En agosto se cumplieron cinco años del acuerdo entre YPF y Chevron que dió inicio a la era del fracking en Argentina. Este septiembre comenzará la exportación de gas a Chile, para el crudo existen planes similares. Actores, incidencias e incertidumbres en la geopolítica no convencional.
Neuquén es la segunda provincia con mayor recepción de inversiones extranjeras directas del país. Si los horizontes esperados de exportación se realizan, se llevarán los hidrocarburos alojados en Vaca Muerta pese a las graves consecuencias socioambientales de los territorios donde se extraen. Mientras el exitismo del rentismo petrolero gubernamental se embriaga con anuncios de inversiones y nuevos acuerdos, hay distintos conflictos que emergen como resistencia a un saqueo en ciernes.
Tras cinco años de producción de hidrocarburos no convencionales (HNC) en la Cuenca Neuquina, sabemos que Vaca Muerta es un megaproyecto extractivo que puede requerir un ejercicio analítico complejo para abarcar su totalidad. En las siguientes líneas, resumo algunos puntos centrales: qué es Vaca Muerta, qué papel cumplen los estados involucrados y quiénes son los principales actores.
Muchas Vacas Muertas
Vaca Muerta es una formación geológica ubicada en la Cuenca Neuquina, según la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés) es el segundo reservorio mundial de gas y el cuarto de petróleo. Tiene una extensión de 30.000 km², equivalente a todo el territorio de Belga, y un espesor que la hace atractiva a los ojos frackers. Pero esta no es la única Vaca Muerta.
El proyecto de extracción de no convencionales es posible gracias al uso del paquete tecnológico del fracking, que se aplica a un conjunto de formaciones geológicas que contienen petróleo y gas tanto en shale (roca madre) como en tight (arenas compactas). En nuestra región, estas formaciones no sólo se encuentran en la Cuenca Neuquina, también han quedado atrapadas -tras movimientos de la dorsal Huincul- en zonas de intercuencas, como las recientemente exploradas en la provincia de Río Negro (áreas Chelforo y Villa Regina). En términos de extracción, Vaca Muerta se expande.
Además, este megaproyecto implica directamente a las provincias de Mendoza, La Pampa, Río Negro y Neuquén, poseedoras de los recursos de subsuelo a partir de la Ley 26.197 del año 2006. Pero también implica a las provincias de Chubut y Entre Ríos como proveedoras de las arenas silíceas, insumo fundamental para la actividad. A esto se suma la infraestructura para el transporte como ductos, rutas, vías férreas, además de refinerías, polos petroquímicos y actualmente estudian realizar licuefacción para exportar gas vía el puerto de Bahía Blanca. Pero los límites de Vaca Muerta trascienden las fronteras nacionales, la mayoría de las empresas que operan en la cuenca tienen sus sedes en guaridas off-shore como Delaware, Islas Bermudas, Islas Caimán, Países Bajos, Uruguay, entre otros (EJES, 2017).
Finalmente, Vaca Muerta se presenta como una región que también requiere de una planificación estatal que logre contener el impacto del aumento exponencial de la demanda de todos los servicios en las ciudades involucradas. Los “Estudios estratégicos para el desarrollo territorial de Vaca Muerta” realizados por el estado nacional junto a las provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa dan cuenta de eso.
Gobernar Vaca Muerta
La otra dimensión tiene que ver con el rol del estado nacional y los estados provinciales en el desarrollo del megaproyecto. Vaca Muerta llegó mediante una reedición del discurso desarrollista, con la impronta épica nacionalista que el kirchnerismo supo construir. El desarrollo no convencional se presentó asociado a la expropiación parcial de YPF que pasó a ser conducida por el Estado, aunque mantuvo su carácter privado.
Políticas con objetivo de autosuficiencia energética intentaron revertir el déficit en la balanza energética, para ello se buscó frenar el declive de extracción sobre todo en gas -principal fuente para producir energía eléctrica-. Si bien el kirchnerismo dio señales de ampliación de derechos en política energética no avanzó mucho en términos de soberanía e incluso reforzó la dependencia fósil apostando todo a Vaca Muerta bajo una estructura a merced del poder privado internacional.
La soberanía de la mano de Chevron implicó acuerdos secretos que degradaron la democracia; tribunales internacionales como garantes -en medio de la pelea con los fondos buitres-; un entramado off-shore con el que operan la mayoría de las empresas y nuevos subsidios como garantías de una tasa de ganancias atractivas. Esta situación incluso se sostuvo en plena caída del precio del petróleo con la creación de un precio sostén, también llamado “barril criollo”.
Sobre esto se asentó el macrismo y dió un golpe de timón hacia el neoliberalismo. Quitó los subsidios y estableció impagables tarifazos. Logró imponer un nuevo modelo laboral para el sector petrolero. Impulsó la desregulación del mercado con miras a volver a los valores internacionales mediante la quita del precio sostén. Además, este año el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, resolvió dolarizar el valor de la energía. Focalizaron los subsidios a la extracción en algunos proyectos gasíferos no convencionales. Todas estas medidas dispararon los aumentos sistemáticos de las tarifas de energía y precio de los combustibles.
Vaca Muerta demanda un gran financiamiento estatal que se incorpora en toda la cadena de valor energética -producción, transporte y distribución- en subsidios, incentivos, exenciones, también en infraestructuras específicas para la actividad directa -como rutas, trenes, aduanas- e indirectas -como hospitales, escuelas, viviendas, cloacas-.
Al mismo tiempo, el proyecto extractivo demanda que las reglas del juego se adapten a otras necesidades específicas como las de insumos, mano de obra, proveedores y otros servicios, en todas esas también están presentes los estados.
En territorios de explotación se extraen millones y millones de litros de agua (11 millones usan los pozos verticales de Loma Campana por ejemplo y los pozos horizontales consumen más). Actualmente se abastecen con acueductos temporales y camiones, pero planean otros acueductos permanentes, aún cuando se trata de las mismas zonas en las que los productores rurales padecen estrés hídrico.
Las arenas silíceas conforman otro foco de conflicto. Cada pozo utiliza más de 1500 toneladas de arena que se compran como arena de construcción, por tanto, son pagadas a su lugar de origen a precios bajos. Para transportar las arenas utilizan las líneas férreas, incluso se usan de depósitos las viejas estaciones de la línea Roca que controla Ferrosur; además las transportan en camiones extremadamente pesados que dañan las rutas regionales y aumentan los riesgos de accidentes. El estado nacional y las empresas planifican traer las arenas por una nueva traza férrea entre el puerto de Ingeniero White (Bahía Blanca, Buenos Aires) y Añelo (Neuquén) -a pesar del rechazo de los intendentes de las localidades que atravesará- obra que se realizaría en el marco de los nuevos mecanismos de Participación Público Privada (PPP) mundialmente cuestionadas.
El megaproyecto requiere un gran cantidad de mano de obra, pero las nuevas reglas del juego someten esta demanda a tercerizaciones y altos niveles de precarización laboral. Mano de obra mal pagada y con regímenes laborales intensivos que vienen aumentando notablemente los ritmos y las condiciones de trabajo, factores que incrementan los riesgos de accidentes. En lo que va de 2018, fallecieron cuatro trabajadores en accidentes laborales.
Por otro lado, la demanda laboral de Vaca Muerta es especialmente volátil. Implica la construcción de obras inmensas pero de trabajo a término y al mismo tiempo las contrataciones dependen de las variaciones del precio internacional del crudo. Asimismo, la incidencia de estos puestos laborales sobre las economías locales es determinante. Se calcula que por cada puesto de trabajo en este sector se inducen tres puestos indirectos, también sometidos a la volatilidad no convencional.
Por último, la necesidad de servicios específicos generó la creación de mundo de empresas, muchas bajo la impronta de la burguesía patriacontratista local que negocia con las operadoras beneficiando a las empresas de familiares, a amigos, a aportantes partidarios y hasta a funcionarios y sindicalistas. La corrupción de un esquema descentralizado, fragmentado y privado, también hace que las fuentes laborales queden cautivas de la correlación de fuerza coyuntural que tengan sus dueños. Así, por ejemplo, la pérdida de un contrato puede significar muchos despidos o directamente el cierre de la empresa.
La invasión del fracking
Durante estos cinco años el mapa no convencional crece. Si bien la actividad se concentra en la provincia de Neuquén, y, en menor medida, en Río Negro, ya arrancaron los trabajos pilotos en Mendoza.
Las concesiones más grandes fueron y son aquellas en las que los estados tienen injerencia. YPF condujo la mayor parte del proceso durante la gestión kirchnerista, y tuvo a cargo la “curva de aprendizaje”. Además, creó YPF Tecnología (YTEC) una empresa científico técnica que asoció a YPF con el CONICET y que colaboró con la sustitución de importaciones de materias primas y maquinarias. La ciencia puesta al servicio de la maximización de las ganancias de las corporaciones petroleras. Además, YPF tuvo que idear reglas en el tenso mundo de proveedores habituados a la sobrefacturación. Incidió en la planificación del desarrollo de la infraestructura y se encargó de ampliar la frontera no convencional con nuevas exploraciones.
Mientras tanto, la empresa neuquina Gas y Petróleo -estatal a pesar de ser también una sociedad anónima- dedicó sus esfuerzos a la obtención de rentas extraordinarias más que a la producción. Tras su creación en 2008 se hizo de las áreas -en su momento marginales- que antes estaban en manos de la estatal Hidenesa. El sistema de carry fue el mecanismo por el cual la provincia de Neuquén quedó como socia financiera en varias Uniones Transitorias de Empresas (UTE), por poseer el área cedía a sus socias la mayor parte del paquete accionario y estas empresas se hicieron cargo de la operación. GyP mantuvo un 10 o 15% de las acciones, cuestión que generó muchas tensiones con el ejecutivo nacional, que acusaba al mecanismo de desalentar la llegada de inversiones.
YPF tiene 15 proyectos activos que representan unos 9.000 km2. Entre sus socios se encuentran la francesa Total Austral, la noruega Equinor -ex Statoil-, las norteamericanas Chevron, Dow Chemical y la gigante de servicios Schlumberger -que opera el área Bandurria-, también sostiene asociaciones con la angloholandesa Shell, la asiática Petronas, la alemana Wintershall y con PAEG compuesta por la inglesa BP, la china CNNOC y la familia Bulgheroni. Ya se anunció el ingreso de Gazprom (EJES, 2018).
GyP actualmente tiene 98 áreas que con frecuencia salen a subastar en Estados Unidos. Si bien las activas son 36 áreas, GyP mantiene acciones en cinco proyectos actualmente en etapa piloto, sólo en área Aguada del Chañar opera con un incipiente y lento desarrollo. Sus principales socios adquiridos por el mecanismo de carry son: Wintershall, la norteamericana Exxon, Shell, Total Austral, Petrogas. A su vez, tiene asociaciones en áreas concesionadas pero en vías de desarrollo con Pampa Energía -del empresario argentino Marcelo Mindlin-, Vista Oil -empresa de ex CEO de YPF Miguel Gallucio-, Tecpetrol -del italo argentino Paolo Rocca-, Shell y PAEG. El activo actual es de 1.575 km2.
Hay que destacar el reciente desarrollo del área Fortín de Piedra, cuya concesión pertenece a Tecpetrol, parte del grupo Techint. El economista Facundo López Crespo -miembro de EJES- sostiene que en la actualidad se extrae el 10% del gas nacional de dicha área y que, en su etapa de desarrollo masivo ya logró producir más por mes que la histórica Loma La Lata. Esto se debe en principio al impulso que de los subsidios otorgados por el gobierno nacional, que representaron en el último semestre alrededor de 250 millones de dólares, un 30% de la facturación. Toda la apuesta al fracking hace que en actualidad la extracción convencional haya retrocedido un 7%, mientras que la inyección no convencional aumentó un 39% en el periodo julio 2017-2018. La resolución ministerial 46 del 2017 generó un incentivo a la explotación de gas no convencional. Hoy hay seis áreas incluídas en ese programa y una docena permanecen en carpeta, aunque trascendió que se habría cerrado el ingreso. La tendencia muestra que las empresas van a donde los subsidios se aplican.
En el resto de las áreas se encuentran: Total Austral, Shell, Wintershall, Exxon, Wintershall, Chevron, Pampa Energía, Pluspetrol, Vista Oil, PAEG. Un reciente informe de Hernán Scandizzo, investigador del Observatorio Petrolero Sur, ofrece una radiografía de las principales empresas europeas en Vaca Muerta, allí queda claro que esto recién está empezando.
Todo el mecanismo para el saqueo está en pleno desarrollo, pero para que pueda concretarse deberán apagar más de un foco de conflicto. A la decisión de militarizar la zona con la presencia de tropas de Gendarmería Nacional, se suma el interés de control internacional que representan tanto la ya instalada base militar china, como la norteamericana que intentan instalar.
Álvaro, B. y Riffo, L. (2018), Extracción de hidrocarburos no convencionales y sociedad: abordajes socio-territoriales del extractivismo. Trabajo expuesto en el marco de la Comisión Interdisciplinaria para el discución sobre Hidrofractura del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue.
Aringoli, F. (2018), “Quiénes son los dueños de Vaca Muerta”, en Río Negro, 30 de junio de 2018.
Eco Journal (08/03/2018) “YPF lanzará en 2018 cinco nuevos proyectos en Vaca Muerta”.
Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (2018), “Las transferencias económicas a favor de Techint en Vaca Muerta”, en Boletín EJES Nº 20, julio de 2018.
