosos de la autonomía universitaria, de las autoridades y de los protocolos que tienen que prevalecer en los recintos universitarios, como fue este hecho, si acaso señalan dentro del informe que nosotros tenemos que estar cuidando, preservando las labores de seguridad al interior de los campus, nosotros de manera inmediata crearíamos una Policía Universitaria para estar en coordinación con las autoridades universitarias, pero lo tienen que pedir ellos [la UNAM] para hechos que ocurran dentro de la Universidad, nosotros tenemos toda la disposición si así lo requieren y lo piden, constituimos la Policía Especializada”.
Esta “propuesta” de las autoridades capitalinas es parte de la respuesta oficial ante el surgimiento del movimiento que inició el 3 de septiembre con la manifestación en las islas, y que expresó su potencialidad en las marchas por “Fuera porros de la UNAM” del 5 y del 13 de septiembre, esta última también en conmemoración de la marcha del silencio de 1968.
Frente a eso, desde el poder inició una operación política para contener y desactivar el movimiento. El objetivo: llevarlo hacia la ilusión en que mediante reformas cosméticas, en acuerdo con las autoridades existentes, se podrán lograr las aspiraciones de cambio de la juventud.
Pero esto choca con la realidad, ya que no se puede lograr esas aspiraciones ni democratizar la UNAM sin poner término al antidemocrático régimen universitario, y en particular lograr que renuncie el rector Enrique Graue, como un primer paso para ello.
Esta operación política se expresó en las reuniones y en el espaldarazo que López Obrador le dio a Graue primero, y también al interior del movimiento. Asimismo, se manifestó en una intromisión y una acción agresiva por parte de las autoridades, en contra del movimiento estudiantil en distintas escuelas, como denunciaron muchas asambleas en la última interuniversitaria que se llevó a cabo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
Ahora, el siguiente paso de esto es la “propuesta” del gobierno de la Ciudad de México que es crear una policía “si la UNAM lo pide” con lo cual estaríamos ante un salto en el ataque a la autonomía universitaria y en la intromisión de cuerpos represivos que van a actuar en contra del movimiento estudiantil.
Sin duda, también resulta funcional a este plan de desactivar el movimiento y evitar su radicalización y que avance en la consecución de sus demandas, los ataques que se ven en distintos momentos en contra de organizaciones políticas de izquierda, colectivos y activistas que sostienen una postura opuesta a esta perspectiva.
Ahora, con miles de estudiantes realizando asambleas por escuela y teniendo en alto la memoria de la generación de 1968, lo último que quiere ver el régimen es una juventud politizada que retome las tradiciones de aquellas generaciones que, a pesar de la derrota, consiguieron que sus demandas más esenciales (la derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal y el alto al pago de cuotas respectivamente) fueran aprobadas.
A 50 años de que aquel movimiento cimbrara la sociedad mexicana, la juventud de ahora no debe permitir que semejante ofensiva contra la autonomía universitaria pasen por debajo del agua. Sería un insulto a la memoria de los compañeros muertos, y a los de todos aquellos que lucharon contra la antidemocracia y el pago de cuotas que en la UNAM se acepte la presencia activa o velada de policías en los planteles, ya que éstos no tienen otra función que la de espiar a quienes se organizan y protestan, y amedrentar al movimiento estudiantil. | 
