En la madrugada de este viernes, en las instalaciones del Hospital Luis Tiné, ubicado en Peñalolén; se registraron inundaciones debido a la rotura de las calderas del establecimiento. Esto obligó a la evacuación de 40 pacientes internados, entre ellos, algunos que estaban en cuidados intensivos.
Las causas que llevaron a la evacuación de dos pisos del hospital están en evaluación por autoridades y bomberos quienes llegaron al sitio para extraer el agua, al tiempo que no registraron lesionados.
Sin embargo, el hecho es preocupante más aún si consideramos que este hospital del sector oriente de Santiago ha mantenido buenos índices de cumplimiento en las mediciones de gestión y compromiso de pago a privados (92.7% de cumplimiento, sólo superado por el Instituto de Neurocirugía).
No es de extrañar esta contradicción si consideramos que el apoyo financiero del estado para el pago de la deuda hospitalaria disminuye en la medida que el recinto es un "buen pagador": una lógica perversa que repercute en la gestión de los recursos y en las dificultades para la inversión en infraestructura: como vemos en uno de los hospitales mejor evaluado por el Ministerio de Salud.
¿Financiamiento en base a las necesidades?
El gobierno a propuesto un plan de inversión en el sector salud similar al de la ex Nueva Mayoría: el "25-25-25". Similar, pero aumentando más la privatización, ya que contempla la concesión de 18 hospitales comprometiendo una inversión de $ 2.500 millones de dólares.
Es decir, el Estado solicitará la construcción de 18 hospitales, pagando los más altos precios por metro cuadrado de construcción; además de cuotas con que la empresa constructora se financia y, una vez terminada la construcción, el mismo Estado (con nuestros impuestos) paga para ocupar el hospital. A lo que la dupla Piñera-Santelices le agregará un desembolso adicional por el equipamiento asistencial.
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Así, sin casualidades, esta estrategia de construcción será aplicada con el Hospital Provincia Cordillera (en fase de licitación), también perteneciente al sector oriente de la ciudad. Una estrategia que no solo tiene la derecha con el empresariado, principal beneficiario del mercado de la salud, sino también con parlamentarios de la ex Nueva Mayoría, defensores de la complementariedad Público – Privada (al interior de la Mesa de Acuerdo nacional por la Salud).
Ante la tibia reacción de las organizaciones sindicales de la salud pública para abordar este tema, la discusión clave de la gestión de los recursos para la inversión hospitalaria y la atención de calidad, debe pasar por las y los funcionarios de los servicios de salud, ya que son ellos quienes protagonizan y resisten los embates de la crisis sanitaria del país. Una gestión que surja en base a las necesidades reales que requieren, tanto funcionarios como usuarios del sistema de salud pública, el cual peligra, cada vez más, de caer en manos de la derecha empresarial y sus aliados en el mundo de la salud privada, beneficiaria de esta profunda crisis.
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