Este pasado jueves el gobierno de Sebastián Piñera anunció su nueva ley “Aula Segura”, la cual plantea mayores sanciones a estudiantes y otorga facultades a los establecimientos subvencionados para expulsar a alumnos acusados de violencia en procesos abreviados de sólo 5 días. Esto, en respuesta a los hechos recientes en liceos emblemáticos de Santiago como el Liceo Aplicación. Pero también viene en respuesta a los casos de agresiones a docentes, un eje planteado en el petitorio de negociación del Colegio de Profesores, emanado desde el directorio nacional del gremio.
Sin embargo, durante los últimos días el Presidente Nacional del Magisterio, Mario Aguilar, en diversas entrevistas viene planteando una tibia “preocupación” por esta ley y la posible criminalización de la protesta estudiantil, pero señala además su inquietud por la posible “sobrecarga laboral” que podría recaer sobre los directores de escuela producto de estas nuevas atribuciones.
Para quienes trabajamos en educación sabemos que los problemas de la educación pública tienen su origen en toda la precarización que se vive tanto dentro y como fuera del aula, las cuales incluyen situaciones de descontrol y violencia que se generan en el contexto de los altos índices de vulnerabilidad de nuestros estudiantes.
Lamentablemente, el petitorio planteado por la dirección de Mario Aguilar (FA) sólo demanda mayor punitivismo a las autoridades, sin exigir ningún cambio estructural de fondo a la educación, es decir a las condiciones en las que se generan estas situaciones de desborde: exceso de alumnos por sala, sobrecarga e inestabilidad laboral, falta de profesionales afines a las necesidades educativas de nuestros estudiantes, infraestructura deficiente, etc. Y es en este sentido la respuesta del gobierno a través del proyecto “Aula Segura”: que el sistema se deshaga de los alumnos sin dar respuesta a las necesidades de vida de estos niños y adolescentes.
Como agrupación Nuestra Clase hemos venido denunciando esta situación desde que el Directorio del Colegio de Profesores dio a conocer el petitorio, cuestionando en cada una de las asambleas nacionales del gremio el problema de exigir mayor punitivismo a un gobierno de derecha como el de Sebastián Piñera. Además, el petitorio respecto de las agresiones docentes sólo se centra en aquellas que provendrían de estudiantes y apoderados, sin mencionar que a las mayores situaciones de violencia que estamos expuestos es a la sobrecarga, el maltrato y el acoso laboral por parte de nuestros “superiores”, los directores, que nos exigen resultados al ritmo que demande la educación de mercado.
A lo único que apuesta esta ley, en los hechos, es a aumentar la deserción escolar, marginando a estudiantes con la única “precaución” de que haya un Equipo Psicosocial en el establecimiento que reciba al alumno expulsado. La pregunta es: ¿no debería contar cada establecimiento con este y otros equipos de apoyo al trabajo pedagógico? Y si así debiese funcionar, entonces ¿por qué la solución es la expulsión?
En este contexto, tampoco es de extrañar que esta ley intente ser aplicada para criminalizar la protesta estudiantil tal como lo intentó la “Ley Hinzpeter” durante el primer gobierno de Piñera, con una batería de normas para perseguir a los movimientos sociales que se expresaban a través de la protesta callejera, buscando igualarla con el terrorismo.
En otros conglomerados políticos como el Frente Amplio, Giorgio Jackson diputado de Revolución Democrática, salió públicamente a igualar los hechos del Liceo Aplicación con la represión policial –que mostró su peor cara en el INBA con carabineros lanzando sillas por los aires y golpeando estudiantes con muebles en la cara- y exigiendo mayor tecnología, casi pidiendo “reconocimiento facial”, para perseguir a quienes se ven involucrados en estos hechos. Sin embargo, Mario Aguilar no plantea una línea muy distinta, mostrando preocupación en sus entrevistas por lo que llama pequeños “grupúsculos” violentos y sobre como sancionar mejor, renunciando a plantear cualquiera de las verdaderas necesidades al respecto, que son las mismas condiciones precarias que vivimos en la educación pública, descritas anteriormente, y que son las que generan cada una de las situaciones de inseguridad y precarización al interior de las escuelas.
Más que nunca se hace necesario que los profesores y los trabajadores de la educación nos organicemos y nos movilicemos junto al resto de la comunidad educativa para poner nuestras verdaderas necesidades sobre la mesa; el Colegio de Profesores debiese ponerse a la cabeza de preparar un plan de lucha ascendente y articulado con los sectores que vienen sufriendo la precarización laboral y los despidos a nivel nacional; un plan de movilización que no se limite a “hitos” como se viene planteando bajo la dirección de Aguilar, sino que le haga frente a un gobierno que no ha respondido a ninguna de nuestras demandas en esta negociación sectorial y que sólo ha omitido las carencias que se viven en la educación pública. | 
